La provincia de Matanzas, con más de 600.000 habitantes, opera con apenas 16 ambulancias funcionales, una cifra que representa menos del 30% de los vehículos requeridos por las normas internacionales. La deficiencia, reconocida por la propia prensa oficial, evidencia el profundo deterioro del sistema sanitario cubano bajo la gestión del gobierno de La Habana, donde la falta de recursos, medicamentos e infraestructura pone en riesgo constante la vida de la población.
Los estándares internacionales para los Sistemas Integrados de Urgencias Médicas (SIUM) establecen parámetros estrictos para garantizar la atención oportuna y eficaz de la población. En el caso específico de la provincia de Matanzas, el coeficiente ideal demanda una flota de 54 ambulancias para cubrir las necesidades de sus más de 600.000 residentes. Sin embargo, la realidad impuesta por el régimen de La Habana es diametralmente opuesta: el territorio sufre un déficit del 70% en su flota de transporte sanitario, una carencia que ha sido forzada a reconocer por el periódico estatal Girón, exponiendo la gravedad de la emergencia.
La dramática situación del transporte médico en la isla se ilustra con la reciente distribución de una tanda de 50 nuevas ambulancias de marca Fotón, las cuales llegaron al país como un supuesto alivio para el colapso sanitario. No obstante, de ese total, apenas tres unidades han sido asignadas a la provincia de Matanzas. Estas unidades, destinadas a las bases territoriales de Cárdenas, Matanzas y Jovellanos, elevan la flota operativa a 16 vehículos, un número risible que apenas alcanza el 29,6% del parque automotor estipulado para una respuesta efectiva en casos de emergencia.
Según declaraciones de Yofrén Sánchez Dorrego, jefe de Transporte del SIUM en el municipio de Jovellanos, las nuevas ambulancias cuentan con equipamiento básico de emergencia, incluyendo monitores, ventiladores y el instrumental necesario para intubar y asistir a pacientes en estado crítico durante su traslado. Sin embargo, la sofisticación de estos equipos contrasta con la penuria estructural del sistema, donde la falta de mantenimiento, la escasez crónica de combustible y la inoperatividad de las carreteras anulan en la práctica la utilidad de los pocos vehículos disponibles.
La desidia institucional se hace aún más evidente en regiones alejadas de la capital provincial. En la base del municipio de Jovellanos, que también brinda servicio a la vecina localidad de Pedro Betancourt, la situación ha llegado a extremos inaceptables. Hasta hace muy poco, solo una ambulancia en regular estado operaba para atender las urgencias de ambas demarcaciones. La incorporación de un nuevo vehículo en esta área, aunque necesaria, resulta manifiestamente insuficiente para dos municipios completos, dejando a miles de ciudadanos en un estado de vulnerabilidad absoluta ante cualquier emergencia médica.
Ante este escenario, la doctora Yamira López García, directora provincial de Salud en Matanzas, ha intentado maquillar la crisis con declaraciones oficialistas. La funcionaria reconoció que el incremento a 16 ambulancias «aún no es suficiente», pero aseguró que se traduce en una mayor cantidad y mejor calidad en la atención de urgencias y emergencias. Este tipo de retórica es habitual en el gobierno cubano, que suele presentar como un logro lo que en realidad es un paliativo tardío a una crisis generada por su propia ineficiencia administrativa y su incapacidad para planificar.
López García también informó que otro grupo de ambulancias se encuentra en reparación para su posterior puesta en marcha, lo que, según sus palabras, aumentaría el coeficiente de disponibilidad técnica. Sin embargo, la experiencia cotidiana de los ciudadanos cubanos demuestra que las promesas de reparación en el sector estatal suelen dilatarse indefinidamente, atrapadas en la burocracia y la falta de piezas de repuesto, consecuencias directas del modelo económico fracasado que impone la dictadura desde hace décadas.
La gestión de los pocos recursos disponibles también ha sido objeto de escrutinio. La directora provincial de Salud detalló que todas las ambulancias del sistema son rectoradas por un centro coordinador provincial que gestiona las demandas según la prioridad, el estado de los pacientes y los algoritmos de rescate internacionales. Si bien la centralización busca optimizar la logística, en la práctica, el centro coordinador se enfrenta a la imposibilidad física de cubrir las múltiples llamadas de auxilio que a diario emite una población desesperada ante la falta de alternativas.
El contexto del desastre sanitario en la isla
Las estadísticas oficiales sobre el déficit de ambulancias en Matanzas son solo la punta del iceberg de una crisis sanitaria mucho más profunda que azota a toda la isla. Los servicios de urgencia en Cuba carecen no solo de transporte, sino también de medicamentos básicos, insumos médicos, y enfrentan un deterioro acelerado de la infraestructura hospitalaria. La insalubridad en los centros de salud se ha convertido en la norma, exponiendo a los pacientes a riesgos adicionales como infecciones intrahospitalarias y complicaciones derivadas de la mala alimentación dentro de los hospitales.
Durante años, el régimen de La Habana ha instrumentalizado el sistema de salud como uno de sus principales logros propagandísticos, tanto en el ámbito interno como en la comunidad internacional. Sin embargo, la máscara del «prestigio médico cubano» se ha desmoronado, revelando una infraestructura en ruinas. La falta de inversión sostenida, sumada a la prioridad de destinar recursos a la exportación de servicios médicos en lugar de atender la salud de los nacionales, ha llevado al colapso de la atención primaria y secundaria en todo el territorio nacional.
La crisis del SIUM en Matanzas refleja una tragedia nacional. En todas las provincias del país, los ciudadanos reportan a diario la angustia de esperar horas por una ambulancia que muchas veces no llega, o que se presenta sin el combustible necesario para realizar el traslado. Esta realidad ha obligado a miles de cubanos a recurrir a medios de transporte alternativos, como vehículos de tracción animal, motocicletas o autos particulares, para llevar a sus familiares en estado crítico hasta los hospitales, asumiendo costos y riesgos que la mayoría no puede pagar.
La represión y el silenciamiento de las quejas ciudadanas también forman parte de este ecosistema de fracaso. Madres y familiares que intentan denunciar la falta de atención médica, como ha ocurrido recientemente en Cárdenas, se enfrentan frecuentemente al desprecio de las autoridades y a la maquinaria de control social de la dictadura. El cuestionamiento «¿Quién va a responder por la salud de mi hijo?» resuena en una sociedad donde la responsabilidad institucional es nula y la impunidad de los funcionarios es la regla general.
En definitiva, la escasez de ambulancias en Matanzas no es un problema aislado de logística, sino el síntoma de una enfermedad crónica: la ineficacia del modelo totalitario cubano. Mientras el gobierno cubano continúe priorizando el control político, la vigilancia y el sostenimiento de su aparato represivo sobre el bienestar básico de la población, escenarios como el de los 600.000 matanceros a merced de 16 ambulancias se repetirán. La salud pública en Cuba ha dejado de ser un derecho garantizado para convertirse en un privilegio inalcanzable, evidenciando el fracaso absoluto de las políticas del régimen.
