El recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, Dariel Fernández, solicitó una auditoría exhaustiva a las autoridades federales sobre la empresa Cubamax Travel, tras conocerse que el Banco Central de Cuba (BCC) le otorgó permiso oficial para operar el envío de remesas hacia la isla. El funcionario advirtió que esta operación representa un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos y exige el cumplimiento estricto del régimen de sanciones vigente.
La petición se produce después de que las autoridades de la isla publicaran la Resolución 135/2025 en la Gaceta Oficial, un documento que faculta a Cubamax, sociedad constituida en Florida y con sede en Hialeah, para \»desarrollar actividades de transmisión de dinero hacia beneficiarios en Cuba\». El texto detalla que la empresa podrá canalizar fondos a través de instituciones financieras cubanas, depósitos en cuentas, tarjetas de débito, carga de tarjetas prepago y entrega de efectivo, tanto en moneda nacional como en divisas.
En declaraciones a medios locales, Fernández vinculó la operación con la política exterior de Washington, recordando que la ley estadounidense restringe severamente la actividad financiera con la isla. \»Cuando hay compañías en el mundo que tengan algunos vínculos específicamente con un país que apoya el terrorismo, creo que debe ser preocupación de todos los que vivimos en esta gran nación\», señaló el funcionario, instando a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y al Departamento de Comercio a intervenir para evitar que entidades con sede en EE. UU. fortalezcan a un \»régimen opresivo\».
Contexto de control financiero y crisis estructural
El interés del ejecutivo cubano en habilitar nuevos canales de remesas responde a la urgente necesidad de captar divisas frente a la profunda crisis económica que atraviesa el país. Con un sistema bancario deficitario, una inflación descontrolada y el colapso de los servicios públicos, el régimen de La Habana busca inyectar liquidez externa para sostener su maquinaria burocrática. Sin embargo, organismos de control advierten que estos flujos de capital, provenientes en su mayoría de la diáspora, a menudo terminan beneficiando a la dictadura cubana más que a la población civil, al estar sujetos a regulaciones, comisiones y supervisión unilateral por parte del Estado.
Pese a que la resolución del BCC exige que Cubamax designe un representante residente en Cuba y se someta a su control operativo, la empresa acreditó poseer la Licencia FT 230000013 como transmisor de dinero, emitida por la Oficina de Regulación Financiera de Estados Unidos en 2010. La discrepancia entre la habilitación local y las restricciones federales obligará a las autoridades estadounidenses a definir el alcance de esta operación. El desenlace de esta revisión determinará no solo el futuro comercial de la entidad, sino también el rigor con el que Washington aplica su política de aislamiento financiero hacia la dictadura cubana.
