En medio de la profunda crisis alimentaria que asfixia a la isla, las declaraciones de un exdirigente agrícola sugiriendo que el consumo de arroz y papa no es parte intrínseca de la cultura cubana han desatado una ola de indignación. El intento de rectificación del funcionario evidencia la desconexión de la cúpula dirigente y el colapso del modelo centralizado impuesto por el gobierno cubano para la producción de alimentos.
Roberto Caballero Grande, exmiembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales, ha salido al paso de la tormenta mediática generada por sus recientes declaraciones en la televisión estatal. Tras ser blanco de críticas, burlas y un sinnúmero de memes en las redes sociales, el especialista utilizó su perfil de Facebook para intentar limpiar su imagen, argumentando que sus palabras fueron malinterpretadas. Sin embargo, sus explicaciones no logran ocultar una realidad mucho más profunda y dolorosa: la incapacidad estructural del régimen de La Habana para garantizar la alimentación básica de su población.
En su prolongado texto de descargo, Caballero Grande se apresuró a deslindar su responsabilidad institucional, aclarando que no pertenece al Ministerio de la Agricultura ni a ninguna entidad estatal desde hace más de dos décadas. El también exfuncionario aseguró que fue apartado de sus cargos a inicios de siglo «por decir lo que piensa», un detalle que arroja luz sobre la naturaleza intolerante de la dictadura, donde disentir, proponer alternativas o señalar errores fuera del guion oficial suele ser castigado con la marginación profesional y el ostracismo.
El técnico agrícola negó tajantemente haber propuesto eliminar el arroz o la papa de la canasta básica de los cubanos. «NUNCA dije que había que quitar al pueblo el arroz y la papa», enfatizó, intentando apaciguar los ánimos de una población harta de privaciones. No obstante, su argumento central sigue girando en torno a la idea de que la población debe adaptar su dieta a cultivos «menos exigentes de insumos», una eufemística manera de aceptar que el Estado no tiene los recursos, ni la voluntad política, ni la capacidad para sostener la producción de los alimentos que históricamente han sustentado a la nación.
La polémica original se desató cuando Caballero afirmó en la pantalla estatal que comer arroz «no es un hábito cubano», una afirmación que ofende directamente a la idiosincrasia y la memoria culinaria del país. Para millones de ciudadanos que batallan diariamente durante horas bajo un sol abrasador para conseguir un puñado de granos en mercados desabastecidos, escuchar a un supuesto experto negar su tradición alimentaria suena a burla institucional. El arroz y la papa no son simples alimentos en la isla; son el ancla de supervivencia ante la hiperinflación, la devaluación del salario y la escasez extrema que define la cotidianidad.
En su defensa, el exdirigente reconoció la falta crónica de insumos para la producción agrícola, una admisión que, aunque tardía, confirma el desastre del sector. Caballero Grande admitió que esta situación se arrastra desde hace años sin que se haya traducido en soluciones concretas ni en mejoras en la disponibilidad de alimentos. Esta confesión es una acusación directa, aunque velada, contra las políticas del gobierno cubano, que han priorizado el control político absoluto sobre el desarrollo técnico, logístico y económico del campo, ahogando cualquier intento de prosperidad agraria.
El funcionario sostuvo que el énfasis histórico en alcanzar grandes volúmenes de arroz ha provocado el descuido de otros cultivos, derivando en una escasez generalizada donde «nos quedamos sin el uno ni el otro». Este análisis, aunque agronómicamente plausible en otras latitudes, resulta profundamente cínico en el contexto cubano. La falta de diversificación no es una elección técnica del agricultor, sino una consecuencia directa de la falta de incentivos, la propiedad estatal monopolista, la confiscación de la iniciativa privada y el asfixiante sistema de acopio que ha caracterizado al régimen desde sus inicios.
Sobre la papa, otro de los tubérculos fundamentales en la dieta nacional, Caballero prefirió no profundizar, alegando que más de la mitad del país apenas la consumió incluso en los años de mayor producción. Esta afirmación expone la profunda desigualdad geográfica en la distribución de alimentos que sufre la isla. La concentración de los escasos recursos en La Habana y algunas capitales provinciales deja al resto del país en el abandono, profundizando la fractura social y territorial que el discurso oficialista se empeña en negar.
La intervención de Caballero Grande llega en un momento crítico, donde las políticas aplicadas por el régimen solo han conducido, según sus propias palabras, a «escasez extrema e inflación». El deterioro del poder adquisitivo ha convertido la comida en un artículo de lujo inalcanzable para quienes dependen de un salario estatal. Mientras la cúpula dirigente y sus allegados acceden a mercados en divisas, tiendas en dólares y a circuitos de distribución opacos, la población común se ve obligada a ingeniárselas en el mercado negro, depender de las remesas o simplemente pasar hambre.
El colapso del campo cubano: herencia del control estatal
Para entender la magnitud y el absurdo de las declaraciones de Caballero Grande, es imperativo observar el contexto histórico y económico de la agricultura en Cuba. Desde las primeras Reformas Agrarias, el régimen de La Habana monopolizó la propiedad de la tierra y estableció un modelo de planificación central que ignora las leyes del mercado y las necesidades del productor. La creación de las cooperativas de producción agropecuaria y las unidades básicas de producción cooperativa no lograron revertir la ineficiencia, al estar atadas a la empresa estatal de Acopio, un sistema de compra y distribución que ahoga al campesino con precios fijados arbitrariamente, pagos tardíos y exigencias burocráticas insalvables.
A esto se suma la negativa histórica del gobierno cubano a permitir la libre asociación de los productores, la importación directa de insumos agrícolas, la compra de maquinaria y la venta directa al consumidor final. La dependencia de insumos importados que el propio Caballero menciona es el resultado directo de la destrucción de la industria nacional de fertilizantes y la falta de mantenimiento de la infraestructura de regadío. Ante la imposibilidad de competir o producir de manera rentable, miles de hectáreas de tierras fértiles han quedado baldías, invadidas por el marabú, un arbusto espinoso que se ha convertido en el símbolo inequívoco del abandono y la desidia estatal.
La crisis alimentaria actual es, por tanto, una crisis de gestión política y no de «hábitos de consumo». Sugerir que el pueblo cambie sus preferencias culinarias para adaptarse a la incapacidad productiva del Estado es una inversión inaceptable de la responsabilidad. La seguridad alimentaria de una nación no se construye pidiendo a la población que renuncie a sus tradiciones o que se conforme con cultivos de subsistencia, sino implementando políticas que liberen la fuerza productiva del campo, garanticen la propiedad privada sobre la tierra, permitan la libre circulación de mercancías y estimulen la inversión extranjera y nacional.
En definitiva, la polémica desatada por el exfuncionario trasciende el debate nutricional. Es un síntoma más del agotamiento de un sistema que, tras décadas de promesas incumplidas y experimentos socialistas fallidos, exige a los cubanos resignarse a la miseria. Mientras el régimen de La Habana continúe negando las libertades económicas y manteniendo su férreo control sobre la tierra y los recursos, el arroz y la papa seguirán siendo, para la inmensa mayoría, un lujo inalcanzable. No se trata de una cuestión de «hábitos», sino de pura supervivencia frente a la inoperancia y el fracaso irrefutable de la dictadura.
