La salida de servicio de la unidad 1 de la Central Termoeléctrica Felton, en la provincia de Holguín, agrava un escenario ya catastrófico para el sistema electroenergético cubano, con un déficit previsto que superaría el 50% de la demanda nacional en horario pico. Mientras el régimen de La Habana insiste en maquillar la crisis con comunicados burocráticos, los ciudadanos de Mayarí vuelven a tomar las calles para exigir servicios básicos tras casi un mes de abandono institucional.
La Unión Eléctrica (UNE), entidad estatal encargada de la distribución y generación de energía en la Isla, confirmó a través de su perfil oficial en Facebook la desconexión de la unidad 1 de la CTE Felton debido a una elevada temperatura registrada en la chumacera, un componente mecánico fundamental para el funcionamiento del generador. Esta avería se suma a un panorama ya de por sí crítico, en el que múltiples unidades de generación se encuentran fuera de servicio por roturas o mantenimientos programados que se prolongan indefinidamente.
Según el parte emitido por la propia empresa estatal, antes de contabilizar esta nueva salida de Felton, el pronóstico de afectaciones ya alcanzaba al 51% del territorio nacional. La cifra, alarmante en sí misma, se verá superada por la realidad, dado que la desconexión de una de las unidades de mayor capacidad del país reduce aún más la disponibilidad de megavatios en el sistema. Para el horario pico, la UNE estimaba una disponibilidad de apenas 1.665 megavatios frente a una demanda máxima proyectada en 3.280 megavatios, lo que arroja un déficit de 1.615 megavatios. Con la nueva avería, las afectaciones reales superarán ampliamente estos cálculos.
El inventario de unidades averiadas es revelador de la profundidad de la crisis. Además de la unidad 1 de Felton recientemente desconectada, permanecen fuera de servicio la unidad 2 de esa misma central, así como las unidades 5 y 6 de la CTE Renté. En mantenimiento prolongado se encuentran la unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la unidad 4 de la CTE Cienfuegos. A esto se suman decenas de motores de generación distribuida paralizados por falta de lubricantes y piezas de repuesto, un problema que el gobierno cubano ha sido incapaz de resolver pese a las repetidas promesas de inversiones y reactivaciones.
Una crisis estructural, no coyuntural
La crisis energética que atraviesa Cuba no es un fenómeno reciente ni el resultado de circunstancias imprevistas. Se arrastra desde mediados del año pasado y responde a una combinación de factores estructurales que la dictadura ha preferido ignorar antes que enfrentar con políticas serias y transparentes. Las centrales térmicas que sostienen el sistema electroenergético nacional son plantas obsoletas, muchas de ellas con décadas de operación por encima de su vida útil diseñada, sometidas a reparaciones improvisadas que no resuelven los problemas de fondo sino que posponen colapsos inevitables.
A la vejez del parque generador se suma la escasez crónica de combustible, lubricantes y piezas de repuesto, condicionada por la incapacidad del régimen para garantizar un flujo estable de abastecimientos. La dependencia de aliados como Venezuela y Rusia ha demostrado ser insuficiente e inconstante, mientras que la falta de divisas para adquirir insumos en mercados internacionales refleja el fracaso del modelo económico centralizado que mantiene al país en una postración permanente. La mala gestión gubernamental, caracterizada por la planificación burocrática y la ausencia de rendición de cuentas, completa un cuadro de ineficiencia sistémica.
Mayarí: la paciencia tiene un límite
Mientras las centrales térmicas se apagan una tras otra, la respuesta popular comienza a manifestarse con creciente frecuencia. En la provincia de Holguín, específicamente en el poblado de Pontezuela, en el municipio de Mayarí, una nueva protesta estalló en las últimas horas. Un grupo de vecinos se congregó de manera espontánea para exigir la restitución de servicios básicos como agua y electricidad, cortados desde el paso del huracán Melissa a finales de octubre. La manifestación, registrada en videos enviados a medios independientes, se desarrolló con cacerolas y consignas entre las que predominó el grito de «¡Queremos corriente!».
Estas no son protestas aisladas. En las últimas 48 horas se han reportado al menos dos movilizaciones en Mayarí, una de ellas en la comunidad de Seboruco, donde decenas de vecinos salieron a las calles para denunciar el abandono institucional tras 23 días sin electricidad ni agua potable. Los habitantes de Seboruco han denunciado que se han visto obligados a consumir agua de una presa contaminada y a acarrear agua de los ríos para satisfacer necesidades mínimas, sin que ninguna autoridad se haya presentado para evaluar la situación o ofrecer soluciones concretas.
El periodista independiente José Luis Tan Estrada documentó la protesta de Seboruco a través de grabaciones publicadas en su perfil de Facebook, en las que los pobladores expresan con claridad su indignación. «Llevamos 23 días sin electricidad, sin agua potable, tomando agua de una presa contaminada y cargando agua de los ríos. Pusieron la corriente a pocos metros de aquí y nada. Nadie ha venido a ver nada, ni a preocuparse por la situación», relataron los vecinos en uno de los videos difundidos. La respuesta institucional se limitó a la aparición del intendente local y un oficial de la policía política, quienes aseguraron desconocer la magnitud de las afectaciones y prometieron el restablecimiento del servicio «en unos dos días», una promesa que los habitantes de la zona han escuchado en reiteradas ocasiones sin que se materialice.
Contexto: Cuba al borde del colapso
La situación que vive Cuba en el ámbito energético es expresión de una crisis más amplia que afecta a todos los sectores de la vida nacional. El sistema de salud pública, otrora presentado como un logro de la revolución, se encuentra en estado de descomposición, con hospitales sin medicamentos, sin material básico y sin condiciones sanitarias mínimas. La educación, otro de los pilares propagandísticos del régimen, sufre el éxodo masivo de docentes y el deterioro de las infraestructuras escolares. La producción agrícola, asfixiada por un modelo cooperativo controlado por el Estado, es incapaz de abastecer el mercado interno, mientras las importaciones de alimentos se reducen por falta de recursos financieros.
En este contexto, los apagones no son simplemente una incomodidad pasajera: representan la manifestación más visible y cotidiana del fracaso del modelo impuesto por la dictadura desde hace más de seis décadas. Cada vez que una central térmica se desconecta, cada vez que un barrio entero queda a oscuras durante horas o días, se evidencia la incapacidad del Estado para cumplir su función más básica: garantizar el bienestar de la población. La respuesta del régimen ha sido la represión selectiva contra quienes protestan, la censura de quienes informan y la propaganda que atribuye la crisis a factores externos, elusivos e incontrolables, evitando cualquier asunción de responsabilidad.
Las protestas en Mayarí son síntoma de un cambio en la disposición colectiva. El miedo impuesto por décadas de represión no ha desaparecido, pero la desesperación generada por la privación extrema está empujando a sectores cada vez más amplios de la población a romper el silencio. La dictadura enfrenta ahora un desafío que no puede resolver con discursos ni con promesas vacías: la exigencia ciudadana de condiciones mínimas de vida, formulada en las calles, sin intermediarios y sin miedo. La pregunta que se impone es cuánto tiempo más podrá el régimen contener una presión social que crece al mismo ritmo que se apagan las luces en toda la Isla.
La crisis energética cubana, lejos de encontrar soluciones, se profundiza con cada nuevo parte de la UNE. La salida de la unidad 1 de Felton no es un accidente aislado sino la consecuencia lógica de un sistema diseñado para el control político y no para la eficiencia. Mientras el gobierno cubano mantenga su negación a implementar reformas estructurales que permitan la inversión privada en el sector energético, la descentralización de la gestión y la transparencia en la información, los apagones continuarán siendo la norma y no la excepción. Y con ellos, la indignación de un pueblo que ha agotado su tolerancia hacia un poder que no gobierna para los ciudadanos sino contra ellos.
