Un nuevo derrumbe en las instalaciones del Instituto Superior de Diseño (ISDi), ubicado en la céntrica intersección de Belascoaín y Carlos III en Centro Habana, ha vuelto a sembrar la alarma entre vecinos y transeúntes. El desplome, ocurrido en la mañana de este miércoles, se suma a una larga lista de deterioros en el inmueble y refleja la profunda crisis de infraestructura y negligencia institucional que asfixia a la capital cubana, donde la ciudadanía vive bajo la amenaza constante de accidentes fatales.
El incidente se registró en una edificación que ya había sido declarada en «estado de derrumbe» por las propias autoridades de la isla. Según testimonios recabados en el lugar, el desplome habría sorprendido a varias personas que se encontraban en el interior del edificio recolectando ladrillos y otros materiales reciclables, una práctica cada vez más común debido a la severa escasez económica. Aunque testigos presenciales, incluidos trabajadores de cafeterías cercanas y recolectores habituales de la zona, afirmaron haber visto individuos dentro del perímetro en el momento del colapso, los equipos de rescate y ambulancias movilizados al lugar se retiraron horas después. Esta retirada sugiere la ausencia de víctimas mortales o heridos de gravedad, aunque la incertidumbre sobre la suerte de quienes pudieran haber estado en el interior persiste ante la falta de transparencia informativa habitual en estos casos.
El edificio del ISDi se ha convertido en un emblema visible y patético del deterioro urbano que padecen los habitantes de La Habana. La negligencia en el mantenimiento de las instalaciones estatales y la falta crónica de recursos para ejecutar obras de rehabilitación han transformado a esta estructura, otrora un centro de vanguardia para la formación académica, en una ruina peligrosa. El régimen de La Habana ha demostrado una y otra vez ser incapaz de garantizar la seguridad de los inmuebles bajo su administración, dejando que edificaciones clave se desmoronen lentamente mientras la población circundante asume los costos humanos y materiales de la desidia oficial.
Historial de colapsos y negligencia institucional
El desplome de este miércoles no es un hecho aislado, sino la culminación de años de abandono y advertencias ignoradas. En enero de este año, una parte importante de la estructura del ISDi se desplomó, provocando que los escombros bloquearan el acceso a varias viviendas contiguas y obligando a la evacuación inmediata de familias completas. En aquella ocasión, una anciana de 78 años resultó lesionada y requirió traslado y hospitalización, mientras cuatro familias quedaron atrapadas sin poder entrar ni salir de sus hogares debido al bloqueo masivo de los restos de la edificación, quedando a merced de la inoperancia de las autoridades locales.
Vecinos de la zona tras el derrumbe parcial en el edificio del ISDi, este miércoles (Foto: CubaNet)
Aquel evento de enero forzó un reporte de las autoridades capitalinas, quienes reconocieron tardíamente que desde hacía cuatro meses la zona afectada ya estaba declarada en «estado de derrumbe». El ejecutivo cubano aseguró entonces que empresas constructoras trabajaban en la retirada de unos 800 metros cúbicos de escombros como parte de una demolición progresiva. Sin embargo, la lentitud burocrática, la escasez de combustible para la maquinaria pesada y la falta de materiales adecuados han impedido que estas labores avancen a un ritmo seguro, exponiendo a los residentes de Belascoaín y Carlos III a riesgos innecesarios durante meses.
El declive del inmueble es evidente desde hace años y ha seguido una trayectoria de inacción gubernamental. El 9 de julio de 2024, colapsó parcialmente la fachada del edificio, un área que supuestamente se encontraba apuntalada y clausurada desde mediados de 2022. En aquel momento, mediante mensajes de WhatsApp dirigidos a estudiantes y profesores, las autoridades de la institución admitieron el «desprendimiento parcial de una parte de la fachada afectada del edificio». Aún antes, en marzo de 2022, la dirección del ISDi había anunciado el cierre de varias instalaciones docentes debido a un «complicado fallo arquitectónico», reubicando la actividad académica en otros centros y dejando el edificio original en un estado de abandono práctico, vallado solo por tramos.
La degradación no se ha limitado a la infraestructura física, sino que ha afectado también al patrimonio intelectual. En septiembre pasado, la falta de planificación y el vaciamiento irresponsable del edificio provocaron que archivos, libros y tesis del Instituto Superior de Diseño terminaran amontonados como basura en plena calle. Este hecho generó profunda alarma entre egresados y docentes, quienes denunciaron la pérdida de un patrimonio académico acumulado durante décadas, producto de la desidia y la ausencia total de políticas de preservación cultural por parte del gobierno cubano.
Escombros en la calle tras el derrumbe de este miércoles (Foto: CubaNet)
El colapso urbano en el contexto de la crisis estructural
El caso del ISDi no es más que la punta del iceberg de una crisis habitacional y urbana que afecta a toda Cuba con caracteres de catástrofe humanitaria silenciosa. Según estimaciones de la propia Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), el déficit habitacional en la isla supera el millón de viviendas, y más del 50% del parque inmobiliario existente se encuentra en estado regular o malo, con un porcentaje alarmante clasificado en estado crítico o en peligro de derrumbe. La falta de mantenimiento continuo, la escasez crónica de materiales de construcción —como cemento, acero y madera— y la deficiente gestión estatal centralizada han llevado a que ciudades como La Habana pierdan su valioso patrimonio arquitectónico a un ritmo vertiginoso.
Este deterioro físico corre paralelo a la profunda crisis económica que atraviesa la nación. La inflación galopante, la caída estrepitosa del poder adquisitivo y el colapso de los servicios básicos empujan a cientos de ciudadanos a adentrarse en edificios en ruinas para extraer ladrillos, vigas y metales. Este fenómeno, conocido popularmente como «despalillo», es una consecuencia directa de la desesperación: los ciudadanos extraen materiales de estructuras inestables para venderlos en el mercado negro o para intentar reparar sus propias viviendas precarias. La dictadura cubana, al no ofrecer soluciones reales a la escasez y al monopolizar la distribución de recursos, genera las condiciones para que personas desesperadas arriesguen sus vidas en estructuras inestables como las del Instituto Superior de Diseño.
Además, el éxodo migratorio masivo que ha vaciado al país de su fuerza laboral y juvenil ha dejado cientos de propiedades vacías o en disputa legal, muchas de las cuales sufren un deterioro acelerado al no tener quien las mantenga. Las autoridades locales, carentes de presupuesto real y de autonomía para tomar decisiones, se limitan a emitir declaraciones de «estado de derrumbe» sin tomar medidas preventivas eficaces ni ejecutar demoliciones controladas. La represión y el control estatal absoluto sobre la propiedad privada limitan también la capacidad de los ciudadanos y del sector emergente para intervenir, invertir y rescatar inmuebles históricos, perpetuando un ciclo de destrucción que el régimen parece incapaz o poco dispuesto a detener.
Nuevo derrumbe en el edificio del Instituto Superior de Diseño (ISDI) de La Habana
Implicaciones y perspectivas futuras
El continuo desplome del edificio del ISDi en Centro Habana representa una denuncia visual del fracaso del modelo centralizado de gestión urbana y económica. Mientras el gobierno cubano prioriza la inversión en sectores turísticos selectivos o en infraestructuras asociadas al control político y militar, el hábitat cotidiano de los habaneros se desmorona. La inacción frente a edificios declarados en riesgo inminente es una clara violación del derecho a una vivienda adecuada y segura, un compromiso internacional que el Estado ha incumplido sistemáticamente, exponiendo a su población a riesgos de vida o muerte de manera cotidiana.
De cara al futuro, la situación apunta a un empeoramiento de la crisis de seguridad urbana. Sin un cambio estructural en la política de construcción y mantenimiento, y sin la apertura a la inversión privada y extranjera que permita rehabilitar el colapsado parque inmobiliario, los derrumbes seguirán cobrando vidas, atrapando familias y borrando el patrimonio histórico de la nación. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben prestar atención a este colapso silencioso, que, junto a la represión política y la miseria material, forma parte integral de las violaciones sistemáticas que la dictadura comete contra la integridad y el bienestar de la población civil en Cuba.
