La empresa de envíos Supermarket 23, conocida popularmente como el \»Amazon cubano\», ha paralizado temporalmente la recepción de nuevos pedidos hacia la isla debido a la severa escasez de combustible. La medida, que limita las entregas únicamente a las órdenes ya confirmadas, evidencia el profundo colapso energético y logístico que sufre el país bajo la gestión del régimen de La Habana.
A través de un comunicado en su plataforma, la compañía detalló que la \»situación actual de disponibilidad de combustible\» provoca que sus operaciones logísticas sean temporalmente limitadas. En consecuencia, las nuevas solicitudes permanecerán suspendidas hasta que se restablezcan las condiciones operativas mínimas que permitan garantizar el servicio a los clientes. La empresa asegura que la crisis es completamente ajena a su control, trasladando la responsabilidad directa a la ineficiencia de las autoridades de la isla para garantizar el suministro energético.
Este cese operativo se produce apenas unos días después de que Cubamax, otra empresa dedicada al envío de mercancías, anunciara restricciones similares debido a la falta de diésel y gasolina. Cubamax limitó la aceptación de paquetes exclusivamente a alimentos y medicinas, permitiendo solo un envío por cliente y cancelando el servicio de entrega a domicilio en el territorio nacional. Estas plataformas, que venden productos de primera necesidad inalcanzables en el mercado interno, operan con tarjetas de crédito extranjeras, convirtiéndose en una válvula de escape indispensable para el desabastecimiento crónico que sufren los cubanos.
Un negocio en la órbita del poder
La dependencia de estos servicios extraterritoriales refleja la incapacidad del gobierno cubano para garantizar la soberanía alimentaria de la población. Investigaciones periodísticas publicadas en 2022 revelaron que, aunque Supermarket 23 se presenta como una empresa extranjera con sede en Norteamérica, en realidad opera a través de una red de sociedades vinculadas a entidades estatales como Alcona y Treew. Esta conexión expone un modelo de gestión donde la dictadura cubana mantiene desabastecidos los mercados físicos para forzar a los emigrados a inyectar divisas frescas desde el exterior mediante estas plataformas controladas por el aparato estatal.
La paralización de estos servicios de entrega no solo aísla aún más a las familias en la isla de la ayuda de sus parientes en el exilio, sino que agrava la inseguridad alimentaria en un país ya golpeado por la inflación galopante y los apagones prolongados. Mientras el Estado evade su responsabilidad y profundiza el extractivismo financiero sobre la diáspora, la ciudadanía se enfrenta a un escenario donde el acceso a la canasta básica se vuelve una transacción privilegiada, condicionada a la inestabilidad de un sistema energético en ruinas y a la voluntad de un régimen que ha fracasado en proveer lo más mínimo.
