El propagandista Pedro Jorge Velázquez, conocido en redes sociales como \»El Necio\», respondió con desdén a la restricción de visado impuesta por Estados Unidos debido a su participación en campañas de hostigamiento contra diplomáticos estadounidenses en la isla. La medida, anunciada por el Departamento de Estado, busca penalizar a los actores de la dictadura cubana involucrados en actos de intimidación y violación del derecho internacional.
A través de sus perfiles en Facebook y X, Velázquez calificó la sanción como \»un orgullo\» y argumentó que la medida le resulta \»irrelevante\», asegurando que nunca ha solicitado una visa para viajar al país norteamericano. En una extensa declaración, el vocero oficialista intentó desvincularse laboralmente del aparato estatal, presentándose como un \»joven cubano común\» que ejerce el periodismo de forma independiente. Sin embargo, su trayectoria pública lo posiciona como una pieza clave en la maquinaria de propaganda del gobierno cubano, dedicada a desacreditar a opositores y vigilar las actividades de la comunidad diplomática extranjera.
La restricción de visado responde directamente a las acciones de acoso dirigidas contra el Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, durante sus recorridos por el territorio nacional. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, confirmó que Washington tiene identificadas a las personas que hostigaron al diplomático y advirtió que responderán en consecuencia. Entre las acciones imputadas a Velázquez destaca la difusión de imágenes con placas de vehículos diplomáticos y datos sensibles, prácticas que el régimen de La Habana disfraza de \»investigación periodística\» pero que constituyen claros actos de vigilancia y represión.
Represión institucionalizada y propaganda estatal
El caso de \»El Necio\» no es un hecho aislado, sino que refleja la estrategia sistemática de la dictadura cubana para neutralizar cualquier influencia extranjera que pueda fomentar la apertura democrática o el contacto directo con la sociedad civil. Ante la profunda crisis económica, la inflación y el colapso de los servicios públicos que enfrenta la isla, las autoridades de La Habana redoblan la represión y utilizan a agentes de influencia en redes sociales para ejecutar labores de contraespionaje y escarnio público contra figuras incómodas para el poder.
La decisión del gobierno estadounidense marca un precedente importante en la política de rendición de cuentas hacia los operadores de la represión a nivel individual. Al aplicar sanciones de visado a quienes ejecutan el hostigamiento en primera línea, Washington envía un mensaje directo a la cúpula del ejecutivo cubano: las violaciones a la Convención de Viena y la persecución política tendrán consecuencias personales. Esta medida podría intensificar la presión sobre otros actores del aparato propagandístico y de seguridad del Estado, quienes hasta ahora operaban con total impunidad en sus campañas de intimidación dentro y fuera de la isla.
