Un revelador informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) confirma un aumento superior al 115 % en los hechos delictivos en el último año. El deterioro de la seguridad pública, impulsado por la profunda crisis económica y la ineficacia institucional, contrasta dramáticamente con el enfoque del Ministerio del Interior, cuyos esfuerzos y recursos se concentran en la persecución de la disidencia en lugar de la protección de la población.
La realidad de las calles cubanas dista cada vez más de la imagen de paraíso seguro que durante décadas ha intentado proyectar la propaganda oficial. Según los datos recopilados y verificados por el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), iniciativa vinculada al laboratorio de ideas Cuba Siglo 21, la inseguridad pública experimentó un crecimiento alarmante, consolidando una tendencia que parece no tener retorno en el corto plazo. El informe documenta 2.833 reportes de delitos verificados a lo largo del año, lo que supone un incremento del 115,11 % respecto al año inmediatamente anterior y un abrumador aumento del 336,58 % si se compara con las cifras de hace dos años.
Es fundamental subrayar que estas estadísticas, por alarmantes que parezcan, representan únicamente una porción de la verdadera magnitud del fenómeno delictivo en la isla. La ausencia de estadísticas oficiales transparentes y accesibles por parte del Estado cubano obliga a organizaciones de la sociedad civil a realizar un arduo trabajo de recopilación a través de redes sociales, medios de comunicación independientes y fuentes públicas. Esta opacidad informativa no es casual, sino una política deliberada del régimen de La Habana para ocultar el alcance real de la crisis social que ha provocado su modelo de gestión.
Entre las tipologías delictivas que más han proliferado destacan, con notable diferencia, los robos. Se contabilizaron 1.536 casos de esta naturaleza, consolidándose como el delito dominante en el panorama cubano actual. Dentro de este epígrafe, llama poderosamente la atención el incremento del hurto y el sacrificio ilegal de ganado, una práctica que el observatorio vincula de manera directa e indiscutible con la agudización de la crisis alimentaria y el deterioro generalizado de las condiciones de vida de la población.
El hambre y la desesperación están empujando a miles de cubanos a medidas extremas. El sacrificio de ganado, antes un delito severamente castigado y relativamente controlado en las zonas rurales, se ha convertido en una vía de subsistencia ante la incapacidad del gobierno cubano para garantizar el suministro básico de proteínas a la población. A esto se suman los asaltos en la vía pública, las agresiones físicas y una mayor diversificación de la criminalidad, que ya no se limita a hurtos menores, sino que incorpora niveles de violencia antes inusitados en la sociedad cubana.
Otro de los hallazgos más preocupantes del informe es la expansión vertiginosa de los delitos relacionados con el narcotráfico y el consumo de drogas. Durante este período se reportaron 437 casos vinculados a la producción, venta y consumo de sustancias estupefacientes, una categoría que el observatorio ha analizado de forma independiente por primera vez debido a su creciente incidencia. Estas actividades delictivas se concentran principalmente en las provincias de La Habana, Granma y Holguín, y están afectando de manera alarmante a los jóvenes y a los sectores más vulnerables de la población, quienes encuentran en la drogadicción una vía de escape ante la falta de expectativas.
En cuanto a los delitos contra la vida, el informe registra una ligera disminución estadística en los homicidios, con 152 casos reportados, lo que representa un 8,98 % menos que el año anterior y un 22,84 % menos respecto a 2023. Sin embargo, el OCAC advierte con claridad que este descenso numérico no debe interpretarse como una mejora en la seguridad ciudadana. El impacto social de la violencia letal sigue siendo devastador: 173 personas perdieron la vida de forma violenta, un balance que incluye la muerte de 48 mujeres víctimas de feminicidio, un fenómeno que sigue sin recibir la atención ni las políticas de protección adecuadas por parte de las instituciones del Estado.
Las conclusiones del análisis son contundentes: la criminalidad en Cuba no solo crece en volumen, sino que se extiende territorialmente y adquiere una naturaleza socialmente más dañina. Este deterioro es el resultado directo de factores estructurales profundos, entre los que destacan el colapso económico sostenido, la debilidad institucional crónica y la absoluta falta de políticas públicas eficaces por parte del régimen para enfrentar el fenómeno. La impunidad y la miseria conforman el caldo de cultivo perfecto para el aumento de la inseguridad.
Quizás el aspecto más crítico de esta realidad sea la desconexión entre las prioridades del aparato estatal y las necesidades reales de la ciudadanía. Mientras la delincuencia común azota a los barrios y la población vive con miedo constante, el Ministerio del Interior (MININT) continúa concentrando la inmensa mayoría de sus recursos operativos, logísticos y humanos en la represión política y la persecución de la disidencia. La dictadura prefiere desplegar a sus efectivos para acosar a activistas pacíficos, reprimir manifestaciones y vigilar a opositores, dejando en un plano absolutamente secundario la prevención del delito y la protección de la vida y el patrimonio de los ciudadanos comunes.
Contexto: El mito de la seguridad revolucionaria desmantelado
Durante décadas, uno de los principales argumentos esgrimidos por la propaganda oficial cubana para justificar el autoritarismo ha sido la supuesta seguridad ciudadana. El régimen de La Habana se jactaba de tener calles seguras, contrastando su modelo con la criminalidad de otros países de la región. Sin embargo, este espejismo se sostenía sobre un estricto control policial y un aparato represivo enfocado en el control social absoluto, no en la justicia ni en el desarrollo integral de la nación.
Con la profundización de la crisis económica, marcada por una inflación galopante, apagones prolongados, escasez crónica de alimentos y la devaluación de la moneda nacional, el tejido social cubano ha comenzado a desgarrarse de forma irreversible. La emergencia de conductas delictivas antes inusuales, como el narcotráfico a pequeña escala o el aumento de los feminicidios, evidencia que el control estatal, si bien sigue siendo férreo en materia política, ha perdido toda capacidad para garantizar el bienestar y la seguridad real de la población.
El trabajo de organismos como el OCAC resulta invaluable en este contexto de censura y manipulación informativa. Al no existir un Ministerio Público ni una institución policial que rinda cuentas transparentes al pueblo, la sociedad civil se ve obligada a auditar la realidad. El informe de inseguridad pública no solo desnuda la tragedia diaria de los cubanos, sino que también evidencia la mentira sistémica de un gobierno que oculta sus fracasos detrás de un muro de silencio.
El costo de un Estado fallido en materia de seguridad
La dramática escalada de la criminalidad en Cuba es el reflejo inequívoco de un Estado que ha fracasado en sus funciones más básicas. La dictadura ha demostrado que su única prioridad es la permanencia en el poder, utilizando el aparato coercitivo para silenciar el descontento, en lugar de proteger a la ciudadanía de la violencia y el despojo cotidiano.
Si el gobierno cubano no rectifica sus políticas económicas y no reorienta el accionar de sus fuerzas del orden hacia la verdadera seguridad ciudadana, la espiral de violencia continuará en ascenso. La sociedad cubana se enfrenta hoy a una doble tragedia: la miseria impuesta por un modelo económico fracasado y el terror en unas calles donde el delincuente actúa con creciente impunidad, sabiendo que los agentes del orden están demasiado ocupados persiguiendo a quienes osan exigir libertad y democracia.
