La declaración oficial desde el sector empresarial español de que el turismo en Cuba «ha desaparecido» marca el ocaso de lo que alguna vez fue presentado como la locomotora de la economía nacional. El diagnóstico no proviene de la prensa disidente, sino de publicaciones tradicionalmente complacientes con el régimen de La Habana, lo que subraya la gravedad de una crisis estructural que las recientes medidas del gobierno cubano intentan maquillar sin éxito.
El medio español Preferente, históricamente vinculado a la promoción de los intereses turísticos de la isla y aliado cercano de cadenas hoteleras como Meliá, ha dictaminado la defunción del sector turístico cubano. Esta afirmación, lejos de ser una exageración periodística, se basa en los alarmantes datos emitidos por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), que registran la cifra más baja de visitantes en casi dos décadas, excluyendo los años de la pandemia. La tasa de ocupación hotelera, estancada en un marginal 18.9%, evidencia un modelo de negocio en ruinas y un destino que ha perdido todo su atractivo competitivo en el mercado internacional.
Ante este panorama desolador, el régimen de La Habana ha reaccionado anunciando supuestas «nuevas medidas» para incentivar la inversión extranjera durante la Feria Internacional de La Habana. Sin embargo, estos decretos llegan no solo tarde y mal concebidos, sino que chocan frontalmente con la realidad que enfrentan los empresarios extranjeros. Las reformas presentadas por el actual primer ministro, Manuel Marrero Cruz, parecen los agónicos movimientos de alguien que se ahoga, ignorando que el verdadero obstáculo no es la falta de incentivos fiscales, sino un laberinto burocrático diseñado exclusivamente para alimentar una vasta red de corrupción que sostiene a la dictadura.
La historia de la inversión extranjera en la isla está marcada por el chantaje y la extorsión institucionalizada. Durante más de tres décadas, cualquier inversor que ha pretendido establecerse en el país ha tenido que navegar un sistema diseñado para tratarlos como «vacas lecheras». Los pagos, tanto legales como bajo la mesa, son la norma ineludible para lograr la aprobación de proyectos, la importación de bienes, la selección de personal e incluso para obtener inmunidad legal frente a los constantes y arbitrarios cambios normativos. Una vez que el capital foráneo entra en este círculo de extorsión, descubre que es imposible salir de él, y que la burocracia y el engaño son el único modelo de negocio del Estado.
Esta maquinaria de corrupción tiene rostros conocidos y vínculos directos con la cúpula de poder. Figuras como Ernesto Machado, hijo del histórico dirigente José Ramón Machado Ventura, monopolizaron durante años el lucrativo negocio de otorgar licencias de inversión extranjera. De igual manera, altos funcionarios como el actual viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga, en su anterior gestión al frente de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, han sido testigos y partícipes de cómo la burocracia y el saqueo han ahuyentado el capital foráneo en proporción directa al aumento de la codicia oficial.
El caso del hotel Iberostar Selection, conocido popularmente como «Torre K», es el ejemplo más crudo y emblemático de este descalabro. Concebido en sus inicios más como una operación de lavado de dinero para el gobierno cubano y sus aliados protegidos que como un proyecto turístico rentable, el inmueble ha sido un fracaso rotundo. Desde su inauguración, apenas una décima parte de sus casi seiscientas habitaciones han sido ocupadas, y gran parte de esas escasas reservas corresponden a alojamientos del propio Estado para eventos políticos, incluyendo estancias justificadas bajo el pretexto de seguridad para el propio Miguel Díaz-Canel y su comitiva durante celebraciones oficiales.
La apertura al turismo y a la inversión extranjera en los años noventa, impulsada por Fidel Castro tras el colapso del bloque soviético, nunca fue un gesto de buena voluntad económica. Fue una estrategia de supervivencia y autoprotección política. La dictadura permitió la entrada de capital español, pero condicionó la operación a un estricto control militar y policial sobre la administración interna de las empresas. Al infiltrarlas con la policía política y nombrar a hombres de confianza, como Rodolfo Dávalos en el caso de Meliá, el régimen se aseguró de controlar los ingresos y de evitar cualquier autonomía empresarial.
La consolidación del Ministerio de Turismo (MINTUR) bajo el mando del coronel Manuel Marrero Cruz, proveniente de la cúpula empresarial militar GAESA, transformó al sector en la mayor máquina de generar divisas «limpias» para la dictadura. Este aparato resultó ser más eficiente y seguro para el régimen que las peligrosas redes de narcotráfico que en el pasado conectaron al Ministerio del Interior con cárteles regionales. El turismo y la inversión extranjera se convirtieron en el coto privado de la élite militar, una fuente inagotable de recursos que hoy se ha secado.
En la actualidad, los intermediarios estatales se han erigido como un negocio obligatorio y asfixiante dentro de la maquinaria. Para contratar personal, importar insumos, realizar distribuciones mayoristas o simplemente obtener aprobaciones de proyectos, los empresarios deben pasar por estas entidades parasitarias. Estos intermediarios encarecen cualquier operación, multiplican la corrupción y son la verdadera plataforma que sostiene la economía sumergida del régimen. Las recientes reformas anunciadas ignoran este eslabón fundamental, demostrando una vez más la desconexión absoluta de la cúpula con la realidad económica.
Contexto histórico y crisis estructural
Cuba atraviesa su peor crisis económica desde los años noventa, agravada por un sistema energético en colapso, escasez crónica de combustible y la incapacidad del gobierno cubano para garantizar servicios básicos, elementos fundamentales para sostener una industria turística competitiva. La falta de suministro eléctrico constante ha llevado a que muchos hoteles operen con generadores, encareciendo los costos operativos y degradando la experiencia del visitante. Esta situación ha derivado en una pérdida de reputación del destino en los mercados tradicionales, como Canadá y Europa, donde los turistas exigen estándares de calidad que la isla ya no puede ofrecer.
Además, la estructura económica de la isla responde a los intereses de GAESA, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas, que controla la mayor parte del sector turístico, hotelero y de importaciones. Este monopolio impide la libre competencia y somete a los socios extranjeros a las directrices de la cúpula militar. La dependencia de un modelo que prioriza la captación de divisas para el sostenimiento del aparato represivo, en detrimento del desarrollo nacional, ha generado un callejón sin salida. La caída del flujo de turistas rusos y la migración masiva de trabajadores del sector hacia la economía privada o el extranjero han dejado a la industria sin capital humano ni capacidad operativa.
Un destino que se repite a sí mismo
Las advertencias desde el propio sector empresarial aliado a la dictadura, como las emitidas por Preferente, confirman que el declive no es producto de una supuesta «propaganda maliciosa», como afirman desesperadamente los directivos de Meliá, sino de la naturaleza intrínseca del sistema. El régimen de La Habana ha repelido a los turistas y a los inversores no por falta de potencial geográfico o cultural, sino por la codicia, la ineptitud y la corrupción que definen su gestión. Han sido demasiado corruptos y ciegos para admitir que el principal obstáculo para el desarrollo es su propia existencia.
Las medidas tardías y desesperadas del gobierno cubano no lograrán revertir la fuga de capital ni la pérdida de atractivo turístico. Sin «vacas que ordeñar», la burocracia parasitaria se enfrenta a su propio agotamiento. La desaparición del turismo cubano del mapa mundial no es un accidente coyuntural ni una consecuencia de sanciones externas, sino el resultado lógico y final de un modelo político y económico que ha privilegiado el saqueo, el control absoluto y la represión sobre la prosperidad y la dignidad de la nación.
