Un infante de cinco años perdió la vida en la localidad de La Maya, provincia de Santiago de Cuba, tras consumir tabletas de paracetamol vencidas, un hecho que evidencia el dramático desabastecimiento farmacéutico que sufre la isla. Mientras las autoridades sanitarias abren una investigación y llaman a la «educación sanitaria», la ciudadanía responsabiliza al régimen de La Habana por el estado calamitoso del sistema de salud y la obligación de recurrir al mercado negro para obtener fármacos básicos.
La fatalidad ocurrió en la comunidad de La Maya, perteneciente al municipio Songo-La Maya, cuando el menor ingirió en su hogar tabletas de paracetamol de 500 miligramos. Según la información emitida por la Dirección General de Salud provincial, el medicamento era de procedencia extranjera y presentaba una fecha de caducidad expirada hace varios años. El infante comenzó a presentar severas convulsiones, lo que obligó a su traslado de urgencia hacia el Policlínico Carlos Juan Finlay en la mañana del suceso. A pesar de los esfuerzos del personal médico por estabilizarlo, el niño falleció poco tiempo después de recibir atención.
En la misma vivienda, otro niño de once años presentó un cuadro clínico similar tras haber ingerido supuestamente el mismo medicamento alterado. Este segundo infante fue estabilizado en el centro asistencial primario y posteriormente remitido al Hospital Infantil Juan de la Cruz Martínez Maceira, donde permaneció bajo estricta vigilancia. El parte oficial indicó que el paciente se encontraba recuperado, estable y bajo observación en la sala de cuidados intensivos, aunque la gravedad del incidente dejó a la comunidad en estado de shock.
Ante la magnitud de la tragedia, las autoridades sanitarias emitieron un comunicado anunciando el desarrollo de una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del suceso. Asimismo, la nota oficial enfatizó la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en el manejo de fármacos dentro de los hogares y realizó un llamado a la educación sanitaria, haciendo especial hincapié en el «acceso seguro a medicamentos en condiciones adecuadas». Sin embargo, esta postura institucional ha sido severamente cuestionada por omitir la raíz del problema: la profunda y crónica crisis de desabastecimiento que asola a las farmacias cubanas.
La versión oficial contrasta con los testimonios de familiares de la víctima. Una prima de la madre del pequeño se comunicó con medios independientes y ofreció una perspectiva distinta sobre los hechos. Según la familiar, el niño arribó al hospital con una fiebre muy alta y, tras ser inyectado por el personal de salud, su estado se agravó rápidamente hasta provocar su deceso. Esta discrepancia plantea dudas sobre la atención recibida y la transparencia de los partes médicos emitidos por instituciones bajo el control del gobierno cubano.
Lo ocurrido en Santiago de Cuba no es un caso aislado de negligencia doméstica, sino una consecuencia directa de la imposibilidad de adquirir medicamentos seguros a través de los canales estatales. Las farmacias en Cuba carecen de los fármacos más elementales, lo que obliga a las familias a recurrir al mercado informal o a depender de remesas de medicinas enviadas desde el extranjero. Estos medicamentos, muchas veces almacenados en condiciones inadecuadas o vencidos, se convierten en la única opción terapéutica para una población desesperada por aliviar dolencias comunes.
El hecho ha provocado una oleada de indignación en las redes sociales, donde los cubanos han responsabilizado directamente al régimen de La Habana por la falta de medicamentos básicos y han desmantelado el discurso oficial. La santiaguera Haydée Ricardo Fonden expresó con claridad la frustración generalizada al señalar que si en las farmacias del país existieran medicamentos, no habría necesidad de comprarlos en la calle sin conocer su procedencia. Su testimonio refleja la angustia de millones de cubanos que ven cómo el estado ha abandonado su responsabilidad de garantizar la salud pública.
Por su parte, la ciudadana María Caridad López Campistrous calificó lo ocurrido como un duro llamado de atención y alerta ante la venta de medicamentos sin ninguna certificación sanitaria. López subrayó que la población acude a la compra de estos productos en el mercado negro únicamente para intentar suplir la ausencia de los medicamentos más simples en las farmacias estatales. La tragedia del menor de cinco años pone de manifiesto el peligro inminente que representa este sistema paralelo de salud, nacido de la necesidad y tolerado por las autoridades ante su propia ineptitud.
Las críticas también apuntaron directamente a la hipocresía del comunicado oficial. Lienae Freije reaccionó denunciando la falta de respeto implícita en la promoción del «acceso seguro a los medicamentos». Freije describió la realidad de un sistema de salud totalmente desamparado y fallido, producto de la indolencia de un gobierno que culpa al vecino del norte de sus carencias de materia prima, pero que simultáneamente posee los recursos para construir hoteles y financiar proyectos turísticos que en nada benefician a un pueblo diezmado por la malnutrición y el estrés cotidiano.
La opinión de Yanet Batista Gallego resumió el sentir de gran parte de la población al afirmar que el acceso seguro a los medicamentos significaría, precisamente, poder comprarlos en una farmacia, algo que Salud Pública no garantiza. En la misma línea, el usuario Ail Andu señaló que la tragedia era completamente previsible, advirtiendo que habría muchos más muertos si la gente no pudiera acceder a los medicamentos que se mueven en el mercado negro, ante la absoluta vacuidad de los estantes oficiales. «Porque NO HAY NADA», concluyó, evidenciando el nivel de desesperación y abandono.
La muerte de este niño ha generado una profunda consternación en Santiago de Cuba y reaviva la indignación social frente al deterioro terminal del sistema de salud cubano. Durante décadas, el gobierno cubano ha presentado la salud pública como uno de los principales y más preciados logros de la revolución. Sin embargo, la realidad actual está marcada por el desabastecimiento crónico, el colapso de la infraestructura hospitalaria, la falta de higiene en los centros asistenciales y una creciente desconfianza ciudadana hacia la capacidad del estado para proteger a los más vulnerables.
El fracaso estructural de la salud pública bajo el régimen de La Habana
Para comprender la magnitud de esta tragedia, es imprescindible analizar el contexto en el que se desarrolla la salud pública en la isla. El sistema sanitario cubano, otrora considerado un referente en América Latina, se encuentra sumido en una crisis sistémica sin precedentes. La falta de inversión en infraestructura, el envejecimiento del personal médico —en gran parte enviado a misiones en el extranjero para generar divisas para el estado— y la ineficiencia de la planificación centralizada han provocado que hospitales y policlínicos carezcan de lo más básico, desde papel y material de curación hasta antibióticos y analgésicos de uso cotidiano.
El régimen de La Habana ha instrumentalizado el bloqueo estadounidense como justificación universal para todos sus fracasos económicos y sociales. No obstante, la ciudadanía es cada vez más consciente de que la falta de paracetamol en las farmacias contrasta de manera obscena con la construcción incesante de hoteles de lujo y complejos turísticos que no logran revertir la profunda crisis económica. La asignación de recursos responde a las prioridades de una dictadura más interesada en el control político y la captación de divisas que en el bienestar de su propia población.
En este escenario, el mercado negro de medicamentos se ha consolidado como una industria paralela de supervivencia. Los cubanos se ven obligados a pagar precios exorbitantes por fármacos de origen dudoso, muchas veces donados por organizaciones internacionales o enviados por familiares desde el extranjero, que luego son revendidos sin ningún tipo de control sanitario. La ingesta de medicamentos vencidos o adulterados es un riesgo constante que asume la población ante la inoperancia del estado para garantizar el suministro médico básico.
La tragedia del pequeño en La Maya es la materialización más dolorosa de este fracaso. La exigencia oficial de «educación sanitaria» y «manejo adecuado de fármacos» resulta cínica en un país donde conseguir una simple pastilla para bajar la fiebre de un niño puede convertirse en una odisea de días. El estado cubano ha privatizado de facto la responsabilidad sobre la salud, empujando a las familias a resolver en la ilegalidad lo que el sistema público debería garantizar por derecho.
En definitiva, la pérdida de esta vida infantil no debe leerse únicamente como un accidente doméstico, sino como una víctima colateral de la ineficiencia y la falta de libertad en Cuba. Mientras la dictadura mantenga sus prioridades enfocadas en el lucro turístico y el control represivo, y no en la reactivación del sistema sanitario y farmacéutico, la vida de los cubanos seguirá pendiendo de un hilo. La indignación social es el único termómetro real de un país que exige cambios profundos ante la indolencia de quienes ostentan el poder.
