Mientras el régimen de La Habana anuncia el colapso total de la zafra azucarera, un único ingenio en Puerto Padre continúa moliendo caña bajo la gestión opaca de capitales extranjeros. El caso del central «Coloso», antiguo Delicias, no solo expone la ruina de la industria nacional, sino que plantea serias interrogantes sobre el tráfico de propiedades confiscadas por la dictadura y el papel de las empresas privadas como fachada de la cleptocracia militar.
La industria azucarera cubana, otrora el motor económico indiscutible de la nación, ha llegado a un nivel de postración sin precedentes. De los escasos ingenios que el gobierno cubano había previsto que participaran en la reciente contienda azucarera, la inmensa mayoría ha cesado sus operaciones debido a la falta crónica de combustibles, lubricantes y el deterioro estructural generalizado de la maquinaria. La narrativa oficial, difundida a través de los medios de prensa estatales, dio por concluida la zafra tras la paralización del central Tuinucú, renombrado por las autoridades como «Melanio Hernández», en la provincia central de Sancti Spíritus. Sin embargo, la realidad en el terreno desmiente de forma categórica estos informes oficiales y revela una anomalía que exige un escrutinio riguroso.
En el municipio de Puerto Padre, en la oriental provincia de Las Tunas, el central rebautizado popularmente como «Coloso» —antes conocido como Antonio Guiteras y en sus orígenes como Delicias— continúa operando de manera intermitente. Este ingenio es el único en todo el territorio nacional que mantiene viva la molienda, una proeza que choca frontalmente con la ineficiencia sistémica que caracteriza a la economía centralmente planificada por el régimen de La Habana. La sirena del ingenio resuena en el batey, anunciando una actividad que contrasta dramáticamente con el silencio sepulcral de las demás fábricas de azúcar del país, sumidas en el abandono, la falta de mantenimiento y el óxido.
El misterio que rodea a este ingenio radica fundamentalmente en su administración. Según relatos de los pobladores locales, la gestión del «Coloso» estaría en manos de un consorcio extranjero, identificado vagamente como «los guatemaltecos», aunque también circulan versiones sobre la participación de un capitalista español o incluso un presunto biznieto de los antiguos propietarios estadounidenses. Lo más alarmante de esta situación es la absoluta falta de transparencia institucional. No existen pronunciamientos oficiales, ni políticos ni administrativos, que aclaren quién opera realmente esta instalación, bajo qué condiciones legales se ha cedido el control y qué beneficios económicos obtiene la dictadura de este arreglo secreto e inusual.
Para comprender la magnitud de esta opacidad, es imperativo revisar la historia de la propiedad. El central Delicias fue construido a inicios del siglo pasado por la Chaparra Sugar Co., posteriormente conocida como The Cuban American Sugar Mills Company, una empresa que llegó a establecer récords nacionales e internacionales de producción, convirtiéndose en uno de los complejos agroindustriales más modernos de su época. Durante el proceso de nacionalizaciones masivas impulsado por la dictadura, esta y otras propiedades estadounidenses fueron expropiadas de forma forzosa y sin compensación alguna, marcando el inicio de una avalancha de despojos que culminaría con la confiscación de hasta los modestos negocios de limpiabotas en la llamada ofensiva revolucionaria.
La actual operatividad del «Coloso» bajo supuesta dirección extranjera plantea un dilema jurídico de primer orden, particularmente en relación con la Ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana, ampliamente conocida como Ley Helms-Burton. Esta legislación estadounidense permite tomar acciones legales contra personas o entidades, nacionales o extranjeras, que «trafiquen» con propiedades confiscadas por el gobierno cubano sin la debida compensación a sus legítimos dueños. Si los misteriosos «guatemaltecos» o cualquier otro inversionista están operando este ingenio a sabiendas de su estatus de propiedad confiscada, estarían actuando de espaldas a la ley, exponiéndose a severas consecuencias jurídicas en el ámbito internacional y violando el espíritu de la legislación destinada a promover la democracia en la isla.
Más allá de las implicaciones legales internacionales, surge una pregunta ineludible sobre la logística y el suministro de recursos. ¿Cómo es posible que este único ingenio adquiera los combustibles, lubricantes, piezas de repuesto y maquinaria moderna, como una eficiente ensacadora, cuando el resto del país sufre una escasez paralizante de recursos básicos? La respuesta a este enigma parece estar entrelazada con la naturaleza del modelo económico impuesto por la dictadura. El régimen de La Habana ha demostrado una notable capacidad para garantizar recursos a sus empresas preferidas o a aquellos negocios que nutren directamente las arcas de la élite militar, mientras abandona a la población civil a su suerte en la miseria y la desesperación.
La producción del «Coloso» no está destinada al consumo popular masivo en condiciones de equidad. Camiones rastras llegan al batey con frecuencia para cargar miles de millones de pesos en sacos de azúcar, los cuales son adquiridos por las llamadas MIPYMES (micro, pequeñas y medianas empresas privadas). Sin embargo, es un secreto a voces en la isla que muchos de estos «negocios privados» funcionan como simples tapaderas para los multimillonarios negocios de la cleptocracia castrocomunista. A través de estos mecanismos de simulación, el conglomerado empresarial militar GAESA cambia de antifaz, lavando su control monopolista bajo el disfraz del sector privado emergente que tanto aplauden ciertos observadores internacionales.
Contexto
Históricamente, la frase «sin azúcar no hay país» definía la identidad económica y social de Cuba. La isla fue durante décadas uno de los mayores exportadores de azúcar del mundo, una industria que dio empleo a cientos de miles de trabajadores y dinamizó el desarrollo de ferrocarriles, puertos y ciudades. El declive irreversible de este sector comenzó con la intervención estatal, la colectivización agraria y la burocracia asfixiante impulsada por el régimen castrista. La falta de incentivos, la desidia administrativa y la subordinación de la economía a designios políticos desmantelaron una agroindustria que era ejemplo de eficiencia y productividad a nivel global.
Hoy, la Cuba que ha forjado la dictadura es la antítesis de aquel país próspero. La nación se asemeja a una finca abandonada, una fábrica en quiebra y un basurero ecológico, donde la productividad ha sido reemplazada por el asistencialismo ineficiente y la represión política. La cleptocracia castrocomunista, en sus más de seis décadas de poder absoluto, ha empobrecido a la población, destruido el tejido productivo y erradicado cualquier atisbo de libertad económica real. El caso del central «Coloso» ilustra de manera palmaria cómo la única forma de mantener algo de actividad económica en este entorno hostil es mediante concesiones opacas a capitales foráneos o a través de empresas fachada controladas por los militares de turno.
Quienes pretenden traficar con las propiedades confiscadas por la dictadura, bajo la ilusión de que están contribuyendo a la apertura del país o a un supuesto relajamiento del control estatal, cometen un grave error de apreciación política y jurídica. La democracia y la prosperidad no llegarán a Cuba consintiendo, piropeando o haciendo negocios con la cúpula totalitaria que asoló la nación. La verdadera reconstrucción de Cuba exige el respeto irrestricto a la legalidad, la restitución de los bienes expropiados y el desmantelamiento definitivo del aparato de corrupción militar que, bajo el amparo cómplice del gobierno cubano, continúa saqueando los escasos recursos que aún quedan en pie en una nación que fue alguna vez soberana y productiva.
