Dania María Santi Morlanes, exdecana de la Universidad de Camagüey y señalada de ejecutar medidas disciplinarias contra profesores disidentes, ha obtenido la residencia permanente en Estados Unidos mediante reclamación familiar, generando el rechazo de exiliados y organizaciones de derechos humanos que exigen a las autoridades migratorias revisar su caso.
La extitular de la Facultad de Lenguas y Comunicación ingresó al país norteamericano bajo la categoría IR-5, destinada a madres de ciudadanos estadounidenses. Aunque Santi Morlanes ha negado públicamente haber adquirido este estatus, fuentes consultadas confirmaron que viajó a territorio estadounidense en el mes de febrero y regresó a la isla en septiembre portando su \»green card\». Su salida se produce tras concluir su mandato como decana a inicios de 2024, cerrando una gestión marcada por el férreo control ideológico dentro de la institución educativa.
Durante su etapa al frente de la facultad, Santi Morlanes fungió como la figura visible en la aplicación de castigos laborales y académicos contra voces críticas. El periodista José Raúl Gallego, exprofesor del centro, fue degradado a una plaza de menor remuneración en 2018 mediante una resolución firmada por la propia exdecana. Por su parte, José Luis Tan Estrada, exalumno y docente, fue expulsado en noviembre de 2022 bajo el argumento de que sus publicaciones en redes sociales ejercían una \»influencia negativa\». Gallego ha señalado que la firma de Santi Morlanes materializó la orden política del régimen de La Habana para silenciar la disidencia en las aulas.
Represión institucionalizada en la educación superior
El caso de la exdecana no es un hecho aislado, sino que refleja el mecanismo sistemático de la dictadura cubana para aniquilar cualquier atisbo de pensamiento independiente en las universidades. Tras la expulsión de Tan Estrada, este enfrentó vigilancia, campañas de descrédito, cortes de internet e interrogatorios por parte de los órganos de seguridad del Estado, lo que finalmente lo obligó a abandonar el país. Este patrón de hostigamiento y reubicación forzosa de estudiantes y docentes disidentes ha sido documentado durante años por organizaciones independientes, en medio de un profundo colapso estructural que ha impulsado un éxodo migratorio sin precedentes en la isla.
La noticia de su nuevo estatus migratorio ha provocado indignación entre la comunidad académica exiliada, que demanda a las autoridades estadounidenses evaluar su expediente a la luz de su trayectoria represiva. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba ya ha incluido el nombre de Santi Morlanes en sus listados de presuntos represores. Para los afectados, este suceso evidencia una profunda contradicción: quienes ejecutan órdenes de persecución política y conculcan los derechos fundamentales de los cubanos en la isla, buscan posteriormente refugio en las instituciones y beneficios económicos del sistema democrático que negaron a sus víctimas.
