La 81 Asamblea General de las Naciones Unidas se ha convertido en un nuevo escenario para la tensión diplomática entre Washington y La Habana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió a la isla como un «Estado absolutamente fallido» y vaticinó su inminente colapso, revelando además que su secretario de Estado, Marco Rubio, encabeza negociaciones con el régimen. La delegación cubana, encabezada por el canciller Bruno Rodríguez, abandonó el salón en señal de protesta, mientras la comunidad internacional se divide entre quienes exigen el fin del embargo y los que demandan libertades democráticas para la isla.
Durante su intervención en el debate general, el mandatario estadounidense aseguró que el régimen comunista se encuentra sometido a la mayor presión de su historia. «Es un Estado absolutamente fallido. Está fracasando como nunca antes y caerá», sostuvo Trump ante la asamblea. El presidente subrayó que su administración busca un cambio fundamental en la isla y reveló que el secretario de Estado, Marco Rubio, está «muy metido en negociaciones con Cuba». Además, advirtió que Washington no permitirá que el territorio cubano sirva de «refugio para adversarios extranjeros» y culminó su discurso con una promesa categórica: «El comunismo nunca llegará a Estados Unidos, pero la libertad llegará a Cuba».
La respuesta de las autoridades de la isla no se hizo esperar. Según confirmaron medios internacionales y la prensa oficialista, la delegación encabezada por Bruno Rodríguez Parrilla abandonó el salón durante la intervención de Trump. A través de la red social X, el canciller cubano rechazó las declaraciones asegurando que el gobierno de Estados Unidos «es incapaz de aceptar que Cuba es, y tiene derecho a ser, un país plenamente independiente y soberano». Rodríguez calificó el bloqueo económico y el cerco energético como un «acto de genocidio y castigo colectivo», desviando el foco de la crítica interna hacia las sanciones externas.
Por su parte, el gobernante Miguel Díaz-Canel replicó las declaraciones en su nuevo programa de Radio Rebelde, «Criterio Compartido», donde tachó el discurso de «totalmente arrogante, prepotente e injerencista». El mandatario, aferrándose a la retórica tradicional del régimen de La Habana, afirmó que «la libertad de Cuba llegó el 1 de enero de 1959 con esa Revolución», ignorando el deterioro de los derechos civiles y políticos en la isla. Posteriormente, en redes sociales, acusó a Estados Unidos de usar la ONU como «tribuna imperial», denunciando un supuesto irrespeto sin precedentes hacia el organismo multilateral.
Washington marca el ritmo de las negociaciones
En una conferencia de prensa posterior en Nueva York, Marco Rubio profundizó sobre la estrategia de Washington. El secretario de Estado fue tajante al afirmar que «la Revolución Cubana ha fracasado» durante más de seis décadas y que el actual sistema es un «fracaso ahora». Rubio señaló que los dirigentes cubanos tienen la oportunidad de encaminar al país hacia un futuro mejor mediante «libertad política y económica», aunque advirtió que la reversión de más de 60 años de «mala gestión, corrupción e incompetencia» no ocurrirá en seis meses. Asimismo, recordó que la Ley Helms-Burton limita severamente las operaciones de empresas estadounidenses en la isla, asegurando que «nadie va a invertir en Cuba bajo su actual modelo de gobierno».
Consultado sobre la posibilidad de una operación militar similar a la planteada en Venezuela, Rubio aclaró que, ante una amenaza a la seguridad nacional, el presidente tiene la obligación de actuar, aunque precisó que la preferencia es resolver la situación «de una manera negociada y política». El jefe de la diplomacia estadounidense marcó un límite ético y político al señalar que «hay algunas personas en ese régimen con las que nunca podremos trabajar porque tienen las manos manchadas de sangre», pero dejó la puerta abierta a aquellos dispuestos a facilitar una transición hacia la libertad. Una postura que contrasta con la versión del viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, quien restó importancia a los contactos y negó que existan negociaciones formales.
La comunidad internacional entre el embargo y la democracia
El debate en la ONU también dejó en evidencia las divergentes posturas de la comunidad internacional. Al menos ocho mandatarios, incluido el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, exigieron el levantamiento del embargo estadounidense y el cerco energético. Lula calificó la situación de «castigo colectivo» impuesto a 10 millones de personas. Líderes de Vietnam, Angola, Surinam, Tanzania, Nauru, Namibia y Mozambique reiteraron esta demanda, apelando a la solidaridad histórica y pidiendo la exclusión de Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo. El presidente de Angola, João Lourenço, llegó a calificar la situación de «calamitosa», aunque atribuyó la responsabilidad exclusivamente a las sanciones externas.
En contraste, voces desde otras latitudes optaron por señalar la responsabilidad del régimen de La Habana en la crisis. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, exigió elecciones libres para la isla, argumentando que «donde hay elecciones libres, hay esperanza» y extendió la demanda a Nicaragua y Venezuela. El mandatario argentino, Javier Milei, fue más directo al declarar a la prensa que «se tiene que terminar con esa dictadura sangrienta». Un dato que llamó la atención durante el debate fue la omisión de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien en su intervención no mencionó a la isla, agradeciendo en cambio la disposición de Trump a retomar relaciones con Caracas, un gesto que evidencia un posible reordenamiento de alianzas en la región.
Contexto: El colapso estructural de la isla
Los cruces dialécticos en la ONU ocurren en un momento de profunda crisis estructural en la isla. La calificación de «Estado fallido» de Trump responde a una realidad innegable que sufre la ciudadanía a diario: un colapso sistémico que se manifiesta en apagones que superan las 10 horas diarias en varias provincias, una inflación descontrolada que destruye el poder adquisitivo de los salarios y un desabastecimiento crónico de productos básicos. La incapacidad del gobierno cubano para garantizar el funcionamiento del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y la dependencia de aliados como Venezuela, cuya suministración de combustible ha sido errática, son síntomas de una economía centralizada que ha demostrado su ineficiencia histórica.
A la debacle económica se suma el endurecimiento de la represión social por parte de la dictadura cubana. Las detenciones arbitrarias, los juicios sumarios y el hostigamiento a opositores y periodistas independientes se han incrementado en los últimos años, criminalizando cualquier intento de disidencia. Este asfixiante clima de falta de libertades, combinado con la miseria material, ha desencadenado el mayor éxodo migratorio de la historia reciente del país. Cientos de miles de cubanos han emigrado a Estados Unidos y otros países de la región en los últimos dos años, huyendo de un sistema que no ofrece oportunidades de desarrollo ni garantías civiles, desmintiendo la narrativa oficial de una «libertad» alcanzada en 1959.
Implicaciones a futuro
El escenario que se perfila tras la 81 Asamblea General de la ONU sugiere un endurecimiento de la política estadounidense hacia La Habana, condicionando cualquier acercamiento a concesiones reales en materia de derechos humanos y apertura económica. La mención a «negociaciones» encabezadas por Rubio plantea la posibilidad de un diálogo pragmático, aunque las autoridades de la isla parecen resistirse a reconocer la urgencia de un cambio estructural. Mientras la cúpula del poder en Cuba se aferra a la retórica del «cerco externo» para justificar su ineficacia, la presión interna y la creciente condena internacional a la falta de democracia podrían acelerar el colapso que desde Washington se vaticina. El futuro cercano se presenta como una prueba de fuego para un régimen que, tras más de seis décadas, enfrenta el agotamiento de su modelo y la pérdida irreversible de su base social.
