La Habana. — A cinco años de la promulgación del Decreto-Ley 31 de Bienestar Animal, los refugios independientes en Cuba agonizan bajo el peso de la inflación, los cortes de servicios básicos y la total desprotección institucional. Iniciativas comunitarias como \»Adopciones X Amor\» asumen solas el rescate y cuidado de decenas de animales, evidenciando el fracaso del marco legal impulsado por el régimen de La Habana para frenar la crueldad animal en las calles de la isla.
Mantener un espacio de acogida para animales abandonados en la capital cubana se ha convertido en una batalla cotidiana contra la precariedad. El proyecto comunitario Adopciones X Amor, fundado en 2019 y ubicado en la calle 29 entre 70 y 72, opera sin ningún tipo de respaldo estatal para albergar, rehabilitar y gestionar la adopción de perros y gatos en situación de vulnerabilidad. La sostenibilidad de esta instalación, que actualmente protege a cerca de 50 animales, atraviesa una crisis profunda debido a la ineficacia de las autoridades de la isla para garantizar las condiciones mínimas de vida para la población.
La inflación galopante que azota la economía cubana ha encarecido de manera exponencial la manutención de estos animales. Elizabeth Meade, coordinadora general del refugio, detalló que un saco de pienso de 20 kilogramos, cuyo rendimiento apenas alcanza para entre 10 y 15 días, tiene un costo actual de 60 dólares en el mercado local. Esta cifra resulta inalcanzable para la inmensa mayoría de la población, cuyos salarios en moneda nacional se han diluido frente a la dolarización forzada de la economía informal y la pérdida del poder adquisitivo.
Ante la imposibilidad de cubrir estos gastos con donaciones estables, el colectivo se ve obligado a autofinanciar sus operaciones. Los miembros del refugio, en su mayoría técnicos veterinarios, destinan los ingresos de sus trabajos privados y de servicios de cuidado de mascotas para comprar el alimento diario. La falta de apoyo del gobierno cubano contrasta con el discurso oficial de fomentar el sector no estatal, dejando a la sociedad civil a merced de su propia inventiva para subsistir y recurriendo a rifas y redes de allegados para mantener a flote la instalación.
A la crisis alimentaria se suma el colapso sistemático de los servicios públicos, un síntoma más de la descomposición institucional en el país. El refugio ha enfrentado apagones y cortes en el suministro de agua que se prolongan hasta por seis o siete días consecutivos. Esta falta de higiene y salubridad, descrita por los propios cuidadores como \»terrorífica\», compromete no solo la salud de los animales, sino también la de los residentes del inmueble, exponiendo la incapacidad del Estado para garantizar la infraestructura básica que alguna vez fue bandera de su discurso social.
La vulnerabilidad de estas iniciativas independientes pone bajo la lupa la eficacia del Decreto-Ley 31 de Bienestar Animal, promulgado en febrero de 2021 junto a su reglamento, el Decreto 38. En su momento, el ejecutivo cubano presentó la normativa como un avance histórico que prometía sancionar la crueldad, regular la tenencia responsable y articular la salud humana, animal y ambiental. Sin embargo, cinco años después, el sufrimiento en las calles no ha disminuido y la impunidad reina en los hechos.
Aunque el marco legal reconoce a los animales como seres sintientes con derecho a protección, su aplicación ha sido nula en la práctica. La supervisión recae en inspectores y veterinarios locales que carecen de recursos materiales y formación técnica. Más allá de la burocracia, activistas señalan que la dictadura cubana mantiene un ambiente de desprotección total: los ciudadanos que presencian actos de maltrato no tienen instituciones funcionales a las cuales acudir, y las denuncias ciudadanas suelen chocar con la indiferencia o la inacción deliberada de las fuerzas del orden.
Contexto de crisis estructural y abandono institucional
El colapso de los refugios de animales no es un fenómeno aislado, sino un reflejo directo de la crisis estructural que atraviesa la isla. La hiperinflación, la escasez crónica de alimentos y el deterioro del sistema eléctrico e hidráulico afectan por igual a la población humana y animal. El modelo económico impuesto por el régimen de La Habana ha generado un contexto donde la supervivencia diaria es el único objetivo posible, marginando cualquier iniciativa de bienestar social o comunitario que no esté bajo el estricto control del aparato estatal.
Además, el éxodo migratorio masivo de los últimos años ha dejado tras de sí a miles de mascotas abandonadas, aumentando exponencialmente la población callejera y el número de casos de maltrato. Las organizaciones de la sociedad civil, como Adopciones X Amor, asumen una carga que correspondería al Estado, recurriendo a la solidaridad privada para suplir la ausencia total de políticas públicas efectivas. Esta dinámica demuestra cómo el gobierno cubano externaliza sus responsabilidades básicas hacia ciudadanos que ya viven en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Antecedentes de la lucha animalista en Cuba
El camino hacia la aprobación del Decreto-Ley 31 estuvo marcado por la presión de un movimiento animalista independiente que, durante años, organizó campañas y exigencias públicas al Estado. Antes de 2021, la ausencia de cualquier legislación al respecto permitía la impunidad absoluta en casos de zoosadismo y abandono. La promulgación de la ley fue vista como una concesión del gobierno para calmar el descontento social, pero la falta de voluntad política para su implementación la ha convertido en letra muerta.
Activistas como Elizabeth Meade han documentado minuciosamente el impacto de su labor, superando decenas de planillas y 28 tomos de expedientes de adopción auditados desde 2019. Este rigor contrasta con la opacidad y la falta de rendición de cuentas de las instituciones estatales. En los barrios, la situación de los hogares temporales es aún más crítica, operando en la clandestinidad administrativa por miedo a la confiscación o a la persecución por parte de las autoridades, quienes a menudo criminalizan la iniciativa privada en lugar de protegerla.
Perspectivas futuras
El futuro de la protección animal en Cuba permanece incierto mientras persista el modelo económico y político que asfixia a la sociedad civil. Sin un cambio real en la asignación de recursos y en el respeto a las libertades de asociación y expresión, los refugios independientes seguirán al borde del colapso. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos de los animales deben dirigir su atención hacia esta realidad, exigiendo al gobierno cubano el cumplimiento de las normativas que él mismo ha promulgado, antes de que la indolencia estatal acabe por completo con los esfuerzos de quienes intentan aliviar el sufrimiento en las calles de la isla.
