Un tribunal en Las Tunas impuso penas de entre 11 y 13 años de prisión a cinco trabajadores de la Empresa Mayorista de Alimentos por la malversación de productos de la canasta básica. El desvío de arroz, azúcar, chícharos y frijoles afectó a más de 50.000 núcleos familiares y causó pérdidas calculadas en más de 623.000 pesos al erario público, en medio de la profunda crisis de desabastecimiento que sufre la isla.
La Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Las Tunas encontró culpables a los implicados de delitos de malversación, tipificados en el Código Penal. Los hechos ocurrieron en el almacén de la Unidad Empresarial de Base 639, donde los acusados aprovecharon sus cargos para sustraer las mercancías y comercializarlas de manera ilegal en el mercado informal, según detalló el medio estatal Periódico 26.
Además de las penas de privación de libertad, el régimen de La Habana aplicó sanciones accesorias severas. Los sentenciados enfrentan la inhabilitación para ejercer su profesión, la privación de derechos públicos y la prohibición de salir del territorio nacional. Asimismo, tendrán la obligación de resarcir el perjuicio económico ocasionado al Estado, aunque la sentencia aún puede ser recurrida en casación por la defensa o la Fiscalía.
El robo institucionalizado en medio del colapso económico
Este caso de corrupción a nivel minorista no es un hecho aislado, sino un síntoma del profundo deterioro del sistema de distribución y control estatal en Cuba. La ineficiencia burocrática y la falta de incentivos en las empresas estatales propician un entorno donde el desvío de recursos se convierte en una práctica recurrente ante el fracaso del modelo económico impulsado por el gobierno cubano. Mientras las autoridades de la isla aplican el peso de la ley sobre los eslabones inferiores de la cadena, la ciudadanía enfrenta diariamente la escasez crónica de alimentos y una inflación galopante que agrava la inseguridad alimentaria.
La condena a estos cinco trabajadores evidencia la asimetría de un sistema que castiga con dureza la malversación en la base, mientras la cúpula del poder mantiene intactos sus privilegios y su control absoluto sobre la economía nacional. Para la población tunera y el resto del país, el castigo a estos funcionarios no resuelve la crisis estructural de abastecimiento que sigue empujando a miles de cubanos hacia el exilio migratorio y la pobreza extrema, en un escenario donde la falta de libertades impide cualquier transformación económica de fondo.
