Los habitantes del municipio de Contramaestre, en Santiago de Cuba, rompieron el cerco de silencio impuesto por el régimen de La Habana para exigir el fin de los apagones prolongados y el insoportable deterioro de las condiciones de vida. La respuesta institucional no se hizo esperar: cortes de internet y un despliegue represivo que evidencia, una vez más, la naturaleza autoritaria de la dictadura cubana frente a la legítima indignación ciudadana.
La localidad de Baire se ha convertido en el último epicentro de la indignación popular en Cuba. Decenas de residentes salieron a las calles en la noche del jueves, hartos de soportar más de treinta horas sin suministro eléctrico, una situación que se agrava con la total ausencia de agua potable y la propagación de enfermedades transmitidas por arbovirus en la comunidad. Esta crisis multidimensional ha llevado a la población al límite de su resistencia, desembocando en una protesta espontánea que desafía de manera frontal el aparato de control estatal.
Las manifestaciones, que comenzaron pasadas las siete de la tarde en barrios populares como La Salada, El Transformador y Avicinia, se caracterizaron por el tradicional cacerolazo y por consignas que resuenan con una fuerza inusitada en la isla: «¡Libertad!» y «¡No tenemos miedo!». Los vecinos, visiblemente exhaustos por la incapacidad crónica del gobierno cubano para garantizar los servicios más básicos, se unieron de manera orgánica para marchar hacia la estación de policía del poblado, un acto de audacia sin precedentes en un país donde la disidencia y la exigencia de derechos son duramente castigadas.
El relato de los testigos presenciales, recopilado a través de la labor de periodistas independientes y activistas en redes sociales, dibuja un panorama de desesperación contenida que finalmente estalló. Una vecina, que pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, detalló cómo la multitud llegó hasta el parque central enfrentándose a un dispositivo de seguridad ya desplegado. La presencia de motocicletas de la Seguridad del Estado y vehículos de bomberos evidencia que el régimen prioriza la contención de la protesta social sobre la solución de las emergencias cotidianas que aquejan a la población.
Ante la imposibilidad de frenar el descontento con discursos vacíos o promesas incumplidas, la dictadura recurrió a su táctica más habitual y cobarde: el apagón informativo. Durante los primeros minutos de la movilización, el acceso a internet fue cortado de manera intencional en todo el municipio de Contramaestre. Esta censura digital, que duró aproximadamente media hora, busca impedir la circulación de evidencias y testimonios que desmientan la narrativa oficial de paz y estabilidad. Sin embargo, la reconexión permitió que la verdad saliera a la luz a través de múltiples videos compartidos en la red, derrotando el intento de ocultamiento.
Para evadir los retenes policiales establecidos en las arterias principales, los manifestantes optaron por un despliegue táctico, avanzando por calles interiores en un claro síntoma de organización popular frente a la represión. Recorrieron la Avenida 8, se detuvieron frente a la unidad policial —donde reside el presidente del Consejo Popular— y continuaron por la Avenida Central hasta el busto de José Martí en el Parque Central de Baire. Este recorrido simbólico subraya la profunda desconexión entre los ideales de emancipación y justicia que representan los próceres independentistas y la realidad opresiva y miserable que vive la nación bajo el poder absolutista.
Pasada la medianoche, el terrorismo de Estado se hizo evidente en las calles de la oriental localidad. Patrullas, agentes uniformados y oficiales vestidos de civil rodearon el parque y sus alrededores, instalando un clima de profunda intimidación. Los vecinos, obligados a observar el despliegue represivo desde el interior de sus viviendas oscuras, experimentaron de primera mano el peso de una maquinaria de seguridad diseñada exclusivamente para proteger al régimen y reprimir al ciudadano de a pie.
El estallido en Baire no es un fenómeno aislado, sino el síntoma más visible de una enfermedad sistémica que devora al país. El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) se encuentra en un estado de colapso terminal, producto de décadas de mala gestión, falta de inversión, envejecimiento de la infraestructura y corrupción estructural. Los apagones prolongados no son meros contratiempos técnicos; son la causa directa de la paralización de los sistemas de bombeo de agua, el deterioro acelerado de los alimentos perecederos y la imposibilidad de mantener condiciones sanitarias adecuadas, lo que facilita la proliferación de vectores y enfermedades.
La intransigencia del gobierno cubano para admitir sus fracasos económicos y políticos ha transformado la cotidianidad en un campo de batalla. La falta de alimentos, la hiperinflación, la devaluación del salario real y el deterioro general de la infraestructura han empujado a un sector de la población, que tradicionalmente permanecía pasivo o temeroso, a asumir riesgos de libertad. La consigna «No tenemos miedo», coreada en las calles de Baire, representa un punto de inflexión psicológico que aterra a la cúpula de poder en La Habana, que basa su permanencia en el temor paralizante.
Contexto: El caldo de cultivo de la insubordinación civil en Cuba
Para comprender la magnitud de lo ocurrido en Baire, es indispensable remitirse a las protestas históricas del 11 de julio de 2021. Aquella jornada marcó un antes y un después en la historia reciente de la isla, demostrando que el miedo impuesto por la dictadura podía ser vencido por la urgencia de la supervivencia. Aunque la respuesta del Estado fue una brutal ola represiva que incluyó encarcelamientos masivos, juicios sumarios y torturas, el espíritu de rebeldía del 11J ha permeado la conciencia colectiva, dando lugar a estallidos localizados pero cada vez más frecuentes y audaces.
En semanas recientes, otras localidades como Gibara han sido escenario de protestas de naturaleza similar, donde los gritos de «¡Pongan la corriente!» se entrelazan de manera natural con las exigencias de «¡Libertad!». Esta concatenación de eventos revela una fractura social insalvable. El régimen de La Habana ha perdido el monopolio de la narrativa; ya no puede culpar de manera efectiva al embargo o «bloqueo» estadounidense de la incapacidad para mantener las turbinas encendidas o para distribuir agua a las comunidades, pues la ciudadanía es plenamente consciente de la desidia, la ineficiencia y el saqueo interno de los recursos.
La crisis migratoria sin precedentes que atraviesa Cuba ha servido como una válvula de escape temporal para la presión social, pero ha dejado tras de sí a una población empobrecida, envejecida y desesperada. Los que se quedan lo hacen por falta de recursos para emigrar o por un apego inquebrantable a la tierra, pero su tolerancia hacia las privaciones ha llegado a su fin. La protesta en Baire es el reflejo de una nación que se niega a morir en silencio, que exige dignidad por encima de la retórica revolucionaria.
El levantamiento en Baire es un recordatorio categórico de que la estabilidad en Cuba es una ilusión sostenida únicamente por la fuerza bruta y el aparato represivo. Mientras el gobierno cubano se dedique a reprimir a los ciudadanos que exigen lo mínimo indispensable para sobrevivir, en lugar de implementar reformas estructurales que alivien la profunda crisis, los estallidos sociales continuarán multiplicándose por toda la geografía nacional. La dictadura se enfrenta ahora a un enemigo imbatible: el hambre, la sed, la enfermedad y la indignación de un pueblo que ha llegado a la conclusión de que no tiene nada más que perder.
