El gobierno cubano ha detallado las reglas del nuevo sistema de transacciones en divisas, un mecanismo que legaliza una dolarización parcial de la economía pero condiciona el acceso al dólar a la autorización del Estado. La medida, envuelta en un discurso de «estabilización macroeconómica», consolida el control del régimen sobre la moneda extranjera, refuerza la vigilancia bancaria y deja en la marginación financiera a gran parte de los cubanos que no encajan en las áreas «priorizadas» por la dictadura.
El régimen de La Habana ha dado un paso más en la reconfiguración de su asfixiada economía al ofrecer detalles sobre el funcionamiento del Decreto-Ley 113, una norma que regula las transacciones en divisas dentro del país. Durante una reciente emisión del programa estatal Mesa Redonda, el ministro de Economía, Joaquín Alonso Vázquez, expuso las directrices de este nuevo sistema, dejando claro que el acceso a la divisa extranjera no será libre ni generalizado, sino estrictamente condicionado a los designios del Estado. La iniciativa se presenta oficialmente como parte del objetivo número uno del Programa de Gobierno para «corregir distorsiones y reimpulsar la economía», un eufemismo utilizado para enmascarar la profunda crisis estructural que atraviesa la isla.
En un reconocimiento tácito del fracaso de su política monetaria, Alonso Vázquez admitió que el Decreto-Ley 113 se inscribe en un proceso de dolarización parcial de la economía nacional. Aunque el funcionario calificó esta condición como «no deseada», sostuvo que resulta «imprescindible» en el contexto actual. Esta afirmación confirma lo que analistas y ciudadanos han señalado durante años: la pérdida total de soberanía monetaria por parte del régimen. La norma crea un marco legal para que las transacciones en divisas se realicen de forma oficial, intentando poner orden en un escenario caótico donde la economía ya opera bajo múltiples tasas de cambio y circuitos monetarios paralelos, fruto directo de la ineficacia gubernamental.
Sin embargo, la supuesta intención de evitar que las relaciones económicas «afecten o beneficien a unos u otros» choca frontalmente con el diseño del sistema, que establece nuevas y rígidas jerarquías de acceso. El objetivo explícito de la norma es ordenar la gestión, control y asignación de divisas, lo que en la práctica se traduce en un proceso de tres fases: primero, el Estado concentra la moneda extranjera; segundo, la controla a través de su aparato burocrático; y tercero, decide unilateralmente cómo se distribuye. El funcionario subrayó que el acceso a las divisas no puede producirse «a cualquier costo» y debe someterse a las normas del Estado, reforzando el monopolio financiero de la dictadura.
La exclusión es uno de los pilares de este nuevo esquema. Aunque el ministro detalló que el sistema abarca a todos los actores económicos —incluyendo empresas estatales, mipymes, cooperativas, trabajadores por cuenta propia y personas jurídicas extranjeras—, aclaró que quedan explícitamente fuera las personas naturales que no realizan actividad económica registrada. Esta cláusula deja en la marginación a gran parte de la población cubana, impidiéndole el acceso directo al sistema financiero formal en moneda extranjera. Además, incluso para los actores económicos incluidos, la operación en divisas estará limitada a aquellos cuyas actividades estén vinculadas a exportaciones, sustitución de importaciones u otras áreas «priorizadas», un criterio arbitrario definido por el gobierno cubano.
El control y la vigilancia son ejes transversales de esta nueva normativa. El gobierno cubano ha establecido una lista restrictiva de fuentes válidas de divisas, que incluye ingresos por exportaciones, comercio electrónico desde el exterior, financiamientos externos, donativos y operaciones en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. Para operar, los actores autorizados deberán abrir cuentas en divisas en el sistema bancario nacional, un proceso fuertemente regulado por el Banco Central de Cuba. Los solicitantes estarán obligados a informar detalladamente sobre sus proveedores, clientes y actividad económica, sometiéndose a procedimientos que garantizan la trazabilidad absoluta de cada operación financiera y consolidan el espionaje estatal sobre el sector privado.
En el ámbito de las empresas estatales, el régimen de La Habana aplica una lógica de captación de recursos. El ministro anunció que las empresas exportadoras podrán aplicar esquemas de autofinanciamiento que les permiten retener hasta el 80 % de sus ingresos en divisas, mientras que el 20 % restante será aportado obligatoriamente a la Caja Central. Para otras entidades estatales con menor necesidad de divisas, la asignación será «estrictamente necesaria» y cualquier remanente deberá entregarse al Estado. La justificación de este mecanismo se basa en que estas empresas reciben subsidios en moneda nacional, como energía e infraestructura a precios inferiores a su costo real, perpetuando el ciclo de dependencia y control del Estado sobre sus propias empresas.
La medida también representa una legalización selectiva de la escasez. Durante su intervención, Alonso Vázquez admitió que muchos actores económicos enfrentan dificultades para pagar suministros y recurren a mecanismos informales que los colocan en la ilegalidad. Sin embargo, la solución propuesta por el gobierno cubano no aborda las causas estructurales de fondo que generan esta situación. En lugar de abrir el mercado cambiario de manera libre y democratizar el acceso a la divisa, el nuevo modelo legaliza el uso de moneda extranjera únicamente para quienes cumplan con los requisitos y prioridades estatales, manteniendo en la clandestinidad y el mercado negro a quienes no encajen en ese esquema.
Contexto: Un país ahogado por el fracaso del «Ordenamiento Monetario»
Para comprender el alcance de este Decreto-Ley 113, es necesario remitirse al contexto económico que sufre la isla. La crisis actual es la consecuencia directa del llamado «Ordenamiento Monetario» implementado a inicios de la década, una reforma que pretendía unificar el sistema dual de monedas pero que detonó una hiperinflación sin precedentes, la caída del poder adquisitivo del salario y la desaparición de productos básicos del mercado estatal. Ante la incapacidad de la moneda nacional para sostener el comercio, la economía cubana se dolarizó de hecho, con el dólar y el euro circulando en un mercado paralelo que el régimen intentó combatir inicialmente con medidas represivas y multas, para luego claudicar ante la evidencia de su propio fracaso.
La dependencia de las remesas y del turismo, dos sectores en profunda decadencia debido a las políticas restrictivas y al deterioro de la infraestructura, ha obligado a la dictadura a buscar vías para captar la divisa que escapa a su control. El mercado informal cambiario opera con tasas que superan ampliamente las oficiales, generando una brecha insalvable entre la economía real y la contabilidad del Estado. En este escenario, el nuevo sistema de transacciones en divisas no es más que un parche legal para intentar succionar dólares del sector privado y de la población hacia las arcas del Estado, que sufre una severa escasez de liquidez para cumplir con sus compromisos internacionales y mantener el abastecimiento de su aparato represivo y burocrático.
Cierre: Control político por encima del bienestar económico
Lejos de representar una apertura o una liberalización económica, las precisiones ofrecidas por el régimen de La Habana confirman que el nuevo modelo consolida un sistema de apartheid financiero. La divisa circulará bajo autorización administrativa y supervisión permanente del Estado, penalizando a aquellos que no se alineen con las prioridades definidas unilateralmente por la cúpula gobernante. El gobierno cubano prefiere mantener un mercado estrangulado y bajo su absoluto control antes que ceder espacios de libertad económica a la ciudadanía.
El Decreto-Ley 113 es la prueba de que la dictadura antepone el control político a cualquier solución económica real. Mientras la población común continúa sufriendo el desabastecimiento, la inflación y la marginación, el régimen diseña mecanismos para asegurar su propia supervivencia financiera. Legalizar el dólar solo para los «elegidos» por el Estado no resolverá la profunda crisis cubana; simplemente reorganiza la miseria y garantiza que el aparato estatal siga siendo el único dueño de las llaves del mercado. La verdadera distorsión que sufre Cuba no es monetaria, sino política, y ninguna ley podrá reimpulsar la economía mientras el país permanezca secuestrado por un sistema totalitario que ahoga cualquier intento de prosperidad.
