Un informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) revela que los delitos verificados en la isla aumentaron un 115 % respecto al año anterior. El régimen de La Habana, carente de estadísticas oficiales transparentes, ha desviado los recursos del Ministerio del Interior hacia la persecución política, dejando desprotegida a la población ante una creciente violencia y desesperación social.
La inseguridad pública en Cuba experimentó un incremento alarmante durante 2025, registrando un total de 2.833 hechos delictivos verificados. Esta cifra representa un aumento del 115,11 % en comparación con 2024 y un 336,58 % respecto a 2023, según el \»Informe de Inseguridad Pública 2025\» elaborado por el OCAC. La investigación, basada en la recopilación de datos en redes sociales y medios de comunicación, advierte que estas cifras solo muestran una porción de la realidad, debido a la opacidad del gobierno cubano, que se niega a publicar estadísticas criminales oficiales y transparentes.
El robo se consolidó como el delito predominante, con 1.536 casos documentados, destacando de manera preocupante el hurto y sacrificio ilegal de ganado. Las autoridades de la isla han sido incapaces de contener este fenómeno, que está directamente vinculado a la profunda crisis alimentaria y el deterioro de las condiciones económicas que sufre el país. Además, el informe señala una diversificación de la criminalidad violenta y un aumento de los delitos relacionados con las drogas, que sumaron 437 reportes analizados de forma independiente por primera vez. Estas actividades ilícitas, concentradas en La Habana, Granma y Holguín, golpean con mayor fuerza a los jóvenes y a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Violencia letal y feminicidios en medio de la crisis
Aunque los homicidios mostraron una ligera disminución —152 casos, un 8,98 % menos que en 2024 y un 22,84 % menos que en 2023—, el balance de víctimas fatales sigue siendo crítico. En total, 173 personas murieron de forma violenta en el país, incluyendo 48 feminicidios. Para los expertos, esta reducción estadística no se traduce en una mejora real de la seguridad ciudadana, ya que la criminalidad crece en volumen, se expande territorialmente y genera un daño social cada vez más profundo.
Represión política por encima de la seguridad ciudadana
El documento concluye que el aumento de la delincuencia es una consecuencia directa de factores estructurales que la dictadura cubana se niega a reconocer: el colapso económico, la debilidad institucional y la absoluta ausencia de políticas públicas eficaces. Mientras la ciudadanía sufre el desabastecimiento y la violencia cotidiana, el Ministerio del Interior prioriza el uso de sus recursos y de su aparato represivo para perseguir, amenazar y silenciar a la disidencia política, dejando en un plano secundario la prevención del delito común y la protección de los ciudadanos.
El panorama descrito por el OCAC proyecta un futuro sombrío para la isla si no se adoptan medidas estructurales. La combinación de miseria, falta de oportunidades y un Estado que criminaliza la protesta pero desampara a su población frente al delito, amenaza con profundizar el ya masivo éxodo migratorio y desestabilizar aún más el tejido social. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos mantienen su atención sobre la crisis que atraviesa el país, exigiendo rendición de cuentas a un régimen que ha fracasado en su deber más básico: garantizar la vida, la libertad y la seguridad de sus ciudadanos.
