El régimen de La Habana ha orquestado una abrupta caída del valor del dólar en el mercado informal, pasando de cotizarse cerca de los 500 pesos a ubicarse en torno a los 410, en una maniobra económica que contradice las leyes del mercado y que parece dirigida a acaparar divisas, estrangular a las medianas y pequeñas empresas privadas y silenciar a la prensa independiente. Mientras tanto, la detención del exministro de Economía Alejandro Gil y los escándalos de contrabando de divisas revelan el grado de corrupción sistémica que impera en las altas esferas del poder, justo cuando el gobierno cubano intenta desviar la atención hacia el embargo estadounidense ante la visita de una relatora de la ONU.
La cotización de la moneda estadounidense en el mercado paralelo cubano ha sufrido una fluctuación inexplicable a la luz de las dinámicas económicas reales. Tras alcanzar un máximo histórico que rozó los 490 pesos por unidad, el dólar inició un descenso que lo llevó hasta los 410 pesos, con un breve e insustancial repunte hasta los 460, para luego continuar un declive paulatino de diez puntos diarios. Esta caída no responde a un incremento en la oferta de divisas ni a una mejora en la productividad nacional, sino a una directriz clara desde el poder: la orden de bajar el dólar ha sido dada, y el mercado responde a la coerción estatal antes que a la libre oferta y demanda.
En las calles de la isla, esta manipulación numérica no se traduce en alivio alguno para la población. Los precios de los productos esenciales en las tiendas en moneda libremente convertible y en las mipymes se mantienen intactos o, en el peor de los casos, siguen en ascenso. La demanda interna sigue superando ampliamente a la oferta, una realidad que el discurso oficial intenta ocultar mediante una campaña agresiva contra los medios independientes que se dedican a monitorear y publicar la temperatura del mercado informal de divisas. La dictadura ha optado por criminalizar la información, acusando a estos actores de «terrorismo económico», un eufemismo para justificar la represión contra quienes exponen el fracaso del modelo económico cubano.
La estrategia detrás de este presunto desplome cambiario obedece a intereses mucho más profundos que el mero control de la información. Al forzar la baja del dólar, el régimen de La Habana busca adquirir la mayor cantidad de divisas posible al precio más bajo, enriqueciendo las arcas de un Estado en bancarrota. Simultáneamente, esta maniobra asfixia financieramente a numerosas mipymes que, desconectadas de la cúpula del poder, no poseen el volumen de efectivo necesario para competir en la captación de dólares. Muchos de estos negocios privados habían logrado sobrevivir al encarecimiento acelerado de la moneda, pero ahora se enfrentan a un escenario diseñado para expulsarlos del juego económico, consolidando el monopolio estatal y de sus élites sobre el comercio exterior.
El acaparamiento y la especulación con divisas apuntan directamente a las entrañas del propio régimen. El gobierno cubano ha utilizado históricamente testaferros para la gestión de empresas, la apertura de cuentas bancarias en el exterior y, más recientemente, para la captación de dólares a través de canales irregulares. Son estas mismas redes las que empujaron el dólar hasta el techo de los 500 pesos, inflando la parada para luego orquestar el desplome actual. Todo este teatro económico ocurre en un contexto de crisis humanitaria agudizada por desastres naturales y bajo la amenaza de un inminente paquetazo económico que, por su impacto en el nivel de vida de los ciudadanos, constituye una violación masiva de los derechos humanos elementales.
En el centro de esta tormenta de corrupción institucionalizada aparece la figura de Alejandro Gil, exministro de Economía y Planificación, actualmente en prisión. Su defenestración es presentada por la dictadura como un acto de tolerancia cero frente a la corrupción. Sin embargo, el proceso carece de la más mínima transparencia, neggando al pueblo cubano el derecho fundamental a conocer los delitos exactos por los que es hallado culpable y, lo que es más importante, quiénes lo secundaron en sus malos procederes. La preocupación real del régimen no es la corrupción per se, sino los dólares que se escaparon de sus redes de control, poniendo en evidencia la existencia de un «para-estado» que opera desde las sombras.
El caso de Gil se entrelaza con el escándalo de Mirtza Ocana, una ciudadana cubana detenida en un aeropuerto estadounidense con más de cien mil dólares no declarados. Aunque desde la defensa se intentó desvincular este dinero del exministro u otros altos funcionarios, los cargos de tráfico de divisas imputados a Gil arrojan serias dudas sobre el origen y destino de estos fondos. Ocana realizó decenas de viajes a la isla en un periodo relativamente corto, transportando enormes cantidades de efectivo hacia el exterior con el apoyo de individuos no identificados y cobrando sumas significativas por cada traslado. Es impensable que en un Estado que invierte sumas millonarias en vigilancia, control ciudadano y represión, esta fuga de capitales se haya producido sin la complicidad directa de altos mandos del régimen.
La red de «mulas» como Ocana representa solo la punta del iceberg de un mecanismo de extracción de divisas que ha funcionado durante años. Desde los cientos de millones en efectivo que en el pasado reciente abarrotaban las bóvedas del Banco Nacional y eran inutilizables bajo el pretexto del «bloqueo», hasta los dólares captados por la vía informal en el mercado negro, la fuga de capitales responde a la necesidad de las élites gobernantes de poner a salvo sus fortunas en el exterior. Estos son los recursos que asegurarán su futuro cuando el sistema que sustentan colapse definitivamente y deban abandonar el país.
Toda esta situación de crisis interna y purga de funcionarios se desarrolla mientras la isla recibe la visita de Alena Douhan, relatora especial de la ONU, encargada de evaluar el impacto del embargo estadounidense en los derechos humanos. La elección de una funcionaria proveniente de un país alineado con el gobierno cubano genera suspicencias sobre la imparcialidad de su misión. Mientras la dictadura finge vestirse de paladín contra la corrupción sacrificando a figuras como Gil, utiliza la visita de la relatora para desviar la atención internacional sobre los efectos de la política estadounidense, ocultando el impacto devastador que tienen las políticas internas y la ineficiencia del régimen en la vida de los cubanos.
Contexto histórico y económico de la crisis cubana
Para comprender la magnitud de la actual manipulación cambiaria, es necesario remitirse a la profunda crisis estructural que atraviesa Cuba desde hace décadas, agravada de manera exponencial en los últimos años. La implementación de la llamada Tarea Ordenamiento, un paquete de medidas económicas que incluía la unificación monetaria, resultó en un fracaso rotundo que disparó la inflación, destruyó el poder adquisitivo de los salarios y dolarizó de facto la economía nacional. Ante la incapacidad del gobierno cubano para proveer divisas a través de los canales oficiales, la población y el emergente sector privado tuvieron que recurrir al mercado informal para obtener los dólares necesarios para subsistir e importar mercancías.
En este escenario, el mercado negro de divisas se convirtió en el termómetro real de la economía cubana. Los medios de comunicación independiente asumieron el rol de informar sobre estas cotizaciones, llenando un vacío que el Estado intentaba mantener en la opacidad. La respuesta del régimen de La Habana no ha sido implementar reformas económicas profundas que estabilicen la moneda, sino incrementar la represión contra quienes exponen la verdad. La acusación de «terrorismo económico» contra periodistas y medios es una muestra más de la deriva autoritaria de la dictadura, que prefiere culpar a los mensajeros de la crisis antes que asumir su responsabilidad en la gestión del país.
La corrupción, por su parte, no es un elemento ajeno al sistema, sino un componente intrínseco de su funcionamiento. La falta de separación de poderes, la ausencia de control social y la concentración de la riqueza en manos de una élite militar y política han creado un caldo de cultivo perfecto para el enriquecimiento ilícito. Los escándalos de contrabando de divisas y las purgas internas, como la de Alejandro Gil, son síntomas de una lucha de poder y de un intento de reordenar las redes de control financiero, más que un esfuerzo genuino por erradicar la corrupción de la administración pública.
Cierre
El desplome artificial del dólar en Cuba es, en definitiva, un reflejo de la voluntariedad y el autoritarismo con los que el régimen de La Habana gestiona la economía. No hay leyes del mercado que valgan cuando el objetivo supremo es mantener el control político y asegurar la supervivencia de la cúpula en el poder. Mientras la población sufre el azote de la inflación, el desabastecimiento y la represión, las élites del gobierno cubano continúan jugando con las cotizaciones de las divisas para su propio beneficio, utilizando al Estado como una herramienta de acaparamiento y silenciando a quienes intentan retratar la realidad.
La crisis cubana no tiene solución en el marco del actual modelo totalitario. Las purgas internas, las campañas contra la prensa independiente y las manipulaciones cambiarias son meros parches sobre un sistema que se desmorona por su propio peso. Mientras la dictadura siga culpando a factores externos y a ciudadanos informantes de sus propios fracasos, los derechos humanos de la población seguirán siendo violados sistemáticamente, y la fuga de capitales por parte de los mismos que hoy fingen combatirla continuará vaciando a la isla de su riqueza y su futuro.
