El gobierno cubano ha detallado los pormenores del Decreto-Ley 113, una normativa que regula las transacciones en divisas y que, lejos de significar una apertura económica, consolida un modelo de dolarización selectiva y profundamente controlado por el Estado. Bajo la fachada de una necesaria estabilización macroeconómica, el régimen de La Habana excluye al ciudadano común de a pie y condiciona el acceso a la moneda extranjera a la adhesión a las prioridades dictadas unilateralmente por la cúpula gubernamental.
En una reciente emisión del programa estatal Mesa Redonda, el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, ofreció precisiones sobre el funcionamiento del nuevo sistema de transacciones en divisas dentro de la economía nacional. La presentación del Decreto-Ley 113 fue justificada como una herramienta indispensable para el objetivo principal del Programa de Gobierno, enfocado en «corregir distorsiones y reimpulsar la economía». Sin embargo, un análisis sobrio de la normativa revela que no se trata de una solución a la profunda crisis estructural, sino de un mecanismo para afianzar el monopolio estatal sobre los escasos recursos financieros del país.
El titular de Economía reconoció explícitamente que la isla se encuentra inmersa en un proceso de dolarización parcial, una condición que desde la oficialidad se califica como «no deseada», pero que en el contexto actual resulta «imprescindible». Esta admisión constituye una confirmación tácita del rotundo fracaso del llamado «Ordenamiento Monetario», la reforma implementada hace unos años que prometía unificar la moneda y estabilizar la economía, pero que terminó por desencadenar una hiperinflación rampante y un empobrecimiento generalizado de la población. Al legalizar parcialmente el uso del dólar, el régimen de La Habana acepta que su moneda nacional, el peso cubano, ha perdido gran parte de sus funciones básicas como reserva de valor y medio de cambio en transacciones significativas.
El núcleo de esta nueva legislación no radica en la liberalización del mercado cambiario, sino en el reforzamiento del aparato de control burocrático. Entre los objetivos explícitos de la norma se encuentra el de ordenar el sistema de gestión, control y asignación de divisas. El funcionario detalló una lógica perversa pero coherente con el sistema de economía centralizada: primero el Estado debe concentrar la moneda extranjera, luego controlarla a través del sistema bancario y, finalmente, decidir de manera discrecional cómo se distribuye. Este esquema garantiza que la divisa no fluya libremente según las leyes de oferta y demanda, sino que quede supeditada a las directrices del plan gubernamental.
La selectividad es la piedra angular de este nuevo diseño económico. El ministro especificó que el sistema abarca a diversos actores económicos, incluyendo empresas estatales, micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) tanto estatales como privadas, cooperativas, trabajadores por cuenta propia, campesinos y artistas. No obstante, la inclusión en este circuito de divisas no es un derecho, sino un privilegio condicionado. Solo podrán operar en moneda extranjera aquellos actores cuyas actividades estén vinculadas a la exportación, la sustitución de importaciones u otras áreas productivas y de servicios que el Estado considere «priorizadas». Este criterio, definido de forma unilateral, otorga al gobierno cubano el poder de decidir qué sectores prosperan y cuáles se asfixian financieramente.
El gran excluido de esta arquitectura financiera es el ciudadano común. La normativa deja explícitamente fuera de su alcance a las personas naturales que no realizan actividad económica registrada. Esta decisión profundiza el apartheid financiero que sufre la isla. Mientras que un sector privilegiado de la economía accede a la moneda fuerte para operar y sobrevivir, la inmensa mayoría de la población queda relegada a un mercado interno devaluado, sufriendo la escasez crónica de productos básicos y una inflación que erosiona diariamente sus salarios en pesos cubanos. La dictadura, de este modo, fragmenta aún más a la sociedad cubana, creando categorías de ciudadanos con derechos económicos radicalmente diferentes.
Para aquellos actores que logren obtener la anuencia estatal, el precio a pagar es la sumisión a una vigilancia bancaria exhaustiva. El gobierno cubano ha establecido que los actores autorizados deberán abrir cuentas en divisas en el sistema bancario nacional, un proceso estrictamente regulado por el Banco Central de Cuba. Como requisito, los solicitantes estarán obligados a informar detalladamente quiénes son sus proveedores y clientes, así como someterse a rigurosos procedimientos de trazabilidad. Bajo el pretexto de la transparencia, el régimen implementa un sistema de monitoreo total que ahoga la privacidad comercial y somete al incipiente sector privado a un escrutinio asfixiante.
En el ámbito de las empresas estatales, el esquema revela la doble moral del sistema. Las empresas exportadoras podrán aplicar esquemas de autofinanciamiento que les permiten retener hasta el 80% de sus ingresos en divisas, mientras que el 20% restante debe ser aportado obligatoriamente a la Caja Central. Para el resto de las entidades estatales, la asignación será «estrictamente necesaria» y cualquier remanente será confiscado por el Estado. El ministro justificó este tributo alegando que las empresas estatales reciben subsidios en moneda nacional, como energía e infraestructura a precios inferiores a su costo real. Lo que no se admitió es que esta ineficiencia estructural y el sistema de subsidios insostenibles son, precisamente, responsabilidad directa de la planificación central impuesta por el régimen.
La estrategia oficial es, en esencia, una legalización de la escasez y de la informalidad. El propio ministro admitió que numerosos actores económicos enfrentan dificultades para pagar suministros y recurren a mecanismos informales que los colocan en la ilegalidad. La solución propuesta, no obstante, no ataca las causas de fondo de esta anomalía, que radican en la incapacidad del Estado para proveer un entorno macroeconómico estable y un mercado cambiario funcional. En su lugar, el gobierno cubano legaliza el acceso a divisas solo para quienes se plieguen a los requisitos y prioridades estatales, manteniendo en la marginalidad y la ilegalidad a todos aquellos que no encajen en el estrecho esquema dictado desde La Habana.
Contexto: El fracaso del modelo económico y la dependencia del dólar
Para comprender la magnitud de esta medida, es indispensable situarla en el contexto de la prolongada y profunda crisis económica que atraviesa la isla. Desde la desaparición del subsidio soviético en los años noventa, la economía cubana ha mantenido una dependencia patológica de las remesas y de la moneda extranjera enviada por el exilio. La implementación del «Ordenamiento Monetario» intentó eliminar la dualidad monetaria, pero al no ir acompañado de reformas estructurales reales, de apertura al mercado y de desregulación, provocó un colapso de la oferta, una masiva emisión inorgánica de dinero y una devaluación acelerada del peso cubano en los mercados informales. Hoy, la dolarización no es una política de desarrollo, sino un síntoma de la desesperación institucional por captar divisas frescas en un escenario de bloqueo interno a la iniciativa privada y de decrecimiento productivo.
Una reforma que profundiza el control y la desigualdad
En conclusión, las recientes aclaraciones sobre el Decreto-Ley 113 confirman que el régimen de La Habana no tiene la voluntad política de abrir la economía ni de devolver la soberanía financiera a sus ciudadanos. El nuevo modelo consolida un sistema de acceso condicionado al dólar, donde la divisa circula únicamente bajo autorización administrativa y supervisión permanente del Estado. Lejos de corregir las distorsiones, esta normativa las institucionaliza, perpetuando un esquema de control que beneficia a la burocracia gubernamental y penaliza a la inmensa mayoría de los cubanos, quienes seguirán soportando el peso de una economía fracasada y la rigidez de una dictadura que se resiste a ceder el monopolio de la riqueza.
