El asesinato de la enfermera Rosa Idania Ferrer Pérez a manos de su pareja en la provincia de Cienfuegos elevó a 42 la cifra de feminicidios contabilizados en la isla durante 2025, según verificaron observatorios independientes. El caso, ocurrido recientemente en el municipio Palmira, expone una vez más la vulnerabilidad de las mujeres cubanas frente a la violencia machista y la inacción institucional para prevenirla.
La víctima, de 46 años, fue encontrada sin vida en su vivienda del batey Elpidio Gómez. Organizaciones de la sociedad civil como Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) confirmaron que el autor del crimen fue su esposo, Arisbel Suárez, quien mantenía un historial de agresiones hacia la mujer, frecuentemente agravadas por el consumo de alcohol. El victimario fue arrestado tras el hallazgo del cuerpo, en lo que la directora de OGAT, Ileana Álvarez, calificó como un \»feminicidio íntimo\», la modalidad más recurrente en los registros del país.
Esta tragedia se inserta en una crisis estructural de seguridad de género que el régimen de La Habana ha preferido minimizar. A pesar del patrón constante de crímenes perpetrados por parejas o exparejas, las autoridades de la isla mantienen una opacidad absoluta respecto a las estadísticas oficiales y se niegan a promulgar una ley integral de género que tipifique el feminicidio como delito autónomo. La ausencia de políticas de prevención y la inoperancia del sistema judicial dejan a las cubanas en un estado de indefensión permanente.
Opacidad oficial y criminalización del activismo
Desde 2019, los observatorios independientes han documentado más de 270 feminicidios, incluyendo 55 casos solo en el año anterior. Esta labor de registro se realiza en un entorno hostil, donde la dictadura cubana criminaliza el activismo feminista, restringe el acceso a información pública y persigue a quienes intentan visibilizar la crisis. El último boletín de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) posicionó a Cuba entre las naciones con mayor incidencia de muertes violentas de mujeres por razones de género en la región, un dato que contrasta frontalmente con la narrativa oficial de supuesta igualdad.
El incremento sostenido de estos crímenes proyecta un panorama desalentador para la mujer cubana. Mientras el ejecutivo cubano priorice el control social y la propaganda sobre la vida humana, la falta de protección estatal seguirá cobrando víctimas. La presión de la comunidad internacional y la denuncia de la sociedad civil se mantienen como los únicos mecanismos para exigir rendición de cuentas y forzar al Estado a asumir su responsabilidad en la prevención y erradicación de la violencia machista.
