El Hospital Psiquiátrico de La Habana, conocido como Mazorra, albergó durante las décadas de 1970 y 1980 una sección penitenciaria donde la Seguridad del Estado enviaba a disidentes, objetores de conciencia e inadaptados sociales para ser sometidos a tratamientos psiquiátricos forzados. La práctica, heredada de los métodos de la KGB soviética, buscaba desacreditar a los opositores presentándolos como enfermos mentales y neutralizar su capacidad de acción política mediante el uso indiscriminado de electroshocks, sedantes e inyecciones de insulina.
La utilización de la psiquiatría como instrumento de control político no fue una invención del régimen cubano. Desde la década de 1960, la Unión Soviética había perfeccionado esta técnica represiva contra cientos de disidentes, con el objetivo de restarles credibilidad ante la opinión pública occidental y presentar la disidencia como una patología mental rather que como una expresión legítima de descontento social. La psiquiatría soviética creó para ello la categoría diagnóstica de «esquizofrenia latente o sigilosa», una definición lo suficientemente ambigua como para abarcar prácticamente cualquier forma de conducta considerada antisocial por las autoridades.
La escritora y periodista estadounidense Anne Applebaum, en su obra «Gulag: historia de los campos de concentración soviéticos», recoge las palabras de dos profesores del Instituto Serbski, principal centro de psiquiatría forense de Moscú, quienes sostenían que «las ideas sobre la lucha por la verdad y la justicia son concebidas con mucha frecuencia por personalidades con una estructura paranoide». Según esta lógica perversa, la convicción de la propia rectitud, la obsesión por reivindicar derechos conculcados y la tendencia a utilizar los procedimientos judiciales como tribuna para hacer discursos eran tratados como síntomas de enfermedad mental. Los pacientes que aceptaban renunciar a sus convicciones y admitían que una dolencia psiquiátrica los había llevado a criticar el sistema podían ser declarados curados y puestos en libertad.
El traslado del modelo soviético a Cuba
Entre los casos más conocidos de disidentes soviéticos diagnosticados con «esquizofrenia latente» y sometidos a tratamiento psiquiátrico forzado figuran el científico Zhores Medvedev, la periodista Natalia Gornevskaya, el ex general Piotr Grigorenko, los poetas Joseph Brodski y Andrei Ziniavski, y los activistas de derechos humanos Vladimir Bukovski y Víctor Nikipelov. La dictadura cubana, que mantenía estrechos vínculos de cooperación con los servicios de inteligencia del bloque soviético, replicó este modelo con particular crudeza en el Hospital Psiquiátrico Mazorra, en las afueras de La Habana.
Una de las salas de dicho hospital, la Carbó Serviá, funcionó durante años como una auténtica prisión camuflada bajo apariencia clínica. A esta sección, denominada oficialmente Sala de Penados, eran remitidos no solo criminales con trastornos mentales genuinos, sino también desertores del servicio militar, objetores de conciencia, disidentes políticos y todo aquel que el régimen considerara un inadaptado social. La premisa subyacente era clara: quien no encajaba en el modelo de sociedad comunista no podía estar en su sano juicio. El propio Che Guevara había advertido en su ensayo «El socialismo y el hombre en Cuba» sobre la necesidad de conformar al individuo al nuevo sistema, sentando las bases ideológicas para esta concepción totalitaria.
Por la Sala Carbó Serviá pasaron figuras notables de la disidencia y la cultura cubana. Entre ellos, el cineasta Nicolás Guillén Landrián, cuyo talento cinematográfico fue silenciado tras ser sometido a reiterados internamientos psiquiátricos; el poeta Rogelio Fabio Hurtado; y varios de los primeros activistas de derechos humanos que surgieron en la isla. También pasó por allí un hombre que osó exhibir un cartel con la consigna «Abajo Fidel» en la Ciudad Deportiva y del cual, según testimonios recogidos, nunca se volvió a saber nada.
Testimonios desde el interior del horror
El periodista independiente Juan González Febles relató su paso por la Carbó Serviá en 1988, cuando aún no ejercía el periodismo de oposición. Acusado de desorden público tras un altercado físico con un oficial de la Seguridad del Estado a causa de una mujer, fue remitido desde Villa Marista, la sede central de los órganos de inteligencia, hasta Mazorra. Permaneció una decena de días en la sala penitenciaria antes de ser trasladado a la prisión Kilo 7, en Camagüey. La lógica de las autoridades era inequívoca: no se concebía que alguien en su sano juicio se atreviera a enfrentarse a golpes con un agente de la Seguridad del Estado.
Otro testimonio de primera mano proviene de un joven que en abril de 1975, a los 19 años de edad aunque aparentaba menos, fue internado en la Carbó Serviá por declararse objetor de conciencia y negarse a cumplir el servicio militar obligatorio. La tarde lluviosa en que fue conducido a rastras hasta Mazorra, un funcionario que parecía más un carcelero que un psiquiatra, tras llenar una planilla con sus datos y leer la hoja del Comité Militar, le dijo con sonrisa socarrona: «Aquí te arreglamos, pelúo, ya tú verás». Solo la intervención de un familiar con rango de coronel que intercedió ante el entonces director del hospital, el doctor Bernabé Ordaz, evitó que los tratamientos psiquiátricos le causaran daño cerebral permanente.
Los recuerdos de quienes pasaron por la sala son fragmentarios debido a los fuertes sedantes que se administraban sistemáticamente. Cada mañana, un enfermero repartía pastillas a la fila de pacientes leyendo nombres de una lista. A su lado había un cubo de agua y un jarro de aluminio del que todos debían beber. Quien ofrecía resistencia era forzado a tragarse las píldoras, mediante golpes si era necesario. El recuerdo más perturbador, según los testimonios, eran los gritos de los pacientes sometidos a electroshocks, el método más utilizado junto con las inyecciones de insulina y el uso indiscriminado de tranquilizantes, cuyos efectos secundarios incluían rigidez muscular, abatimiento profundo, movimientos involuntarios y tics nerviosos.
Una práctica inserta en el aparato represivo sistemático
El uso de la psiquiatría represiva en Cuba no fue un episodio aislado ni una desviación de funcionarios menores, sino una práctica inserta en el aparato represivo del Estado, con un carácter sistemático y una clara filiación doctrinal con los métodos de la KGB. La Seguridad del Estado cubana, formada y asesorada por inteligencia soviética y de la Alemania Oriental, asimiló no solo las técnicas de interrogatorio y vigilancia, sino también estas formas más sofisticadas de aniquilación psicológica que permitían neutralizar a los disidentes sin necesidad de procesos judiciales que pudieran generar condenas internacionales.
La Sala Carbó Serviá operó durante al menos dos décadas con total impunidad, sin que las autoridades sanitarias internacionales pudieran o quisieran acceder a verificar las condiciones en su interior. La propia Organización Mundial de la Salud, de la que Cuba forma parte, nunca realizó una inspección independiente del hospital Mazorra ni de sus protocolos de internamiento. Esta omisión forma parte de un patrón más amplio de tolerancia internacional hacia los abusos del régimen de La Habana, motivado en parte por la influencia diplomática que el gobierno cubano ha ejercido históricamente en foros multilaterales.
Contexto: la represión como pilar del control social
La represión psiquiátrica de los años 70 y 80 debe entenderse en el contexto más amplio del sistema de control social que la dictadura cubana consolidó tras las primeras décadas del proceso revolucionario. Durante los años 60, el régimen había eliminado prácticamente toda oposición organizada mediante ejecuciones, encarcelamientos masivos y confinamiento en campos de trabajo como los de la Unidad Militar de Ayuda a la Producción (UMAP). En los años 70, con la institucionalización del aparato estatal y la adopción de la Constitución de 1976, las formas de represión se volvieron más refinadas y menos visibles, pero no por ello menos efectivas.
La psiquiatría represiva cumplía una función doble: por un lado, neutralizaba físicamente al disidente al destruir su capacidad cognitiva y volitiva; por otro, deslegitimaba su discurso ante la sociedad al etiquetarlo como enfermo mental. En un sistema donde el Estado controlaba todos los medios de comunicación, los tribunales, los centros educativos y las instituciones de salud, un diagnóstico psiquiátrico emitido por un hospital oficial constituía una sentencia social tan eficaz como una pena de prisión. El estigma de la enfermedad mental añadía una capa de aislamiento que dificultaba cualquier intento de solidaridad o defensa por parte de familiares y conocidos.
Este patrón represivo se inscribe en la misma lógica que ha sostenido el control del régimen durante más de seis décadas: la aniquilación sistemática de cualquier forma de disidencia, ya sea mediante el encarcelamiento político, el exilio forzado, la persecución laboral, el acoso a familiares o, como en este caso, la instrumentalización de la medicina para destruir la mente de quienes osaban cuestionar el poder. La crisis estructural que vive hoy la isla, con un éxodo migratorio sin precedentes, colapso de los servicios públicos y empobrecimiento generalizado, tiene entre sus raíces más profundas este sistema de terror que durante décadas silenció a generaciones enteras de cubanos.
Los archivos que aún permanecen sellados
Al igual que ocurrió tras el desplome de la Unión Soviética, cuando se abrieron parcialmente los archivos del Instituto Serbski y se documentaron los abusos de la psiquiatría represiva soviética, existe la expectativa de que algún día puedan conocerse los casos completos de cubanos cuyas mentes fueron destruidas por los abusos psiquiátricos en Mazorra y otros centros de la isla. Los archivos del Hospital Psiquiátrico de La Habana, los registros de la Seguridad del Estado y los informes clínicos de la Sala Carbó Serviá permanecen bajo control del gobierno cubano, inaccesibles para investigadores, familiares y organismos de derechos humanos.
La comunidad internacional, particularmente las organizaciones especializadas en salud mental y derechos humanos, tiene pendiente una revisión exhaustiva de estas prácticas. Mientras tanto, los sobrevivientes y los familiares de las víctimas continúan esperando reconocimiento, reparación y justicia. El silencio oficial sobre la Sala Carbó Serviá no es más que la continuación de la misma política de negación que ha caracterizado al régimen cubano frente a sus propios crímenes: la negación de los fusilamientos sin juicio de los primeros años, la negación de los campos de la UMAP, la negación de la represión del 11 de julio de 2021. La memoria de quienes fueron «arreglados» en Mazorra exige que este capítulo de la historia cubana sea documentado, divulgado y juzgado, para que la instrumentalización de la psiquiatría como arma de tortura de Estado no quede impune ni se repita.
