El municipio de Regla, en La Habana, ha sido el escenario elegido para la apertura de la primera farmacia privada que opera en Cuba tras más de seis décadas de monopolio estatal absoluto sobre la salud y la distribución de medicamentos. El establecimiento, autorizado bajo el reciente Decreto 160 emitido por el régimen de La Habana, llega en un momento de crisis aguda del sector sanitario, donde el desabastecimiento obliga a la población a pagar precios exorbitantes que superan ampliamente los ingresos promedio de los cubanos.
La autorización para la gestión de servicios farmacéuticos por parte de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y cooperativas no agropecuarias fue formalizada mediante el Decreto 160, publicado el pasado 28 de julio y vigente desde el 4 de agosto. Esta normativa clasifica las actividades farmacéuticas, ópticas, de cuidado y rehabilitación como \»autorizables o condicionadas\», exigiendo licencias, certificaciones y la estricta supervisión del Ministerio de Salud Pública (MINSAP). Aunque el ejecutivo cubano lo presenta como una apertura, la medida responde directamente a la incapacidad del Estado para sostener la red pública de farmacias, sumida en el abandono, la ineficiencia y la corrupción institucionalizada.
Un reportaje difundido recientemente mostró el interior de este establecimiento pionero, revelando una realidad que contrasta de forma escandalosa con la retórica oficial de igualdad y accessibilidad universal a la salud. En los estantes se exhiben medicamentos, vitaminas, suplementos y productos de medicina natural a precios que escapan del alcance de la mayoría de la población. Por ejemplo, la cefalexina en polvo para preparar una suspensión pediátrica se ofrece a 2.000 pesos cubanos (CUP), mientras que la nistatina cuesta 1.200 CUP. Otros fármacos de uso común, como el ácido fólico en jarabe y la difenhidramina, alcanzan los 1.800 CUP, y la bromhexina o el jarabe Bronfarme se cotizan a 2.000 CUP.
La disparidad abismal entre los precios de estos productos y el poder adquisitivo real de la población es uno de los aspectos más críticos de esta nueva dinámica económica. Mientras que los tés medicinales se venden a 100 CUP y los suplementos vitamínicos oscilan entre 2.000 y 3.000 CUP, el salario mínimo nacional fijado recientemente por las autoridades de la isla se sitúa en apenas 3.210 pesos mensuales. Esto significa que la compra de un único suplemento o medicamento de 3.000 CUP equivale casi al 94 % de los ingresos mensuales de un trabajador en el sector estatal, reflejando la profunda desigualdad y el empobrecimiento que impera en el país.
![\"😱](\"https://reportecubaya.com/wp-content/uploads/2026/09/cuba_img0_74e5586341.jpg\")
😱 Entré a la PRIMERA FARMACIA PRIVADA de Cuba… ¡No esperaba encontrar esto!
Las reacciones de los residentes en la zona evidencian la desesperación y la resignación ante un sistema de salud que ha fallado en garantizar lo más básico. Durante el recorrido audiovisual, una vecina reconoció que, pese a a que un suplemento vitamínico cuesta una fortuna en términos locales, \»hay que comprarlo\» ante la total ausencia de alternativas en la red pública. Otro entrevistado resumió con crudeza la situación sanitaria del país: \»Es mejor no enfermarse en Cuba\», una frase que encapsula el terror de millones de ciudadanos ante la imposibilidad de acceder a tratamientos médicos oportunos y la amenaza constante de enfermedades prevenibles.
Mayra Morales, dependienta del establecimiento, aseguró durante la grabación que el proyecto incluye iniciativas de asunción de responsabilidad social, como entregas dirigidas a ancianos, personas vulnerables, casas de abuelos y hogares maternos. Incluso mencionó que en ocasiones regalan fármacos a quienes no pueden asumir su costo, aunque aclaró que esta no es la modalidad habitual ni el fin de lucro del negocio. Por su parte, Cristina Lara Bastanzuri, directora nacional de Medicamentos y Tecnologías Médicas del MINSAP, explicó que los locales privados deberán cumplir condiciones estrictas de temperatura, humedad, almacenamiento y contar con personal farmacéutico calificado, además de garantizar que todos los medicamentos comercializados posean registro sanitario y autorización previa de venta en Cuba.
Sin embargo, el Decreto 160 deja vacíos legales preocupantes que podrían derivar en nuevos focos de corrupción o descontrol burocrático. La norma no fija precios máximos para las farmacias privadas ni desarrolla reglas claras para la dispensación de antibióticos y otros medicamentos sometidos a controles médicos estrictos. Aunque el MINSAP anunció que supervisará la calidad y los precios, el decreto no especifica el mecanismo que se utilizará para ejercer ese control, dejando en la incertidumbre la efectividad de estas medidas en un país donde el mercado negro florece precisamente por la inoperancia y la falta de transparencia del Estado.
El fin de un monopolio forzado
La existencia de farmacias privadas en Cuba había sido eliminada tras un proceso sistemático y violento de estatización impulsado por la dictadura tras 1959. El historiador sanitario José Ramón Ruiz Hernández documentó minuciosamente cómo el gobierno procedió a nacionalizar las grandes droguerías el 13 de octubre de 1960. Posteriormente, el 10 de enero de 1962, estatizó 370 farmacias y 35 almacenes de medicamentos, consolidando el control estatal absoluto en noviembre de 1963 con la nacionalización de los establecimientos restantes.
Este proceso de absorción no fue un acto de voluntarismo comercial, sino una imposición del poder. La Ley 1090, fechada el 1 de febrero de 1963, facultó a los organismos estatales para imponer la expropiación por causa de \»utilidad pública o interés social\» cuando los propietarios se negaran a vender sus bienes requeridos. Esta medida despojó a cientos de cubanos de sus negocios legítimos y entregó al Estado un monopolio que, seis décadas después, ha demostrado ser un fracaso rotundo, incapaz de mantener abastecido ni siquiera el 30 % del cuadro básico de medicamentos, según el propio reconocimiento del mandatario Miguel Díaz-Canel.
Un sistema sanitario en ruinas y crisis estructural
La apertura de esta farmacia privada no es un acto de liberalización económica genuina por parte del régimen, sino una concesión forzada por el colapso sistémico de la isla. Durante años, el gobierno cubano ha mantenido una narrativa internacional de excelencia médica que contrasta de forma obscena con la realidad interna: hospitales desprovistos de recursos básicos, falta de higiene, ausencia total de fármacos para tratar enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes o el asma, y un éxodo masivo de profesionales de la salud que han abandonado el país en busca de mejores condiciones de vida.
En este contexto de crisis estructural profunda, la población se ha visto obligada durante años a recurrir al mercado negro, a las remesas enviadas desde el extranjero o a la importación informal de medicamentos, prácticas que las autoridades han tolerado por pura necesidad. La entrada del sector privado en la farmacéutica refleja la desesperación del gobierno por paliar una crisis que ya ha generado un costo social insostenible. Sin embargo, al no haber un control real sobre los precios y con una moneda nacional devaluada frente al dólar, el acceso a la salud se está convirtiendo rápidamente en un privilegio de pocos, vulnerando el derecho universal a la atención médica que el Estado supuestamente garantiza en su constitución.
Implicaciones y futuro del sector farmacéutico
La aparición de la primera farmacia privada marca un punto de inflexión en la economía y la salud pública cubana, pero también levanta interrogantes profundas sobre el modelo de país. Si bien la iniciativa puede aliviar el desabastecimiento para aquellos que cuenten con los recursos necesarios o apoyo familiar en el exterior, deja en el ostracismo absoluto a la inmensa mayoría de la población, que sobrevive con salarios de miseria en medio de una inflación incontrolable. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deberán observar de cerca cómo evoluciona esta medida, en una nación donde la falta de libertades económicas y políticas ha sido la causa principal del deterioro de la calidad de vida.
El verdadero desafío para la ciudadanía no es solo la llegada de farmacias privadas, sino la urgente necesidad de reconstruir un sistema sanitario que ha sido sistemáticamente desmantelado por décadas de ineficiencia, centralización extrema y control autoritario. Mientras el régimen mantenga su monopolio sobre las decisiones económicas y continúe priorizando el control político sobre el bienestar de los cubanos, aperturas como la del Decreto 160 solo maquillaran una crisis humanitaria que avanza sin freno hacia el abismo, dejando a los más vulnerables a la merced de la suerte y de los precios del libre mercado en una economía estrangulada.
