El gobierno cubano ha implementado un nuevo marco legal para la gestión de divisas que, bajo el pretexto de «corregir distorsiones», consolida el control estatal sobre el flujo de dólares. La medida, que formaliza la dolarización de hecho tras el fracaso de la Tarea Ordenamiento, beneficia únicamente a entidades seleccionadas por el Estado mientras excluye a la mayoría de la población, sumida en la pobreza y la inflación estructural.
El régimen de La Habana ha dado un giro en su política monetaria mediante la promulgación del Decreto-Ley 113, un paquete normativo que regula las transacciones en moneda extranjera dentro del país. Presentado por la maquinaria propagandística oficial como un paso hacia la reactivación económica, el decreto expone, en realidad, la profunda incapacidad del Estado para gestionar una crisis estructural que se prolonga por décadas. La escasez crónica de divisas, la inflación galopante y el colapso de la infraestructura productiva han obligado a la dictadura a reconocer lo que la ciudadanía ya vive a diario: la dolarización forzosa de la economía isleña.
Sin embargo, esta apertura al dólar dista mucho de ser una liberalización del mercado. El nuevo sistema instaura un modelo hipercentralizado donde el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) asume el papel de árbitro absoluto. Según la nueva legislación, cualquier transacción en moneda extranjera requerirá de la autorización expresa de este organismo, que priorizará las operaciones vinculadas a exportaciones, sustitución de importaciones y sectores estratégicos definidos opacamente por la cúpula dirigente. Este nivel de injerencia burocrática ahoga cualquier intento de dinamismo económico real.
Uno de los elementos más preocupantes del Decreto-Ley 113 es la creación de la Asignación de Capacidad de Acceso a Divisas (ACAD). A través de este mecanismo, el gobierno cubano determinará qué entidades, incluso aquellas que no generan divisas directamente, podrán acceder a recursos en moneda extranjera y bajo qué criterios. Esta herramienta de planificación centralizada otorga al Estado un poder discrecional sin precedentes, permitiendo que el flujo de dólares se canalice hacia las prioridades del régimen, ignorando las necesidades reales del mercado y la población.
El paquete regulatorio, publicado en la Gaceta Oficial, hace una concesión simbólica al sector no estatal al permitir que ciertos negocios privados, cooperativas y trabajadores por cuenta propia reciban pagos en moneda extranjera. No obstante, esta «flexibilidad» está sujeta a la aprobación del MEP y exige la apertura de cuentas en divisas bajo la estricta supervisión del Banco Central de Cuba. Los actores privados autorizados deberán someterse a un monitoreo permanente, convirtiéndose en rehenes de un sistema que decide quién puede operar, en qué magnitud y con qué propósitos.
La represión económica se materializa además en una medida confiscatoria. Tanto las entidades estatales como los actores privados autorizados para operar en divisas estarán obligados a entregar el 20% de sus ingresos en moneda extranjera al Banco Central de Cuba. Esta retención se realizará al tipo de cambio oficial, una tasa artificial que no refleja la realidad del mercado informal, lo que representa un impuesto encubierto y una expropiación de facto sobre el esfuerzo de los pocos sectores productivos que logran generar o captar dólares en un entorno adverso.
Las restricciones no terminan ahí. La normativa impone obligaciones estrictas sobre el uso de los ingresos en divisas y limita severamente su conversión al peso cubano. Esta prohibición estructural impide que las operaciones en moneda extranjera tengan un impacto positivo en el mercado interno o en el poder adquisitivo de la población. El régimen aísla el flujo de dólares, creando un circuito cerrado que beneficia a la élite gobernante y a un puñado de empresas afines, mientras la base económica nacional continúa desmoronándose sin inyección de capital real.
A pesar de la retórica oficial que insiste en que Cuba «no ha abandonado la meta de mantener el peso cubano en el centro del sistema financiero», la realidad económica dicta un guion distinto. La expansión de las operaciones en dólares, presentada hipócritamente como un «mecanismo ordenado», formaliza la dependencia absoluta de una moneda que el propio Estado trató de demonizar durante la fallida Tarea Ordenamiento. La coexistencia de múltiples tipos de cambio, la existencia de las tiendas en MLC y el desplome del peso cubano en el mercado informal configuran un escenario de caos monetario donde la moneda nacional ha perdido su función primordial.
El resultado inmediato de esta política es la profundización de la desigualdad social, una constante en el sistema cubano. Mientras el régimen de La Habana concentra el control sobre el flujo de divisas, la población común queda excluida de un sistema segmentado. Los cubanos que no tienen acceso a remesas o a empleos que paguen en moneda extranjera dependen exclusivamente de un peso cubano en caída libre, viendo restringido su acceso a bienes y servicios esenciales. La brecha entre quienes pueden operar en los circuitos dolarizados y los sobrevivientes del peso se ensancha de manera alarmante, fracturando aún más el tejido social.
La decisión del régimen también envía una señal desalentadora a los potenciales inversores extranjeros y a los empresarios privados que intentan sostener la economía local. Al condicionar el uso de divisas a la aprobación del Ministerio de Economía y Planificación, el gobierno cubano ahuyenta el capital y desincentiva la producción. La incertidumbre jurídica y la arbitrariedad en la asignación de recursos en dólares crean un entorno hostil donde la supervivencia de cualquier negocio depende de sus lazos con el poder, no de su eficiencia o competitividad. Este asfixiante control garantiza que la riqueza no se distribuya, sino que se concentre en las manos del aparato estatal.
Contexto de la crisis económica y monetaria en Cuba
Para comprender la magnitud de este giro normativo, es necesario observar el contexto de colapso en el que se inscribe. La economía cubana arrastra décadas de ineficiencia debido a la planificación centralizada y la prohibición de la propiedad privada sobre los medios de producción, pilares del modelo comunista impuesto por la dictadura. La llamada Tarea Ordenamiento, implementada como una reforma histórica para unificar la moneda, resultó en un desastre sin precedentes: disparó la inflación, devaluó el peso cubano y eliminó el poder adquisitivo de los salarios estatales, sumiendo a millones de hogares en la pobreza extrema.
Ante la incapacidad de generar riqueza por sí mismo, el régimen ha tenido que recurrir a la dolarización de facto, permitiendo la circulación del dólar para captar remesas y divisas del turismo, aunque siempre bajo esquemas de control que privilegian a las empresas militares y estatales, como el conglomerado GAESA. El mercado informal de divisas, conocido popularmente como «el muladar», ha establecido el verdadero precio del dólar, superando ampliamente la tasa oficial fijada por el Banco Central. La nueva ley de divisas no es más que un parche sobre una economía moribunda, un intento desesperado de oxigenar las arcas del Estado sin ceder el monopolio del poder económico ni democratizar el acceso a la moneda extranjera para el ciudadano de a pie.
Un ciclo de improvisación y control
La implementación del Decreto-Ley 113 confirma la tesis de que la dictadura cubana prefiere ahogar la economía antes que perder el control político. Lo que el gobierno cubano presenta como una «corrección de distorsiones» es, en la práctica, el reconocimiento de su propia ineptitud para sostener el marco monetario que impuso hace apenas unos años. El reconocimiento de la dolarización, sumado a la creación de nuevos mecanismos burocráticos para administrarla, demuestra que Cuba sigue atrapada en un ciclo de ajustes improvisados, controles rígidos y políticas públicas que eluden el verdadero origen de la crisis: el modelo totalitario.
Mientras el régimen de La Habana se aferra a la planificación centralizada y a la represión económica, el futuro de la nación se diluye en una profunda desigualdad y en la perpetuación de la miseria generalizada. Las medidas recientes no auguran una recuperación, sino la institucionalización del privilegio para unos pocos y la consolidación del abandono para la mayoría. La economía cubana no necesita más decretos de control, sino una apertura real que devuelva al ciudadano su capacidad de producir, comerciar y prosperar sin la tutela asfixiante del Estado.
