La Habana.- La economía cubana atraviesa una de sus etapas más surrealistas, donde el litro de gasolina importada desde Estados Unidos y vendida en el mercado negro cuesta menos que un litro de aceite comestible. Esta paradoja refleja el profundo colapso de la cadena de suministros y la asfixia regulatoria que el régimen de La Habana ha impuesto sobre las pequeñas y medianas empresas (Mipymes), forzándolas a abandonar la importación de alimentos básicos para dedicarse a la comercialización de combustibles, un sector menos fiscalizado y más rentable en el actual contexto de crisis.
La situación en el mercado interno presenta indicadores contradictorios que evidencian la distorsión estructural del sistema económico de la isla. Mientras el precio del dólar en el mercado informal ha experimentado una disminución, el costo de los alimentos básicos continúa en ascenso. Paralelamente, el combustible importado desde Estados Unidos, que llegó a cotizarse en cerca de cinco mil pesos cubanos el litro hace apenas dos meses, ha reducido su precio de forma significativa, situándose entre los dos mil y dos mil quinientos pesos en la calle, muy por debajo del aceite de cocina, que supera los cinco mil pesos.
Los datos sobre las exportaciones estadounidenses de combustible hacia la isla confirman este giro en el comercio privado. En mayo, las ventas rondaron los 24 millones de dólares, pero en junio esta cifra se duplicó, alcanzando aproximadamente 48 millones de dólares, con proyecciones de un nuevo aumento para el mes de agosto. Este flujo de capital privado hacia la compra de gasolina contrasta dramáticamente con la escasez de productos alimenticios en los comercios estatales y privados.
El esquema de comercialización del combustible revela los márgenes de ganancia que han atraído a los empresarios privados. El litro de gasolina se importa a un costo de entre 1.90 y 2.10 dólares. Posteriormente, se vende al por mayor a las Mipymes en tanques IBC de 940 litros, a un precio que oscila entre 2.60 y 2.80 dólares el litro, dependiendo de si el pago se realiza desde el extranjero o dentro de la isla. Finalmente, el producto se revende en el mercado negro a entre tres y cuatro dólares el litro, un negocio que, a diferencia de la venta de alimentos, opera sin la intervención de inspectores gubernamentales ni topes de precios.
El colapso logístico y el abandono del Puerto del Mariel
El desplazamiento del sector privado hacia el negocio del combustible no responde únicamente a la rentabilidad, sino también al estrangulamiento de las cadenas de suministro para otros tipos de mercancías. La paralización de las navieras contratadas para transportar cargas desde mercados alternativos a Estados Unidos ha dejado toneladas de alimentos y productos varados en puertos de la región, sin posibilidades de arribar a Cuba ni siquiera asumiendo el pago de un doble flete.
A esta crisis logística se suma el impacto de las recientes medidas adoptadas durante la administración de Donald Trump, que provocaron la suspensión de operaciones y el retiro de empresas extranjeras que operaban en el Puerto del Mariel. Un caso emblemático es el de la empresa singapurense PSA, que tras quince años al frente de la Terminal de Contenedores gestionada por la empresa militar GAESA, cesó sus operaciones. Como consecuencia, existen toneladas de mercancías retenidas en el Mariel a la espera de certificación, acumulando días de estancia que elevan exponencialmente los costos de importación.
Este escenario ha llevado a la quiebra o al abandono del negocio a numerosos empresarios privados. Cientos de contratos de importación de alimentos permanecen aplazados por más de un año, a pesar de que las Mipymes han cancelado los anticipos exigidos por las autoridades y los proveedores. La falta de garantías tanto en la recepción de los productos como en la recuperación del capital invertido ha transformado la importación de alimentos en un sector de altísimo riesgo e incertidumbre.
La ofensiva del régimen contra las Mipymes de alimentos
El gobierno cubano ha desplegado una estratégica ofensiva contra los negocios privados que aún persisten en la importación de alimentos. Bajo el pretexto oficial de proteger al consumidor frente a la inflación, las autoridades de la isla han intensificado la fiscalización, los topes de precios y los operativos de inspección. Sin embargo, empresarios del sector señalan que esta política es una maniobra para obligarlos a trasladar sus inversiones hacia los combustibles, un nicho que, paradójicamente, beneficia al Estado, ya que las empresas estatales han perdido capacidad de importación directa y dependen del sector privado para abastecerse, mientras que la estatal Cupet mantiene el monopolio del almacenamiento, certificación y distribución.
La presión estatal se ha traducido en un clima de hostigamiento constante. Recientemente, coincidiendo con el centenario del fallecido exgobernante Fidel Castro, los gobiernos provinciales y municipales desplegaron operativos de inspección que resultaron en la imposición de centenares de multas y el cierre de decenas de establecimientos privados. Dueños de Mipymes aseguran que la dictadura cubana utiliza estas medidas no solo para culpar al sector privado de la inflación y el desabastecimiento —problemas derivados de la ineficiencia estatal—, sino para forzar su reorientación hacia negocios que no requieren refrigeración, un factor crítico ante los constantes apagones que azotan al país.
Contexto de la crisis estructural y sistémica
El fenómeno de la gasolina barata frente al aceite comestible inalcanzable es un síntoma más de la profunda crisis estructural que atraviesa la nación. La inflación galopante, impulsada por la emisión inorgánica de moneda y la falta de respaldo productivo, ha destruido el poder adquisitivo de la población. A esto se suma el colapso del sistema electroenergético nacional, que no solo afecta la calidad de vida de los ciudadanos, sino que encarece y hace inviable cualquier emprendimiento que dependa de la cadena de frío para conservar alimentos perecederos.
Además, el monopolio del comercio exterior en manos de las empresas del Ministerio de las Fuerzas Armadas (MINFAR), agrupadas en GAESA, ha demostrado ser un fracaso rotundo para garantizar el abastecimiento de la población. La apertura a las Mipymes en 2021 fue una medida desesperada del ejecutivo cubano para inyectar liquidez y abastecer el mercado tras el fracaso de la llamada \»Tarea Ordenamiento\». Sin embargo, ante el éxito del sector privado y el fracaso de la empresa estatal, el régimen ha optado por ahogar a los emprendedores, utilizándolos como chivos expiatorios de la crisis y forzándolos a operar en los márgenes que más convienen a la cúpula militar y política.
El éxodo migratorio masivo, que ha visto partir a cientos de miles de cubanos en los últimos años, está directamente vinculado a esta imposibilidad de sostener un nivel de vida digno y a la asfixia económica y represiva contra el sector privado. La forzada reorientación de las Mipymes hacia la venta de combustible dejará un vacío aún mayor en el ya precario mercado de los alimentos, profundizando la inseguridad alimentaria de millones de hogares en la isla.
Consecuencias y panorama futuro
La reconfiguración del mercado privado en Cuba augura un oscuro panorama para el acceso a la alimentación básica. Al priorizar la importación de combustible —un producto que no requiere inspección sanitaria, ni topes de precios, ni cadena de frío—, el sector privado está respondiendo lógicamente a los incentivos y castigos impuestos por el Estado. No obstante, esta dinámica condena a la población a convivir con una escasez crónica de productos esenciales como el arroz, la carne y el aceite, cuyos precios seguirán disparándose en ausencia de competencia y oferta.
La comunidad internacional y los actores económicos con vínculos en la isla observan con preocupación cómo el régimen de La Habana continúa saboteando cualquier intento de estabilización económica que no esté bajo su control absoluto. La frase que circula entre los desesperados empresarios privados de \»aprender a comer gasolina o terminar dándonos candela\» resume el nivel de frustración y colapso institucional. Mientras el gobierno cubano no asuma la responsabilidad de su ineficiencia y no liberalice de forma real el comercio exterior y la inversión, la isla seguirá sumida en un modelo económico fallido donde el absurdo se impone a la lógica y la supervivencia ciudadana se vuelve cada día más insostenible.
