El canciller Bruno Rodríguez Parrilla presentó en La Habana el informe anual sobre el impacto del embargo estadounidense, atribuyendo a esta medida la totalidad de la crisis económica y social de la isla. El documento, que cuantifica los daños en más de 7.500 millones de dólares, descarta de plano cualquier responsabilidad del modelo socialista o de la gestión gubernamental en el deterioro de la calidad de vida de los cubanos.
Según el reporte presentado por el régimen de La Habana, las afectaciones económicas entre marzo de 2024 y febrero de 2025 ascendieron a 7.556,1 millones de dólares, lo que representa un incremento del 49 % respecto al periodo anterior. El texto sostiene que, de no existir estas sanciones, la economía habría crecido 9,2 puntos porcentuales más, aunque reconoce de manera implícita la incapacidad de recuperación al admitir una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) del 1,1 % en 2024.
La narrativa oficial reitera que el \»bloqueo\» es el principal obstáculo para el desarrollo y califica de \»cínicas\» las afirmaciones que señalan al modelo económico centralizado y a los errores gubernamentales como causa del empobrecimiento. Como parte de su argumentación, el gobierno cubano enfatiza en la permanencia de la isla en la lista de patrocinadores del terrorismo y en la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, bajo el cual se han presentado 45 demandas, 30 de ellas aún en curso.
Impacto sectorial y crisis energética
En el desglose por sectores, las autoridades de la isla detallan afectaciones en áreas como salud, energía y comercio exterior, citando casos específicos como la imposibilidad de comercializar el Heberprot-P en Estados Unidos o la frustrada compra de insumos médicos debido a fusiones empresariales. Respecto a la crisis energética, el informe admite los apagones diarios de entre 1.400 y 1.500 megavatios (MW) y tres desconexiones nacionales ocurridas entre octubre y diciembre, atribuyendo estos colapsos a fallas en los equipos, huracanes y falta de diésel, omitiendo el abandono estructural de la infraestructura eléctrica nacional.
Esta presentación se da en un contexto de agudización de la crisis estructural de Cuba, marcada por una inflación galopante, el colapso de los servicios públicos básicos y un éxodo migratorio sin precedentes. Al negarse a reconocer el fracaso del modelo y la ineficiencia burocrática, el ejecutivo cubano mantiene intacta su retórica de victimización frente a la comunidad internacional, apoyándose en el respaldo de la Asamblea General de la ONU, que en octubre de 2024 volvió a condenar el embargo con 187 votos a favor.
Al culpar de forma exclusiva a Washington, la dictadura cubana elude cualquier rendición de cuentas sobre la gestión de los recursos y las políticas internas que han provocado el desabastecimiento y la pobreza. Esta postura augura una continuidad en las políticas económicas actuales, sin reformas sustanciales que permitan la recuperación productiva, lo que se traduce en un panorama cada vez más sombrío para la ciudadanía, obligada a sobrevivir bajo un sistema que prioriza la narrativa política sobre la resolución de sus necesidades más urgentes.
