Un panel de expertos de la Red de Observatorios Independientes de Cuba presentó en la Universidad Internacional de Florida (FIU) el \»Informe Cuba 2026\», un exhaustivo documento que evidencia la profunda crisis multidimensional que atraviesa la isla. Los datos presentados confirman que el 89% de los cubanos vivió en 2025 en situación de pobreza extrema, con un poder adquisitivo que colapsó hasta situar el salario medio en apenas 13 dólares mensuales, reflejando el fracaso absoluto de las políticas económicas del régimen de La Habana.
La presentación, llevada a cabo en la Green Library de la FIU, reunió a prominentes investigadores y activistas de la sociedad civil cubana. Elaine Acosta, directora del Observatorio Cuido 60; Yaxys Cires, director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH); Juan Antonio Blanco, del laboratorio de ideas Cuba Siglo 21; e Ileana Álvarez, de la revista Alas Tensas (OGAT), expusieron una radiografía desoladora que abarca desde la inseguridad alimentaria y el envejecimiento demográfico hasta la violencia de género y la conflictividad social.
Las cifras expuestas dimensionan la magnitud del desastre económico gestionado por las autoridades de la isla. Según el informe, el 89% de la población cubana se encontraba en pobreza extrema durante 2025, una proporción que se eleva al 94% según el IX Estudio sobre Derechos Sociales del OCDH publicado posteriormente. La inseguridad alimentaria ha alcanzado niveles alarmantes: siete de cada diez consultados afirmaron haberse visto obligados a saltarse al menos una comida diaria, cifra que el OCDH eleva a ocho de cada diez, evidenciando un deterioro sin precedentes en el acceso a bienes básicos y una incapacidad manifiesta del Estado para garantizar la seguridad alimentaria.
El deterioro del poder adquisitivo es otro de los indicadores que demuestra la desconexión total entre el discurso oficial y la realidad material de los ciudadanos. El salario medio oficial, situado en 6.930 pesos cubanos, equivalía al cierre de 2025 a unos 13 dólares mensuales en el mercado informal, mientras que las pensiones apenas alcanzaban los tres dólares. Utilizando el estándar del Banco Mundial de 1,90 dólares diarios, un hogar medio de tres personas en Cuba necesitaría ingresar al menos 171 dólares mensuales para no ser considerado pobre, una meta completamente inalcanzable para la inmensa mayoría de la población que no recibe remesas del exterior.
Represión y conflictividad social en aumento
A pesar del cerco represivo y del constante hostigamiento a la disidencia, la sociedad civil ha incrementado su resistencia frente a la dictadura cubana. Durante 2025, los observatorios documentaron 11.268 protestas, denuncias y acciones cívicas, superando en más de un 25% la cifra registrada en 2024. El informe destaca que, durante cinco meses consecutivos, se contabilizaron más de 1.000 eventos mensuales, un indicador inequívoco de la creciente indignación popular ante la falta de libertades, el desabastecimiento crónico y el colapso del sistema eléctrico.
En materia de derechos humanos y violencia de género, el panorama es igualmente crítico y refleja la inacción institucional. La investigación reveló que, de las 46 víctimas de feminicidio cuyo perfil racial pudo identificarse, el 45,8% eran mujeres negras o mestizas, una proporción muy superior a su representación demográfica, lo que sugiere una intersección de vulnerabilidades no atendida por las políticas públicas. Además, en el 54,2% de los casos verificados fue imposible determinar si la víctima había buscado ayuda institucional previa, lo que subraya la profunda desconfianza hacia el sistema de justicia. El documento alerta sobre la ausencia total de protocolos obligatorios de alerta pública inmediata ante la desaparición de mujeres y niñas, dejándolas en un estado de total desamparo.
El testimonio como herramienta de denuncia
Para los investigadores, las estadísticas adquieren su verdadera dimensión cuando se vinculan con la experiencia humana. \»El testimonio es un dato\», resumió la socióloga Elaine Acosta, enfatizando que las décadas de promesas oficiales de igualdad y bienestar no se han traducido en una mejora sostenida de las condiciones de vida. Acosta destacó el surgimiento de una red informal de cuidados impulsada por la sociedad civil para atender a las personas mayores, un sector completamente desprotegido ante el deterioro de los servicios estatales y la masiva emigración de los cuidadores tradicionales, las mujeres cubanas.
En la misma línea, Ileana Álvarez, directora del OGAT, defendió la importancia de nombrar la violencia y mantener registros actualizados de fenómenos sociales que el Estado ignora, minimiza o invisibiliza deliberadamente. Desde cuestionar \»¿dónde están y quiénes son los pedófilos en Cuba?\» hasta exigir visibilidad para los casos de feminicidio en un escenario que calificó de \»terrible\», Álvarez sostuvo que el trabajo riguroso de los observatorios ha obligado al gobierno cubano a rendir cuentas y a publicar datos que tradicionalmente ocultaba. \»Desde nuestra pequeñez, pero con un trabajo tremendo de nuestro equipo, hemos logrado que el Estado cubano haya estado obligado a dar datos\», afirmó.
Yaxys Cires, del OCDH, insistió en la necesidad de trascender la mera descripción de la crisis para avanzar hacia propuestas políticas y académicas concretas que desmonten los discursos del régimen. Cires reconoció las dificultades para medir la pobreza multidimensional en la isla, dado que el ejecutivo cubano no publica datos transparentes sobre el valor real de los subsidios o el acceso a servicios. \»Hay una serie de datos que permiten calcular la pobreza multidimensional que no tenemos\», explicó, señalando que la evaluación integral de la precariedad requiere considerar factores como el acceso a la salud, la vivienda y la alimentación, todos en franco colapso.
El papel de la comunidad internacional y el exilio
El debate también abordó la dinámica geopolítica y el papel de Estados Unidos, especialmente frente a la narrativa oficial que culpa a las sanciones estadounidenses de los males que padecen los cubanos, incluyendo la falta de combustible para hospitales o dispositivos médicos para niños con enfermedades graves. Juan Antonio Blanco propuso reconsiderar a Washington como \»un aliado nuestro contra el totalitarismo\», aunque matizando que los aliados tienen intereses propios y no son \»siameses\». Sobre la presencia de Marco Rubio al frente del Departamento de Estado, Blanco advirtió que la política exterior de EE. UU. responde a intereses globales y no a una agenda local de Miami, urgiendo a la diáspora a asumir una postura más estratégica y menos emocional.
Contexto: El fracaso de un modelo económicamente agotado
El \»Informe Cuba 2026\» no hace más que confirmar una realidad que la ciudadanía padece diariamente en las calles: el colapso estructural del modelo económico y social impuesto por el régimen. La hiperinflación, la devaluación constante del peso cubano frente al dólar en el mercado informal y la dependencia absoluta de las remesas son síntomas de una economía de subsistencia que ha reemplazado al supuesto Estado de bienestar. La concentración de la riqueza y los recursos en manos del conglomerado empresarial militar (GAESA) contrasta dramáticamente con la imposibilidad de las familias para acceder a productos de primera necesidad, profundizando una desigualdad social sin precedentes en la historia reciente de la isla.
Este escenario de crisis generalizada tiene sus antecedentes más inmediatos en el fracaso de la llamada \»Tarea Ordenamiento\» implementada en 2021, una política económica que disparó la inflación, destruyó el ya precario poder adquisitivo de los salarios y desencadenó un éxodo migratorio masivo sin precedentes. A esto se suman los apagones prolongados que superan las 10 horas diarias en muchas provincias, la crisis sanitaria agudizada por la falta de medicamentos básicos y la respuesta institucional ineficaz ante desastres naturales. El Estado ha abandonado de facto su función asistencial, delegando la supervivencia de los ciudadanos en la solidaridad familiar y el envío de divisas desde el exterior.
Ante este colapso sistémico, la dictadura cubana ha optado por el endurecimiento represivo, utilizando detenciones arbitrarias, juicios sumarios, amenazas y el exilio forzado para silenciar el descontento y desarticular cualquier intento de organización opositora. Sin embargo, el incremento sostenido de las protestas documentado por los observatorios independientes demuestra que el miedo impuesto durante décadas está perdiendo su eficacia. La sociedad civil, a pesar de la asfixia financiera, la censura digital y el acoso institucional, se organiza para suplir las deficiencias estatales y para documentar las violaciones de derechos humanos, construyendo un archivo histórico que inculpa directamente a la cúpula gobernante.
La presentación de este informe en la academia estadounidense representa un paso crucial para visibilizar el deterioro irreversible de las condiciones de vida en la isla. Estos datos no solo desmontan la propaganda oficial de un supuesto desarrollo social equitativo, sino que proveen a la comunidad internacional de evidencias verificables sobre la gravedad de la crisis humanitaria y política. En adelante, el reto para la sociedad civil, los actores democráticos y la diáspora será transformar esta rigurosa documentación en acciones que presionen al régimen de La Habana, exijan rendición de cuentas por las violaciones sistemáticas y abran un horizonte real de democratización y recuperación económica para la nación cubana.
