El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel encabezó una reunión del Consejo de Defensa en La Habana centrada en la militarización y la retórica de confrontación ante supuestas amenazas externas, en un momento en que la isla atraviesa el colapso de los servicios básicos y registra la cifra mensual más alta de protestas y expresiones críticas desde que hay registros.
Vestido de campaña militar y escoltado por la alta cúpula castrense y política del país, el mandatario volvió a poner el foco en la denominada \»preparación para la defensa\». Durante el encuentro, el régimen de La Habana aseguró que esta estrategia es el mecanismo principal para enfrentar \»cualquier amenaza del enemigo\», según lo reportado por el portal oficial Cubadebate. La narrativa oficial contrasta de manera abrupta con la realidad cotidiana que sufren los ciudadanos en las calles.
La reunión tuvo lugar en el enclave de Cubanacán, una zona de la capital que concentra residencias de diplomáticos extranjeros y viviendas de altos funcionarios del gobierno cubano. Allí, el presidente del Consejo de Defensa local, Reinier Lorenzo Reyes, se vio obligado a exponer los principales problemas que aquejan a los residentes del área. Entre ellos, detalló el comportamiento errático de los apagones y su injusta distribución, la acumulación crítica de desechos sólidos, el déficit en el abasto de agua, el vertimiento de aguas albañales y el incremento de la delincuencia.
Aunque el funcionario local reconoció que estos problemas \»preocupan y generan malestar en la población\», el desarrollo de la asamblea evidenció que la verdadera prioridad del ejecutivo cubano no radica en resolver la emergencia sanitaria y social, sino en afianzar el aparato militar. La cúpula presente incluyó al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera; al titular del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas; y al canciller, Bruno Rodríguez Parrilla. También participaron el jefe del Ejército Occidental, Ernest Feijóo Eiró; el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo; el secretario de Organización del Partido Comunista, Roberto Morales Ojeda; y el primer secretario del PCC en La Habana, Liván Izquierdo Alonso.
Ante la enumeración de las crisis urbanas, Díaz-Canel ofreció respuestas de carácter burocrático y soluciones marginales. Sugirió aprovechar \»los espacios vacíos que aún quedan en la zona para ponerlos a producir alimentos\» y prometió una supuesta mejoría en la recogida de basura gracias a la incorporación de nuevos equipos. Asimismo, insistió en la aplicación de las llamadas 176 transformaciones económicas y sociales, enfatizando una mayor autonomía municipal. La Presidencia defendió que estas medidas deben ejecutarse \»guiado siempre por la justicia social, para que no se incrementen las desigualdades\», un discurso que choca frontalmente con el deterioro acelerado de las condiciones de vida y la profundización de la pobreza en el país.
El estallido social en las sombras
El énfasis oficial en la defensa externa ocurre en medio de una creciente conflictividad social que las autoridades de la isla intentan minimizar. El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) registró 1.415 protestas, denuncias y expresiones críticas durante el mes de julio, marcando la cifra mensual más alta desde que la organización inició su monitoreo. Este incremento es atribuido directamente a la combinación de apagones prolongados, escasez de agua y efectivo, inseguridad alimentaria y el desplome general de los servicios públicos.
Es importante señalar que el registro del OCC abarca un amplio espectro de descontento, incluyendo denuncias, videos, transmisiones y expresiones críticas difundidas en medios independientes y redes sociales. De ese total, 520 acciones fueron clasificadas como \»desafíos al Estado policial\», dentro de las cuales se contabilizaron 72 protestas presenciales. La documentación de la organización recoge acciones como cacerolazos, bloqueos de calles, quema de basura, interpretaciones del Himno Nacional y el canto de consignas como \»¡Libertad!\» y \»¡Abajo la dictadura!\», evidenciando un nivel de rechazo abierto que el gobierno cubano se esfuerza por acallar.
Las movilizaciones callejeras alcanzaron el segundo mayor nivel mensual registrado por el OCC, con 72 episodios, superado únicamente por los 107 contabilizados en junio. La Habana concentró 64 de estas acciones, pero el descontento no se limitó a la capital: se registraron protestas en Santiago de Cuba, Artemisa, Guantánamo y Cienfuegos. En total, el Observatorio documentó algún tipo de manifestación de rechazo en las 15 provincias y en el municipio especial Isla de la Juventud, demostrando que la indignación es un fenómeno nacional.
Una crisis estructural sin respuestas
El contraste entre las prioridades del régimen y las necesidades de la población es una manifestación clara de la crisis estructural que asfixia a la isla. Mientras las autoridades de la isla insisten en preparar estructuras de defensa ante un eventual conflicto externo, los problemas mencionados en su propia reunión —apagones, falta de agua, basura acumulada y delincuencia— siguen alimentando el malestar ciudadano. La apuesta oficial por la militarización y el discurso de confrontación funciona como un mecanismo de distracción ante una crisis que tiene sus raíces en el modelo económico y político impuesto por la dictadura cubana.
El colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es quizás el mayor catalizador del descontento. Los apagones superan habitualmente las 10 o 12 horas diarias en gran parte del territorio, paralizando la ya mermada actividad económica y afectando la conservación de alimentos en los hogares. A esto se suma una hiperinflación que ha licuado los salarios, haciendo inaccesible la canasta básica de alimentos para la mayoría de la población. La escasez de medicinas y el deterioro del sistema de salud completan un cuadro de supervivencia que ha empujado a más de un millón de cubanos a abandonar el país en los últimos años.
Las \»176 transformaciones económicas\» promovidas por el ejecutivo cubano no han logrado revertir esta tendencia. Al centrarse en ajustes burocráticos y en una supuesta autonomía municipal, el gobierno obvia el problema central: la falta de libertades económicas, la inexistencia de un mercado real y el control absoluto del Estado sobre la producción y distribución. Las promesas de justicia social del régimen resultan vacías cuando la población depende de remesas del extranjero o del mercado negro en dólares para subsistir.
La militarización como respuesta al descontento
El uso de los Consejos de Defensa como estructura de poder no es una novedad en la isla. Históricamente, la dictadura ha utilizado el pretexto de la \»guerra de todo el pueblo\» para institucionalizar el control militar sobre la sociedad civil. Estas estructuras, que en teoría deberían servir para la coordinación en casos de desastres naturales o conflictos bélicos, funcionan en la práctica como un aparato de vigilancia y represión a nivel de barrio. La presencia de altos mandos del MINFAR y el MININT en reuniones que deberían ser de carácter administrativo subraya la naturaleza policíaca del Estado cubano.
Ante la incapacidad de ofrecer soluciones a la crisis material, el régimen de La Habana recurre al fantasma del \»enemigo externo\» para justificar la represión interna y la falta de cambios democráticos. La preparación para la defensa, en este contexto, se traduce en la preparación para reprimir cualquier estallido social que cuestione el monopolio del poder del Partido Comunista. Las protestas del 11 de julio de 2021, que fueron duramente reprimidas con decenas de condenas de cárcel, siguen siendo un referente del miedo del gobierno a la organización popular.
En conclusión, la reciente reunión del Consejo de Defensa refleja la desconexión total entre la cúpula gobernante y la realidad cubana. Mientras Díaz-Canel y su círculo íntimo ensayan estrategias bélicas y reparten uniformes de campaña, la ciudadanía enfrenta el día a día entre la oscuridad de los apagones y la basura acumulada. Esta apuesta por la militarización augura un endurecimiento de la represión frente a un descontento social que no muestra signos de cesar. La comunidad internacional deberá mantener una vigilancia estrecha sobre la isla, ante el riesgo de que la dictadura cubana intensifique las violaciones de derechos humanos como única vía para contener una crisis que ella misma ha provocado.
