En medio de la peor crisis alimentaria de las últimas décadas, un espacio de la televisión estatal se ha atrevido a cuestionar los hábitos de consumo de la población, sugiriendo que la escasez de arroz y papa se debe a que estos alimentos «no son propios» de la isla. La dictadura cubana intenta reescribir la realidad culinaria y cultural del país para justificar su incapacidad estructural crónica para abastecer a su pueblo.
La pantalla de la Televisión Cubana vuelve a ser el escenario de declaraciones que rozan el absurdo y ofenden la inteligencia de la población. En una reciente emisión del programa «Cuadrando la caja», conducido bajo el paraguas de una supuesta crítica constructiva desde el socialismo, funcionarios y expertos del régimen de La Habana se dedicaron a desmontar la dieta básica del cubano. Ante la imposibilidad de explicar las estanterías vacías, la estrategia oficial ha sido culpar a los ciudadanos por anhelar alimentos que, según los voceros gubernamentales, no pertenecen a la idiosincrasia nacional.
El doctor Roberto Caballero Grande, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales, fue el encargado de lanzar la polémica. Con un tono aleccionador, Caballero Grande afirmó que la papa «no es un producto de Cuba», argumentando su origen andino y los altos costos de producción en la isla. Para sostener su tesis, relató una anécdota sobre un ciudadano italiano que cuestionaba por qué en Cuba se insistía en cultivar papa si se disponía de viandas tradicionales como el boniato, la yuca, el ñame y la malanga. La conclusión del experto fue que con los recursos destinados a la papa se podría «inundar al país» de estos tubérculos.
Sin embargo, la diatriba contra los hábitos alimenticios no se detuvo allí. El ataque se extendió al arroz, el pilar indiscutible de la mesa cubana y elemento central de platos tan arraigados como los moros y cristianos o el congrí. Caballero Grande calificó de «desmesurados» los niveles de consumo de este cereal y sentenció de manera categórica: «Nosotros no somos asiáticos. Eso no es un hábito cubano». Ante la lógica interpelación de la presentadora, quien recordó que el consumo de arroz ya forma parte de las tradiciones actuales, el funcionario respondió con una frialdad que retrata la política del gobierno cubano: «Eso se cambia», sugiriendo que la propia escasez obligará a la población a adaptarse a otros alimentos.
Estas declaraciones no son una simple extravagancia televisiva, sino el reflejo de una profunda desconexión entre la cúpula del poder y la realidad que viven millones de cubanos. La papa y el arroz no son lujos gastronómicos ni caprichos importados; son la base de la supervivencia diaria en un contexto de escasez crónica, inflación galopante y deterioro acelerado del poder adquisitivo. Tratar de convencer a una población hambrienta de que no necesita lo que come desde hace generaciones es una forma de manipulación psicológica y un intento burdo de evadir responsabilidades políticas y económicas.
El propio programa, que en teoría busca diagnosticar los problemas económicos del país, terminó exponiendo las verdaderas causas del desastre, aunque los invitados intentaran maquillarlas con discursos sobre la «agricultura sostenible» y la «soberanía alimentaria». Junto a Caballero Grande, el ingeniero José Carlos Cordovés Urquiza, director general de política industrial del Ministerio de la Industria Alimentaria, reconoció que la producción de alimentos en Cuba no satisface la demanda de la población. Ambos expertos enumeraron los factores reales de la crisis: la crisis energética, los daños meteorológicos, la dependencia absoluta de insumos externos y los severos problemas administrativos y financieros.
Cordovés Urquiza admitió que la industria alimentaria nacional está paralizada por la falta de recursos financieros para importar los volúmenes necesarios, un reconocimiento que contradice directamente la narrativa triunfalista que el régimen de La Habana intenta proyectar. Aunque el funcionario defendió la existencia de una infraestructura industrial creada durante décadas, la realidad es que esta se encuentra en estado de abandono. Caballero Grande incluso aludió a pérdidas masivas, señalando que más de la mitad de lo que se guardaba en frigoríficos se perdía antes de llegar al consumidor, un dato que demuestra el colapso de la cadena de frío y la ineficiencia logística del Estado.
Ante este escenario de fracaso total, la dictadura ha encontrado en la «agricultura sostenible» el eufemismo perfecto para justificar el regreso a métodos de producción precarios. Caballero Grande la definió como una agricultura eficiente, resiliente y socialmente justa, pero en la práctica cubana, este concepto se traduce en la falta de combustible para tractores, la ausencia de fertilizantes y pesticidas, y la obligación de usar animales de tiro para labrar la tierra. Es una «sostenibilidad» impuesta por la pobreza y la ineficiencia estatal, no por una convicción ecológica del gobierno cubano.
El agricultor cubano, asfixiado por un sistema que le impone precios topes mientras los costos de producción se disparan, es el principal rehén de esta política. Como señaló el propio experto en el espacio televisivo, el campesino no puede vender a un precio inferior a lo que le cuesta producir. Sin embargo, el Estado mantiene su monopolio de acopio, impidiendo la libre comercialización y ahogando cualquier intento de prosperidad en el sector agropecuario. La culpa de que el campo cubano no produzca no es del consumidor que quiere arroz, sino de un modelo totalitario que controla cada etapa del proceso productivo.
El debate sobre la soberanía alimentaria y la sustitución de importaciones es un mantra recurrente del régimen desde los años noventa, durante el llamado Periodo Especial. Entonces, al igual que ahora, se instó a la población a incorporar productos alternativos, desde la moringa hasta la harina de plátano, para paliar la falta de alimentos convencionales. Tres décadas después, la retórica es la misma, pero la crisis es mucho más profunda. La dependencia de importaciones no ha cesado, y la capacidad productiva interna se ha desmoronado bajo el peso de la centralización y la falta de incentivos.
El contexto del colapso agrícola en Cuba
Para comprender la magnitud del cinismo en las declaraciones televisivas, es necesario observar el contexto histórico de la agricultura en la isla. Antes de 1959, Cuba no solo era capaz de abastecerse de numerosos productos básicos, sino que mantenía un comercio agropecuario dinámico. La imposición del modelo soviético de cooperativas y granjas estatales destruyó la productividad del campo cubano. La tierra pasó a ser propiedad del Estado, y el campesino se convirtió en un simple asalariado sin incentivos para mejorar los rendimientos.
Con la desaparición del bloque socialista, el régimen de La Habana perdió su principal fuente de subsidios y insumos agrícolas. En lugar de liberalizar el sector y entregar la tierra en propiedad a quienes la trabajan, el gobierno cubano optó por entregar tierras en usufructo, manteniendo el control sobre los recursos, la distribución y los precios. Este esquema híbrido ha demostrado ser un fracaso rotundo, generando un país importador de alimentos que posee tierras fértiles ociosas e invadidas por el marabú.
La llamada Ley de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, promovida recientemente por la dictadura, no es más que un documento lleno de aspiraciones teóricas sin respaldo financiero ni estructura logística. Mientras los funcionarios aparecen en televisión para dar lecciones de nutrición y despotricar contra el consumo de arroz, los cubanos se levantan a las cuatro de la mañana para hacer colas interminables en busca de una escasa libreta de pan o un pollo rancio vendido en moneda libremente convertible, una divisa a la que gran parte de la población no tiene acceso.
Cierre
Pedirle a un pueblo sumido en la pobreza que cambie sus hábitos alimenticios porque el Estado es incapaz de producir o importar lo que tradicionalmente consume es el colmo del cinismo institucional. Las declaraciones vertidas en la televisión estatal no son más que un mecanismo de defensa del régimen de La Habana para exculparse de la hambruna que acecha a la nación. Mientras la dictadura siga negando la propiedad privada, el libre mercado y la iniciativa individual, no habrá vianda, raíz o cereal que pueda salvar a los cubanos de la miseria que le imponen sus propios gobernantes. El problema no es que los cubanos coman arroz; el problema es que el gobierno se ha comido el futuro de Cuba.
