El colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en Cuba ha dejado de ser una emergencia puntual para convertirse en una dolorosa cotidianidad. Ante este escenario, el régimen de La Habana ha desplegado una maquinaria discursiva diseñada para maquillar décadas de incompetencia y abandono institucional, presentando la restitución de un servicio básico como una proeza heroica. Esta táctica, profundamente arraigada en la ideología castrista, busca transformar los reveses provocados por la propia gestión estatal en supuestas victorias revolucionarias, mientras la población soporta las consecuencias materiales y humanas de una infraestructura en ruinas.
La máxima atribuida al dictador Fidel Castro sobre «convertir reveses en victorias» ha sido el eje transversal de la comunicación gubernamental durante más de seis décadas. Esta frase, impresa en murales y repetida hasta el cansancio por la prensa oficial, no es más que un mecanismo de manipulación psicológica destinado a endulzar la cruda realidad. A través de este relato, la dictadura intenta inculcar una falsa sensación de resiliencia en una ciudadanía que, sumida en la apatía y la resignación, ha visto cómo sus expectativas de vida se desploman. El objetivo es claro: neutralizar la crítica y disfrazar la ineptitud gubernamental bajo el manto de una supuesta resistencia épica frente a adversidades externas.
El caso del sector eléctrico es el ejemplo más palpable de esta ingeniería del desastre. Durante años, el gobierno cubano ha aplicado políticas de mantenimiento deficiente, falta de inversión y una planificación centralizada fallida que han derivado en el deterioro irreversible de las termoeléctricas. La infraestructura energética del país se encuentra en estado de colapso terminal. Sin embargo, cuando se producen los inevitables apagones que sumen a la isla en la oscuridad, la respuesta oficial no es la asunción de responsabilidades, sino el despliegue de un relato triunfalista. Los remiendos temporales y las chapucerías técnicas son vendidos a la población como soluciones definitivas, exigiendo incluso gratitud por el restablecimiento de un servicio que jamás debería haberse interrumpido.
Las redes sociales de Miguel Díaz-Canel y los noticieros estatales se han convertido en tribunas de esta narrativa distorsionada. Los comunicados oficiales hablan de «tarea titánica», elogian a los «héroes» del Ministerio de Energía y Minas y celebran la reconexión de circuitos como si se tratara de conquistas espaciales. Lo que estos discursos omiten deliberadamente es la dimensión humana de la tragedia. No hay espacio en la prensa oficial para las familias que pierden los escasos alimentos que logran almacenar, ni para los enfermos cuyas vidas dependen de equipos de soporte vital que quedan inoperables ante la falta de electricidad.
La crudeza de los apagones trasciende la simple incomodidad; es un factor de mortalidad y degradación social. Las noches interminables bajo el calor asfixiante de viviendas mal ventiladas roban el descanso a millones de cubanos, afectando su salud física y mental. Además, la oscuridad prolongada exacerba la inseguridad ciudadana en urbes que ya sufren un alarmante incremento de la delincuencia, producto de la profunda crisis económica. La violencia y el desespero se instalan como respuestas naturales a un entorno donde el Estado ha fallado en su deber más primordial: garantizar la seguridad y el bienestar básico de sus ciudadanos.
Ante el malestar creciente, la dictadura ha endurecido su postura contra quienes se atreven a cuestionar la situación. Las protestas pacíficas por la falta de electricidad son rápidamente estigmatizadas y criminalizadas bajo el pretexto de que generan «confusión» y «malestar». El régimen de La Habana pretende aislar la indignación popular de su causa real: los apagones criminales derivados de la mala gestión. En lugar de escuchar el clamor de la calle, el gobierno cubano opta por la represión y la censura, utilizando el aparato policial para acallar las voces que exigen soluciones reales a una crisis que asfixia al país.
Esta dinámica de destrucción y posterior maquillaje no se limita al sector energético. A lo largo de más de medio siglo, el régimen ha demolido las bases productivas del país para luego intentar reconstruirlas como concesiones propagandísticas. Los grandes mitos de la revolución, desde la «educación gratuita» hasta la «potencia médica», las «misiones internacionalistas» o la libreta de abastecimiento, responden a esta misma lógica. Se trata de engaños estructurados que ocultan la ruina profunda del país bajo capas de retórica triunfalista. La población, sometida a décadas de manipulación, ha visto cómo promesas grandilocuentes como la «revolución verde» o la «revolución energética» se han desvanecido, dejando tras de sí únicamente miseria, mediocridad y un país hundido en la bancarrota material y moral.
El pretexto favorito para evadir responsabilidades sigue siendo el embargo estadounidense. El gobierno cubano intenta atribuir el colapso energético a las sanciones económicas, ignorando que la ruina del sector es producto de una ineficiencia sistémica y una corrupción generalizada. Esta misma estrategia se observó en la década de los sesenta, cuando el régimen desmanteló el sector empresarial privado mediante expropiaciones arbitrarias. Décadas después, presenta la «autorización» de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) como una concesión benevolente, ocultando que simplemente están permitiendo lo que ellos mismos destruyeron en su afán por monopolizar el control económico.
La hipocresía del régimen llega al extremo de lucrarse con la crisis que ellos mismos han generado. Mientras culpan al embargo de la falta de energía, las élites militares y gubernamentales importan miles de plantas eléctricas, paneles solares y estaciones de energía desde Estados Unidos, específicamente desde lugares como Miami hasta el puerto del Mariel. La «contingencia energética» se ha convertido en un negocio sumamente rentable para una casta que controla el comercio exterior bajo el disfraz de empresas privadas. Estas supuestas mipymes, dirigidas en la sombra por militares retirados y funcionarios del partido, se benefician de la desesperación de la población.
El mercado de generadores ha experimentado un auge sin precedentes impulsado por el terror a los apagones prolongados. Los cubanos se ven obligados a gastar sus ahorros, o las remesas enviadas por familiares en el exilio, en equipos de respaldo cuyos precios son inalcanzables para la mayoría. Esta dinámica perpetúa el enriquecimiento de la élite gobernante, que encuentra en cada crisis una nueva vía de extracción de divisas. Así, el sufrimiento ciudadano se traduce en ganancias para los mismos sectores que mantienen el sistema de control y represión, cerrando un círculo vicioso de dependencia y explotación.
Contexto histórico y social de la crisis energética en Cuba
Para comprender la magnitud del colapso eléctrico en Cuba, es necesario remontarse a la estructura del Sistema Electroenergético Nacional, diseñado en gran medida durante la Guerra Fría con tecnología soviética y una alta dependencia de combustibles subsidiados. Con la caída del bloque socialista, el régimen de La Habana enfrentó su primera gran crisis de abastecimiento. En lugar de diversificar la matriz energética mediante inversiones estratégicas en energías renovables, el gobierno apostó por la llamada «Revolución Energética», un plan que consistió en distribuir utensilios eléctricos de bajo consumo y motores diesel para generar energía distribuida. Fue una solución a corto plazo que aceleró el deterioro de la red y profundizó la dependencia de los combustibles fósiles. Hoy, la falta de mantenimiento preventivo, la obsolescencia de las termoeléctricas y la imposibilidad de adquirir repuestos en el mercado internacional han llevado al sistema al punto de quiebre. Esta crisis afecta a una población que ya sobrevive en condiciones de pobreza extrema, dependiente de las remesas y de un mercado negro en constante expansión, donde el acceso a la energía se está convirtiendo rápidamente en un privilegio de clase y no en un derecho universal.
Consecuencias y panorama futuro
La normalización del desastre energético representa una amenaza existencial para la sociedad cubana. Si la población continúa asumiendo los apagones como una fatalidad inevitable, y el régimen persiste en su estrategia de convertir la destrucción en propaganda, el ciclo de decadencia será irreversible. El verdadero desafío para Cuba no es solo reparar termoeléctricas o importar plantas eléctricas, sino desmantelar el sistema político que ha convertido la ineptitud en doctrina de Estado. Mientras la dictadura mantenga el control absoluto sobre los recursos y la información, la oscuridad física que cubre las calles de la isla será un reflejo perfecto de la oscuridad institucional que impide el progreso, el desarrollo y la libertad de los cubanos. Salvar el sistema eléctrico exige, ineludiblemente, un cambio profundo en la estructura de poder que ha gobernado los destinos de la nación durante más de seis décadas.
