Tras desatar una ola de rechazo en redes sociales y en la calle por sus declaraciones en la televisión estatal, el exdirigente agrícola Roberto Caballero Grande salió al paso de las críticas asegurando que sus palabras fueron malinterpretadas. Sin embargo, su intento de explicar la necesidad de «diversificar» la dieta obvia el problema central: la incapacidad estructural del régimen de La Habana para garantizar la alimentación básica de la población, sumida en una crisis profunda de escasez e inflación.
La polémica estalló cuando este exmiembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales afirmó en un espacio de la pantalla oficial que comer arroz no constituía un hábito tradicional de la isla. Sus palabras, pronunciadas en medio de la peor crisis alimentaria de las últimas décadas, fueron percibidas como una burla por millones de cubanos que luchan a diario por conseguir una libra de arroz o unas pocas papas para alimentar a sus familias. La indignación no se hizo esperar, materializándose en críticas, sátiras y un repudio generalizado que obligó al funcionario a romper su silencio.
A través de una publicación en su perfil de Facebook, Caballero Grande intentó matizar sus declaraciones. El técnico agrícola comenzó por deslindar su responsabilidad institucional, aclarando que no pertenece al Ministerio de la Agricultura ni a ninguna entidad estatal desde hace más de dos décadas. Esta aclaración resulta reveladora, pues evidencia cómo el aparato propagandístico del gobierno cubano recurre a supuestos expertos independientes para justificar los fracasos de sus políticas, dejándolos expuestos cuando la reacción pública se vuelve adversa.
En su extenso texto, el ahora analista argumentó que nunca propuso eliminar el arroz o la papa de la mesa del cubano, sino que abogaba por una dieta «sana y balanceada» que no dependiera exclusivamente de uno o dos productos. Sin embargo, este planteamiento nutricionista resulta no solo irónico, sino profundamente desconectado de la realidad. Hablar de balance dietético en un país donde conseguir un solo tipo de alimento ya es una odisea diaria demuestra la ceguera de ciertos sectores técnicos frente al colapso sistémico que sufre la nación.
Caballero Grande reconoció en su misiva la falta crónica de insumos para la producción agrícola, un problema que, admitió, se arrastra desde hace años sin que las autoridades hayan traducido en soluciones concretas. No obstante, su diagnóstico omite la causa raíz de este desabastecimiento: el modelo económico centralizado y estatizante impuesto por la dictadura, que asfixia a los productores privados, monopoliza la distribución y fracasa sistemáticamente en la importación de fertilizantes y maquinaria debido a la falta de divisas y la mala gestión administrativa.
El exfuncionario defendió la necesidad de priorizar cultivos «menos exigentes» en insumos, culpando implícitamente al énfasis histórico en el arroz por el descuido de otros alimentos. Esta afirmación constituye una tergiversación de la historia agrícola nacional. El descuido de la agricultura no radica en la elección de un cultivo sobre otro, sino en la ineficacia del Estado como propietario y administrador de las tierras y recursos. La escasez generalizada es el resultado directo de la falta de incentivos, la confiscación de cosechas por parte de las empresas de acopio y la represión contra el sector privado emergente.
Respecto a la papa, otro de los alimentos símbolo de la canasta básica, Caballero prefirió no profundizar, argumentando que más de la mitad del país apenas ha tenido acceso a este tubérculo, incluso en los años de mayor producción. Esta afirmación, aunque busca justificar su postura, en realidad destapa una de las mayores injusticias del sistema de distribución del régimen de La Habana: la concentración de alimentos en la capital y en capitales provinciales selectas, mientras vastas regiones del interior de la isla padecen un abandono total y una marginación alimentaria estructural.
Ante los rumores de una posible destitución, el técnico agrícola se apresuró a señalar que fue apartado de sus cargos a inicios de este siglo «por decir lo que piensa». Esta narrativa de perseguido interno es recurrente en figuras que alguna vez formaron parte de las estructuras de poder y que ahora buscan distanciarse del desastre actual. Sin embargo, su crítica se queda corta: atribuir la crisis a una simple falta de «diversificación» es lavarse las manos ante la responsabilidad civil y moral que tiene la tecnocracia cubana en el sostenimiento de un modelo que ha conducido a la pobreza extrema.
Las declaraciones de Caballero Grande y su posterior intento de rectificación ocurren en un escenario de deterioro acelerado. Los cubanos no defienden el arroz y la papa por una cuestión de capricho o tradición inamovible, sino porque representan la única forma viable de calmar el hambre ante la desaparición de proteínas, lácteos y vegetales del mercado. Estos alimentos se han convertido en los últimos baluartes de supervivencia en una economía de subsistencia, donde el poder adquisitivo ha sido destruido por una inflación galopante que el Banco Central del gobierno cubano es incapaz de controlar.
El colapso agrícola y la desconexión del poder en Cuba
Para entender la magnitud de la indignación que generaron las declaraciones originales, es necesario observar el contexto de la crisis alimentaria que atraviesa la isla. La producción nacional de arroz y papa ha caído drásticamente en los últimos años, pasando de ser pilares de la autosuficiencia a depender de importaciones que el Estado no puede costear. Los planes de siembra se incumplen año tras año, las tierras estatales se mantienen improductivas, invadidas por el marabú, y la burocracia asfixia cualquier intento de autonomía por parte de los campesinos y cooperativistas.
El régimen de La Habana ha optado por la vía de la justificación discursiva en lugar de la solución práctica. En lugar de liberalizar la agricultura, permitir la importación directa de insumos por parte de los productores y eliminar el monopolio del acopio estatal, el gobierno cubano prefiere enviar mensajes a la población para que se «acostumbren» a comer menos o a cambiar sus hábitos. Es en este marco de cinismo institucional donde se inscriben las apariciones televisivas de supuestos expertos sugiriendo que la culpa de la escasez es de la dieta del cubano, y no de la ineficiencia del sistema totalitario.
La polémica desatada por Roberto Caballero Grande trasciende el debate nutricional. Es un síntoma más de la fractura profunda entre la dirigencia y la ciudadanía. Mientras los cubanos se levantan antes del amanecer para hacer colas interminables bajo el sol con el objetivo de conseguir un puñado de granos, la televisión estatal emite discursos sobre teorías agrícolas y hábitos alimentarios. La verdadera pregunta no es si el arroz es o no un hábito cubano, sino cuánto tiempo más tolerará el pueblo que una dictadura le quite, además de sus libertades fundamentales, el derecho elemental a decidir qué poner en su propio plato.
