Decenas de miles de habitantes en la ciudad de Santa Clara se enfrentan a una aguda crisis de abastecimiento hídrico, con barrios enteros sumidos en la escasez por más de cuarenta días consecutivos. La falta de mantenimiento de la infraestructura, combinada con los apagones y la ineficiencia burocrática, ha obligado a la población a recurrir a un mercado negro del agua, donde el costo de una cisterna supera los 6.000 pesos, agravando la ya crítica situación económica de la isla.
Los repartos Santa Catalina y Camacho, situados en la capital villaclareña, se han convertido en el epicentro de la desesperación ciudadana. Desde hace más de un mes y medio, las tuberías del acueducto permanecen secas, dejando a las familias en una vulnerabilidad extrema. Los testimonios de los residentes reflejan una cotidianidad marcada por la angustia de conseguir un recurso vital. Lourdes Velazco, vecina del área de Camacho-Libertad, una de las zonas más afectadas, describe la supervivencia diaria dependiendo de la caridad de quienes poseen pozos privados, cargando agua en cualquier recipiente disponible, mientras mantiene las llaves de su casa abiertas en espera de una gota que no llega.
Frente a la inoperancia del sistema estatal, ha surgido un lucrativo y opaco mercado paralelo. Los «piperos», vendedores privados de agua, cobran entre 5.000 y 6.000 pesos por llenar completamente una cisterna y los tanques elevados de una vivienda. Esta cifra representa una carga financiera insostenible para la mayoría de los cubanos, cuyos salarios estatales promedio no cubren ni una fracción de este gasto recurrente. Mirian López, otra afectada del reparto Santa Catalina, resume el sentir de su comunidad al señalar que ninguna economía familiar puede resistir la compra de dos pipas en menos de dos meses, recordando que el acceso al agua es un derecho humano fundamental, hoy vulnerado por el régimen de La Habana.
El origen de esta crisis puntual radica en el crónico deterioro de la infraestructura hidráulica nacional. A finales del año pasado, los medios de comunicación locales anunciaron la adquisición en el extranjero de cuatro nuevos equipos de bombeo para rehabilitar la conductora Minerva-Ochoíta, la red más antigua de Santa Clara y vital para el abastecimiento de los repartos más densamente poblados. Aunque las autoridades de la isla prometieron en diciembre que la instalación sería rápida, la realidad ha demostrado una vez más la ineficiencia gubernamental. Fuentes oficiales confirmaron recientemente que aún se encuentran fundiendo las bases para instalar apenas el tercer equipo de bombeo, dejando a la población a la deriva mientras las promesas oficiales se diluyen en el tiempo.
Un anciano cargando galones de agua en Santa Clara (Foto de la autora)
La frustración ciudadana ha encontrado en las redes sociales el único espacio para canalizar sus quejas, ante la falta de respuestas de las instituciones. Mary García, reportera de la radio local, cuestionó públicamente en Facebook la ausencia de explicaciones sobre la crisis en Santa Catalina tras 40 días de sequía. En los comentarios de las publicaciones de la Empresa de Acueducto, ciudadanos de barrios periféricos como Sakenaf denunciaron llevar meses sin recibir una gota de agua. La sensación de abandono es generalizada; como señaló una internauta, la población siente que las autoridades «se piensan que somos gorgojos», evidenciando la desconexión total entre el ejecutivo cubano y las necesidades básicas de su pueblo.
El combo letal: apagones y falta de presión
A la sequía estructural se suma el colapso energético nacional. En barrios altos como Bengochea, parte del Condado, Virginia, Manuelita o Capiro, el agua que logra circular lo hace con una presión tan baja que requiere turbinas eléctricas para elevarla a los tanques de las viviendas. Sin embargo, la programación del abasto suele coincidir con los cortes de electricidad, como ocurre en el circuito 27 de la Carretera de Maleza. Esta combinación de deficiencias deja a los residentes en un callejón sin salida: cuando hay energía, no hay agua; y cuando el agua podría llegar, los apagones impiden su distribución y almacenamiento.
La situación se torna crítica en zonas compuestas por edificios de varios pisos, como el reparto Escambray. En estos inmuebles multifamiliares, la falta de presión impide que el líquido llegue a los repositorios superiores. Raquel, residente en uno de estos edificios, relata la odisea diaria de levantarse en la madrugada para aprovechar los escasos momentos en que hay corriente eléctrica y presión de agua, si es que ambos factores coinciden. De lo contrario, la única alternativa es el esfuerzo físico de subir cubos de agua escaleras arriba, una tarea titánica para ancianos y familias con niños pequeños que merma la calidad de vida y agrava el desgaste físico y mental de la población.
Un toma que sirve a los vecinos para abastecerse de agua, cuando hay (Foto de la autora)
Contexto: El colapso sistémico de los servicios en Cuba
La crisis hídrica en Santa Clara no es un evento aislado, sino un síntoma más del colapso estructural que sufre Cuba tras décadas de mala gestión por parte del gobierno cubano. La falta de inversión en infraestructuras básicas, el envejecimiento de las redes hidráulicas y la ausencia de un mantenimiento preventivo han convertido el acceso al agua en un lujo. A principios de mayo, una rotura en la red principal, provocada por un incendio, dejó a unos 90.000 personas sin servicio durante varios días, evidenciando la fragilidad de un sistema al borde del colapso total y plagado de salideros no localizados que desperdician millones de litros diariamente.
Este escenario se da en un contexto de hiperinflación y empobrecimiento generalizado. El exorbitante precio del agua vendida por piperos refleja la dolarización encubierta de la economía cubana, donde los servicios básicos escapan al control estatal y se rigen por la oferta y la demanda en un mercado negro impuesto por la necesidad. Mientras tanto, el éxodo migratorio masivo, que ha visto partir a cientos de miles de cubanos en los últimos años, drena al país de fuerza laboral, incluyendo técnicos y obreros especializados que podrían mitigar estas crisis en el sector hidráulico y eléctrico, profundizando la incapacidad operativa del Estado.
El riesgo para la salud pública es otra consecuencia directa de esta negligencia. La imposibilidad de mantener prácticas de higiene adecuadas, sumada al almacenamiento de agua en recipientes improvisados, crea el caldo de cultivo perfecto para enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, y patologías gastrointestinales. El sistema de salud cubano, también sumido en una profunda crisis por la falta de medicamentos y recursos materiales, se encuentra incapacitado para responder a un eventual brote epidemiológico derivado de la falta de agua potable, cerrando un círculo vicioso de precariedad que afecta directamente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
La incapacidad de las autoridades de la isla para garantizar el derecho al agua, la alimentación y la energía configura un panorama de violación sistemática de los derechos económicos y sociales. La dictadura cubana, que mantiene un control absoluto sobre los recursos y la administración pública, evade su responsabilidad atribuyendo las crisis al embargo estadounidense o a fenómenos climáticos, mientras la población sufre las consecuencias de la ineficiencia y la corrupción interna. La falta de libertad de prensa también impide un seguimiento riguroso de la ejecución de los presupuestos destinados a estas obras, que a menudo terminan inconclusos o sobrevalorados.
Consecuencias y panorama futuro
El futuro inmediato para los habitantes de Santa Clara y de gran parte de la isla se vislumbra sombrío. Sin soluciones a corto plazo para la infraestructura hidráulica y con un sistema eléctrico nacional en franco deterioro, la población continuará padeciendo la privación de servicios esenciales. Esta crisis hídrica, sumada a la inflación y la represión social, augura un aumento en la tensión ciudadana y un incentivo adicional para la emigración incontrolable. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben mantener la atención sobre la realidad cubana, exigiendo al régimen de La Habana rendición de cuentas por el abandono institucional y el sufrimiento infligido a su propio pueblo, cuya única exigencia es el acceso a la dignidad más básica: un vaso de agua.
