El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba continúa en crisis a pesar de haber recibido más de 200 millones de dólares en financiamiento y donaciones de países como Rusia, China, Venezuela y Catar en los últimos dos años. Las autoridades de la isla reconocen la necesidad de 10.000 millones de dólares para recapitalizar la red, pero la opacidad informativa impide conocer el destino real de los fondos, en medio de promesas incumplidas y apagones diarios que asfixian a la población.
La reciente donación de 4,5 millones de dólares por parte de Catar para la rehabilitación energética en tres provincias se suma a los más de 200 millones de dólares que el gobierno cubano ha recibido en 2024 y 2025 de naciones como Rusia, China, India, Europa y Venezuela. Sin embargo, el acceso a información precisa y confiable sobre el monto total de estos financiamientos y ayudas materiales es prácticamente nulo. La prensa oficial, lejos de ofrecer rendición de cuentas, se limita a publicar cifras aisladas que impiden a la ciudadanía auditar la gestión del régimen de La Habana en materia energética.
El contraste entre los recursos recibidos y la realidad del SEN es evidente. El actual ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, ha señalado ante la Asamblea Nacional que se requieren 10.000 millones de dólares para recapitalizar el sistema. Esta cifra contrasta drásticamente con las promesas de su predecesor, Liván Arronte Cruz, quien en 2022 aseguró que para 2025 se instalaría nueva potencia y se recuperarían 1.000 megavatios (MW) con apoyo extranjero. Ninguna de estas metas se cumplió, y la situación ha empeorado a pesar de que en 2022 el ejecutivo cubano aseguraba que con apenas 400 millones de dólares se podía rehabilitar la generación y las redes.
Opacidad y incumplimiento en la gestión energética
Según el informe presentado ante la Comisión de Industrias, Construcción y Energía, fueron destinados 1.150 millones de dólares y cerca de 15.000 millones de pesos cubanos a la recuperación del sistema eléctrico. No obstante, las roturas se han incrementado, las \»contingencias energéticas\» son parte de la rutina diaria y la solución a la crisis se ha postergado más allá del año 2030. La dictadura cubana ha mantenido durante dos décadas un discurso centrado en el alto costo del mantenimiento, calculando la instalación de un megavatio entre 1 y 1,6 millones de dólares, pero los resultados tangibles para la población brillan por su ausencia.
El colapso del Sistema Eléctrico Nacional no es un fenómeno aislado, sino el reflejo de la crisis estructural que atraviesa la isla. Desde 2004, con la llamada \»Revolución Energética\», el país ha recibido donaciones y créditos regulares, especialmente tras el paso de fenómenos meteorológicos, pero la infraestructura continúa deteriorándose. Esta incapacidad para garantizar un servicio básico ha profundizado el desabastecimiento, afectado la ya frágil economía nacional y fungido como uno de los principales catalizadores del éxodo migratorio que vive Cuba.
La persistencia de los apagones y la evidente falta de planificación efectiva por parte de las autoridades de la isla auguran un escenario de mayor inestabilidad social y económica. Mientras el régimen acumula financiamiento internacional sin ofrecer resultados visibles, la población continúa soportando las consecuencias de un modelo de gestión fallido. La comunidad internacional y los países donantes deberían exigir mayor transparencia en el uso de estos recursos, ante la evidente incapacidad del Estado para revertir el colapso energético que agobia a los cubanos.
