El escritor y exprisionero político Ángel Santiesteban Prats fue instruido de cargos y sometido a reclusión domiciliaria por la dictadura cubana, bajo la acusación de haber cambiado 200 dólares en el mercado informal. Los fondos estaban destinados al Asilo Nacional Masónico Llansó, en un caso que el intelectual denuncia como un montaje de la Seguridad del Estado para amedrentar a la institución benéfica.
Santiesteban aseguró que el proceso penal surge a partir de una auditoría estatal a los libros contables de las donaciones enviadas por masones desde el exterior para cubrir necesidades del asilo. Las autoridades de la isla acusan al escritor de realizar una operación de cambio de divisas fuera de los canales oficiales, una figura que el Código Penal vigente sanciona con hasta cinco años de privación de libertad. Sin embargo, el intelectual rechazó la acusación y explicó que no hubo compraventa, sino una sustitución interna de fondos, con fines asistenciales, siguiendo las indicaciones de los donantes para la compra de leche.
La instrucción de cargos no sería un hecho aislado, sino una represalia política orquestada desde Villa Marista. Santiesteban vinculó la investigación con la ofensiva que el gobierno cubano mantiene contra sectores de la masonería que han denunciado injerencia estatal. El objetivo principal de la maniobra sería afectar a José Ramón Viñas Alonso, Soberano Gran Comendador de la institución y presidente del Patronato del asilo, quien fue interrogado por la policía política tras enviar una carta a Miguel Díaz-Canel criticando la represión de las protestas del 11 de julio de 2021.
Hostigamiento sistemático a la disidencia
El caso contra el escritor se inscribe en el patrón de criminalización de la disidencia que mantiene la dictadura cubana frente a cualquier sector que cuestione su autoridad. Organizaciones internacionales como PEN América han documentado el historial de hostigamiento contra Santiesteban, quien ya fue condenado en un proceso anterior calificado como arbitrario por defensores de los derechos humanos. La actual medida cautelar se suma a las recientes intervenciones estatales en las finanzas del Hogar Masónico Llansó, evidenciando el control asfixiante del ejecutivo cubano sobre las asociaciones civiles y la gestión de la ayuda humanitaria.
El encausamiento de Santiesteban refleja la profundización de la crisis institucional y el cierre de espacios cívicos en la isla. Mientras el régimen de La Habana prioriza la persecución de figuras críticas y la intervención de entidades benéficas, la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos mantienen la alerta sobre el deterioro de las garantías jurídicas en Cuba. La criminalización de la administración de donaciones augura un escenario de mayor represión y asedio financiero para la sociedad civil.
