Ante la amenaza inminente del huracán Melissa, el gobierno cubano ha tomado la decisión de priorizar el ya menguado suministro eléctrico en las provincias orientales, condenando al resto de la isla a un colapso energético aún más profundo. La medida, anunciada por la Unión Eléctrica (UNE), expone la fragilidad estructural del sistema electroenergético nacional y la incapacidad del régimen para gestionar crisis múltiples sin someter a la población a privaciones extremas.
La Unión Eléctrica (UNE) ha informado que, debido a la cercanía del potente meteoro, se ha decidido concentrar la escasa disponibilidad de energía en la región oriental del país. El objetivo declarado es facilitar la preparación de la población ante el evento meteorológico, pero la consecuencia directa es una penalización severa para las provincias centrales y occidentales, que verán interrumpidos sus servicios con mayor frecuencia y duración. Esta política de «robar a Pedro para pagar a Pablo» evidencia la bancarrota técnica de la infraestructura estatal.
El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil ha declarado la fase de alarma ciclónica para los territorios de Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Las Tunas y Camagüey. Asimismo, Ciego de Ávila y Sancti Spíritus han sido puestas en fase de alerta. Las autoridades han exigido a la ciudadanía cumplir disciplinadamente con las indicaciones, en un tono que mezcla la advertencia institucional con el control social característico de la dictadura, apelando a la obediencia ante un sistema que históricamente ha fallado en la protección civil efectiva.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) ha clasificado a Melissa como un huracán de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 270 km/h y una presión central mínima de 908 hectopascales. El organismo internacional ha advertido que los preparativos para proteger la vida y la propiedad deben acelerarse en Cuba, un país donde el deterioro de la vivienda es una crisis estructural silenciada durante décadas por el régimen de La Habana, dejando a miles de familias en una vulnerabilidad inaceptable.
Los pronósticos meteorológicos anticipan acumulados de lluvia de entre 15 y 20 pulgadas en el oriente cubano, con valores locales superiores que podrían provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en zonas montañosas. A esto se suma un potencial de marejada ciclónica significativa en la costa sureste, con alturas máximas de 7 a 11 pies por encima de los niveles normales, acompañadas de olas destructivas. El Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) confirma un progresivo deterioro de las condiciones, lo que augura un escenario devastador.
En el frente operativo del sistema eléctrico, la situación es igualmente crítica. Desde el Despacho Nacional de Carga, el director de la UNE, Félix Estrada Rodríguez, ha precisado que el déficit de generación podría alcanzar los 1.775 megavatios (MW) en las horas nocturnas. Esta cifra representa una asfixia total para la economía y la vida doméstica. Además, se ha anunciado la desconexión voluntaria del servicio cuando las rachas de viento superen los 60 km/h, una medida técnica que, en la práctica, dejará a la población a oscuras precisamente cuando más necesita de información y comunicación.
Como parte de las medidas de contingencia, el gobierno cubano ha ordenado la evacuación de casi 650.000 personas en las provincias orientales. El Ministerio de Educación ha suspendido las actividades docentes y el Ministerio de Transporte ha cancelado vuelos, así como viajes en autobuses y trenes interprovinciales hacia y desde Santiago de Cuba y Holguín. Si bien estas medidas son estándar ante un huracán de esta magnitud, la logística para sostener a medio millón de personas evacuadas choca frontalmente con la escasez crónica de recursos alimentarios y de higiene que sufre la isla.
El sacrificio del suministro eléctrico en occidente para mitigar el impacto en oriente revela una gestión de crisis basada en el racionamiento de la miseria. Mientras los habitantes del oriente se preparan para el embate de la naturaleza, los ciudadanos del resto del país enfrentan una catástrofe artificial. Las empresas productivas se detienen, los alimentos se pudren en neveras apagadas y el bombeo de agua cesa, profundizando una crisis sanitaria y económica que el régimen se niega a reconocer en su verdadera magnitud.
La incapacidad de la dictadura para mantener un sistema eléctrico resiliente y moderno es el resultado de décadas de desinversión, corrupción y mala planificación. La dependencia de tecnologías obsoletas y de combustibles importados con condiciones políticas ha dejado a la isla en una posición de extrema debilidad. Ante un evento meteorológico de la categoría de Melissa, la respuesta oficial no es el despliegue de una infraestructura robusta, sino el desmantelamiento parcial del servicio en regiones enteras para evitar un colapso total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).
Contexto: Un sistema colapsado por la ineficiencia estatal
El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de Cuba atraviesa su peor crisis en décadas, un colapso que trasciende el impacto de fenómenos meteorológicos puntuales. La infraestructura eléctrica cubana depende en su mayoría de termoeléctricas construidas hace más de cuatro décadas, las cuales operan muy por debajo de su capacidad instalada debido a la falta de mantenimiento, la obsolescencia de sus piezas y la escasez crónica de combustible. El régimen de La Habana ha fracasado sistemáticamente en la ejecución de proyectos de inversión que diversifiquen la matriz energética, apostando todo a acuerdos políticos de suministro de petróleo que se han demostrado inestables.
La situación actual es el culmen de una política económica centralizada y burocrática que asfixia la productividad. Las promesas de modernización y de inversión en energías renovables se han quedado en campañas propagandísticas, sin traducción en megavatios reales para la red nacional. La población cubana sufre apagones diarios que duran entre 10 y 18 horas en muchos territorios, incluso sin la presencia de eventos meteorológicos adversos. Esta privación constante ha sido un catalizador de las protestas sociales en la isla, reprimidas con dureza por la dictadura, que prefiere culpar al embargo estadounidense antes que asumir su responsabilidad en la ruina del sector energético.
En este escenario, la llegada del huracán Melissa no hace más que desnudar la precariedad absoluta del modelo. La decisión de la UNE de triaje eléctrico es un reconocimiento implícito de que el sistema está al borde del colapso definitivo. No existen redes de respaldo, ni capacidad de generación distribuida suficiente, ni planes de contingencia que no pasen por apagar a una parte del país para mantener encendida a otra. La crisis eléctrica es, en esencia, el termómetro más exacto de la decadencia económica y institucional de la isla.
El precio de la vulnerabilidad
La convergencia de un desastre natural de máxima intensidad con la decrepitud de la infraestructura nacional dibuja un panorama desolador para el futuro inmediato de Cuba. Mientras el huracán Melissa descarga su furia sobre el oriente, el régimen de La Habana utilizará la contingencia para justificar los apagones masivos y el parálisis económica en el resto del territorio nacional, diluyendo así su responsabilidad histórica en el desastre. Sin embargo, la población entiende cada vez más que la diferencia entre resistir un huracán y sobrevivir a él depende en gran medida de las condiciones materiales previas, las cuales han sido sistemáticamente destruidas por la ineficiencia y el autoritarismo del Estado.
El verdadero costo de este desastre no se medirá únicamente en los daños materiales que deje el viento y el agua, sino en la profundización de la crisis humanitaria que se gesta en la oscuridad de los apagones. La recuperación exigirá recursos que el gobierno cubano no posee y que difícilmente podrá obtener sin realizar concesiones que afecten su control absoluto del poder. Por ahora, a los cubanos solo les queda enfrentar la furia de la naturaleza y la inoperancia de sus gobernantes, en un escenario donde la esperanza de una mejoría choca contra la intransigencia de una dictadura que prefiere ver a su país a oscuras antes que renunciar a los privilegios del poder.
