La organización legal Cubalex remitió un informe a la relatora especial de Naciones Unidas, Alena Douhan, en el que desmonta la narrativa oficial y asegura que los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos económicos y sociales en Cuba provienen de las decisiones internas del Estado, más que del embargo estadounidense.
El Centro de Información Legal Cubalex hizo llegar este análisis a la alta funcionaria de la ONU pocos días antes de su visita oficial a la isla. En el documento, la ONG detalla que el embargo de Estados Unidos no constituye un sistema de prohibiciones absolutas, sino que contempla excepciones humanitarias, comerciales y de tecnología. Sin embargo, las autoridades de la isla han preferido mantener el control estatal sobre las telecomunicaciones, calificándolas como un asunto de seguridad nacional, lo que las ha llevado a rechazar proyectos de conectividad de empresas estadounidenses como Google y a optar por proveedores como Huawei y ZTE.
El embargo como escudo para evadir responsabilidades
El régimen de La Habana ha instrumentalizado históricamente las restricciones estadounidenses para justificar la escasez de bienes esenciales, atribuyendo a las sanciones un alcance mucho mayor al real. Esta narrativa se impone incluso en sectores donde existen alternativas viables de importación, como medicamentos genéricos y manufacturas procedentes de países con los que el gobierno cubano mantiene relaciones diplomáticas y comerciales activas. La crisis estructural que sufre la ciudadanía responde, en cambio, a la centralización estatal, la falta de transparencia y un marco regulatorio interno que asfixia cualquier intento de autonomía privada.
Según el análisis de Cubalex, incluso en un escenario hipotético de levantamiento total de las sanciones, la precariedad social y económica no se resolvería automáticamente. Las restricciones más severas que enfrentan los cubanos —como las licencias revocables, el monopolio bancario estatal, los topes de contratación y las autorizaciones políticas para operar— son dictadas por el modelo interno de control y no por normativas extranjeras. Esta arquitectura burocrática impide transformar la cooperación internacional en inversión sostenible y consolida la dependencia estructural del país.
El informe enviado a la ONU pone de relieve cómo la dictadura cubana evade su responsabilidad en la gestión pública utilizando el embargo como recurso simbólico y escudo político. De mantenerse la actual orientación de las políticas internas, sin reformas profundas que garanticen la libertad económica, cualquier alivio externo en el acceso a créditos o tecnología no se traducirá en mejoras tangibles para la población, lo que prolongará el deterioro sistemático de la calidad de vida y el imparable éxodo migratorio.
