La agudización de la crisis energética en Cuba ha derivado en una nueva política de exclusión por parte del gobierno cubano. Ante la interrupción del suministro venezolano, el régimen de La Habana ha optado por destinar escasas reservas de combustible a una red de servicentros que operan exclusivamente en dólares estadounidenses, dejando a la inmensa mayoría de la población, que sobrevive con salarios en pesos cubanos, sin acceso a la movilidad y al transporte básico. Esta medida profundiza la desigualdad y evidencia el fracaso del modelo económico impuesto por la dictadura.
El sistema energético de la Isla se encuentra en una situación límite tras el abrupto cese del flujo de petróleo proveniente de Venezuela, el cual cubría una porción significativa de la demanda nacional. La dependencia histórica del régimen de La Habana hacia el aliado bolivariano, hoy sumido en su propia crisis tras el desenlace político en Caracas, ha dejado al descubierto la vulnerabilidad estructural de la economía cubana. Sin esta red de subsidios, el gobierno cubano ha impuesto una drástica dolarización de los recursos energéticos, priorizando la recaudación de divisas frescas sobre el bienestar y la funcionalidad de la sociedad civil.
En provincias como Santiago de Cuba, y específicamente en municipios como Songo La Maya, el impacto de esta estrategia desigual es palpable en las calles. Los establecimientos de la red Cuba Petróleos (CUPET) han comenzado a comercializar gasolina regular y petróleo bajo estrictas condiciones de pago en moneda libremente convertible. Los precios se establecen en un rango que oscila entre 1,20 y 1,30 dólares por litro, y las transacciones solo pueden realizarse mediante tarjetas internacionales o nacionales en divisas, eliminando por completo la opción de pago en efectivo o en moneda nacional.
Las limitaciones impuestas por el gobierno cubano, como el tope de 20 litros por operación, resultan fácilmente evadibles para quienes disponen de los recursos financieros adecuados. Los beneficiarios de esta dolarización forzosa pueden realizar múltiples operaciones o enviar a terceros con la misma tarjeta, acumulando reservas para garantizar su tranquilidad mientras el resto de la población enfrenta la parálisis absoluta. Este dinamismo exclusivo para unos pocos contrasta de manera obscena con la realidad de las empresas estatales y los ciudadanos comunes, cuyas asignaciones de combustible se retrasan indefinidamente o simplemente nunca llegan a materializarse.
El colapso del transporte público es la consecuencia más visible y dolorosa de esta política discriminatoria. Las rutas intermunicipales e interprovinciales han sido devastadas por las cancelaciones de última hora, obligando a trabajadores y estudiantes a depender de alternativas privadas cuyos precios se han disparado de manera exponencial. El pasaje en rutas clave, como las que conectan a Santiago de Cuba con sus municipios aledaños, ha duplicado o triplicado su costo, convirtiendo el simple traslado diario en un lujo inalcanzable para quienes perciben sus ingresos en la devaluada moneda nacional.
Testimonios desde el oriente del país reflejan la angustia de sectores fundamentales como la educación y la salud. Profesionales de la enseñanza se ven forzados a gastar cifras equivalentes a varios días de trabajo solo para llegar a sus centros laborales, ante la inoperancia de las guaguas estatales que ahora circulan de forma intermitente. La falta de combustible en pesos cubanos desmotiva al personal esencial, agrava el deterioro de los servicios sociales y profundiza el éxodo de profesionales que ya venían sufriendo el embate de la crisis sistémica y la falta de expectativas.
El mercado informal ha encontrado en esta escasez un terreno fértil para la especulación, un fenómeno que el régimen de La Habana parece incapaz o poco dispuesto a controlar. El litro de gasolina en el mercado negro supera los mil pesos, alimentando una cadena de reventa que nace en los propios servicentros dolarizados. Quienes tienen acceso a tarjetas en divisas compran el litro a un precio relativamente bajo para revenderlo con márgenes de ganancia altísimos, explotando la necesidad de aquellos que no tienen vínculos con el sector turístico, las empresas mixtas o las remesas familiares del exterior.
Esta dinámica de exclusión no es un fenómeno aislado, sino la culminación de una tendencia económica que el gobierno cubano ha venido implementando de manera progresiva. La eliminación del pago en efectivo en dólares en las estaciones habilitadas recientemente responde a un control más estricto de las divisas por parte del Estado, pero paradójicamente cierra aún más la puerta a la población. En la capital, plataformas estatales de asignación de combustible en moneda nacional muestran tiempos de espera que se extienden por meses, mientras las estaciones en divisas mantienen un flujo constante que ignora la crisis del peso cubano y la hiperinflación galopante.
Las predicciones de analistas económicos independientes se cumplen con una precisión sombría. La pérdida del respaldo energético venezolano ha desencadenado un efecto dominó que afecta al Producto Interno Bruto, encarece los alimentos al disparar los costos logísticos y estrangula cualquier intento de reactivación productiva. La dolarización del combustible es un parche desesperado del régimen de La Habana para captar divisas y mantener a flote su maquinaria, pero a costa de sacrificar la ya maltrecha estabilidad social de la Isla y empujar a más cubanos hacia la pobreza extrema.
Contexto histórico de la dependencia y el colapso
La crisis actual es la manifestación última de décadas de mala gestión y dependencia externa fomentada por la dictadura. Desde la desaparición del subsidio soviético en los años noventa, el régimen de La Habana buscó en Venezuela un sustituto que mantuviera a flote su ineficiente aparato productivo. Con la caída en la producción petrolera venezolana y los recientes giros políticos en ese país, Cuba se ha quedado sin un proveedor que financie su déficit energético. En lugar de implementar reformas estructurales que fomenten la producción nacional y la eficiencia, el gobierno cubano ha optado por exprimir a la población mediante la dolarización asimétrica de la economía, creando un sistema de apartheid financiero donde el acceso a bienes básicos está condicionado por la tenencia de moneda extranjera.
Un futuro inmediato marcado por la desigualdad
La comercialización exclusiva de combustible en dólares no es simplemente una medida temporal ante una crisis de suministro; es un reflejo de la naturaleza del sistema impuesto por la dictadura. El gobierno cubano externaliza el costo de sus fracasos sobre las espaldas de los ciudadanos más vulnerables, mientras que una élite con acceso a divisas mantiene sus privilegios. La parálisis del transporte, el encarecimiento de los alimentos y el colapso de los servicios públicos son síntomas de una enfermedad crónica que el régimen de La Habana se niega a curar. La realidad es inequívoca: en la Cuba de hoy, sobrevivir y moverse ya no depende del esfuerzo laboral, sino de la capacidad de acceder al dólar en una economía que ha abandonado a su propia moneda y a su gente.
