La Habana cierra un ejercicio marcado por la profundización de la crisis estructural que atraviesa la isla, con un costo de la vida que multiplica por siete el salario medio, un sistema sanitario desbordado por epidemias simultáneas y una represión sistemática contra cualquier expresión de descontento ciudadano, configurando uno de los peores balances sociales y económicos de las últimas décadas.
El encarecimiento del costo de vida ha alcanzado niveles que sitúan a la inmensa mayoría de la población por debajo del umbral de la pobreza extrema según estándares internacionales. El gasto mensual básico de un hogar cubano se calcula en torno a los 40 mil pesos, frente a un salario promedio que apenas supera los seis mil. Esta brecha, consecuencia directa de la parálisis productiva interna y la dependencia creciente de importaciones que el régimen de La Habana no logra financiar, ha empujado al 89% de la población a una situación de indigencia documentada por organismos independientes. Las manifestaciones más visibles de este deterioro son la escasez prolongada de gas licuado y agua potable, que ha obligado a miles de familias a recurrir a la leña, el carbón o el aserrín para cocinar, y la creciente presencia de menores pidiendo dinero o alimentos en las calles, un fenómeno que contrasta frontalmente con las narrativas oficiales sobre bienestar social.
La desconexión del poder con la realidad cotidiana quedó expuesta de manera particularmente escandalosa con las declaraciones de la entonces ministra de Trabajo y Seguridad Social, Martha Elena Feitó, quien afirmó públicamente que en Cuba no existían mendigos, sino personas \»disfrazadas de indigentes\» para obtener dinero fácil. Sus palabras fueron aplaudidas en la Asamblea Nacional, pero la indignación ciudadana fue tal que la presión social la obligó a dimitir. El episodio refleja no solo la falta de empatía de la cúpula dirigente, sino la incapacidad del ejecutivo cubano para reconocer el fracaso de sus políticas sociales más básicas.
Corrupción en la cúpula y secretismo institucional
El caso de Alejandro Gil, exministro de Economía y Planificación, condenado a cadena perpetua por espionaje, corrupción y lavado de activos, constituye uno de los episodios más opacos del año. El gobierno cubano no ha facilitado detalles sobre los destinatarios del supuesto espionaje, la naturaleza exacta de los actos de corrupción ni las posibles complicidades dentro de la estructura de poder. Este hermetismo procesal, habitual en los juicios contra figuras del régimen, ha reforzado la percepción ciudadana de que Gil funciona como chivo expiatorio destinado a acallar un escándalo que probablemente involucra a otros altos cargos del aparato estatal.
Represión a estudiantes y dolarización del acceso a Internet
En junio, la dolarización y encarecimiento del acceso a Internet por parte de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba provocó una protesta estudiantil que se extendió desde la Universidad de La Habana a facultades de varias provincias. Los estudiantes convocaron un cese de actividades lectivas hasta que se revirtiera una medida que calificaron de excluyente y abusiva. La dictadura respondió primero con hostigamiento y amenazas de expulsión, y posteriormente con una supuesta mesa de negociación integrada mayoritariamente por representantes favorables al poder. El tarifazo se mantuvo intacto. La forma en que fue sofocada la protesta refrendó el carácter antipopular del gobierno de Díaz-Canel y evidenció su fracaso rotundo en el intento de ganarse el respaldo de las nuevas generaciones, cada vez más proclives al exodo migratorio que a la adhesión al sistema.
Crisis sanitaria con múltiples epidemias simultáneas
Un brote viral de proporciones nacionales, originado en Matanzas y minimizado inicialmente por las autoridades de Salud Pública, ha derivado en la peor crisis sanitaria de los últimos años. La coexistencia de chikungunya, fiebre de Oropouche, influenza y varios serotipos de dengue ha superado los 47 mil casos confirmados, con un balance de al menos 55 fallecidos admitidos oficialmente, la mayoría menores de edad. El sistema de salud, desbordado y carente de recursos básicos, con farmacias vacías y sin personal suficiente para campañas de fumigación, ha demostrado su incapacidad para enfrentar una emergencia de esta magnitud. Miles de cubanos atraviesan una convalecencia prolongada y dolorosa que les impide retomar sus actividades en un contexto donde la mera supervivencia diaria ya constituye un desafío extraordinario.
Tragedia en Centro Habana y silencio oficial
El atropellamiento masivo ocurrido en agosto en el municipio de Centro Habana, donde un ciudadano italiano residente en Cuba identificado como Mario Pontolillo causó la muerte de una mujer de 35 años y lesionó a otras ocho personas, figura entre las tragedias más impactantes del año. A pesar de la gravedad y excepcionalidad del suceso, las autoridades no han ofrecido información sobre el proceso penal ni sobre posibles compensaciones a las familias afectadas, manteniendo un patrón de opacidad informativa que se extiende a prácticamente todos los ámbitos de la gestión pública.
El conjunto de estos episodios dibuja un panorama en el que el colapso económico, la degradación sanitaria y la represión política se retroalimentan sin que el régimen ofrezca vías de salida creíbles. La comunidad internacional mantiene una posición de tibias condenas y escasa presión efectiva, mientras la ciudadanía cubana continúa soportando las consecuencias de un modelo que ha demostrado su agotamiento terminal. La pregunta que se impone ante este balance no es si la crisis se profundizará, sino durante cuánto tiempo más la población podrá sostener un nivel de precariedad que ya ha rebasado todos los límites conocidos.
