Ante la parálisis casi total del sistema de transporte público en Cuba, el régimen de La Habana ha optado por ampliar la red de tiendas estatales para la comercialización de motocicletas en divisas. La medida, presentada como una «alternativa» por el Ministerio de Transporte, expone la profunda desconexión de la cúpula gobernante con la realidad económica de la mayoría de la población, obligada a depender de un servicio público obsoleto mientras las soluciones oficiales se concentran en sectores con acceso a moneda extranjera.
El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, anunció recientemente a través de sus redes sociales la actualización de la lista de entidades importadoras y comercializadoras autorizadas para vender ciclomotores y motocicletas en divisas convertibles. Según la versión oficial, esta iniciativa enmarca dentro de un supuesto esfuerzo para «facilitar la movilidad de las personas» en medio de la aguda escasez de combustible y la indisponibilidad de vehículos que asfixia al país. Sin embargo, detrás de la retórica institucional se esconde una política excluyente que profundiza las brechas de desigualdad en la isla.
La promoción de estos establecimientos, mayoritariamente concentrados en La Habana pero con ramificaciones en otras provincias, supone una salida inalcanzable para el trabajador común que percibe su salario en la depreciada moneda nacional. El propio titular del ramo exhortó a los internautas a compartir sus «experiencias de compra», ignorando que la exigencia de pago en divisas para acceder a medios de transporte básicos evidencia cómo el gobierno cubano ha transferido la responsabilidad de la movilidad pública al sector privado y a las remesas familiares, abdicando de su obligación de garantizar un servicio estatal eficiente y accesible para todos.
El anuncio se produce en un contexto de colapso sistémico del sector. El propio régimen ha tenido que reconocer, durante las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la magnitud del desastre operacional que sufre la nación. Las cifras oficiales son elocuentes y devastadoras: apenas se ha cumplido el 68 % del plan de transportación de pasajeros. Esto se traduce en que más de cuatrocientos millones de viajes planificados nunca se materializaron, dejando a millones de ciudadanos varados, imposibilitados para acceder a sus centros de trabajo, estudios o servicios médicos básicos.
El deterioro afecta transversalmente a todas las modalidades, exponiendo un mapa de la desinversión estatal. El transporte automotor urbano, vital para el dinamismo de las ciudades, apenas logró cubrir un tercio del plan previsto. La situación es aún más crítica en las zonas rurales, donde los servicios esenciales para conectar comunidades aisladas se desplomaron a niveles de cumplimiento que oscilan entre el 19 y el 26 %. Provincias como Granma, Las Tunas y Cienfuegos sufren el abandono institucional, demostrando que el centralismo castiga con mayor severidad a las poblaciones menos visibles para el núcleo del poder.
En la capital, el panorama es igualmente desolador. Más de la mitad de la flota de ómnibus está fuera de servicio debido a la falta de piezas de repuesto y el envejecimiento estructural de los vehículos. Como consecuencia directa de esta ineficiencia, más de noventa rutas urbanas han sido suspendidas, generando un caos diario en las paradas de toda la ciudad. Esta deficiencia ha obligado a la población a depender del transporte informal, un sector donde los precios se disparan sin control ante la nula oferta estatal, erosionando aún más el ya maltrecho poder adquisitivo de las familias cubanas.
El sistema ferroviario, otrora presentado como una vía de desarrollo e integración nacional, se encuentra prácticamente paralizado. El porcentaje de cumplimiento de los planes no logra enmascarar las graves afectaciones en rutas troncales como Santa Clara–Nuevitas y Cienfuegos–La Habana. La escasez crónica de locomotoras funcionales, el deterioro progresivo de los vagones y la frecuencia inaceptable de averías han convertido al tren en una opción residual, incapaz de asumir el peso de la conectividad interprovincial que el país exige.
La crisis también se extiende al entorno marítimo. Las operaciones, particularmente el enlace vital entre Batabanó y la Isla de la Juventud, operan al límite de la seguridad y la eficiencia, dependiendo de catamaranes en pésimo estado técnico. Las conexiones hacia zonas costeras se ven igualmente mermadas por embarcaciones deterioradas y la vulnerabilidad ante las condiciones climáticas. Las promesas oficiales de adquirir un nuevo catamarán se mantienen en el terreno de la incertidumbre, sin cronogramas claros ni transparencia sobre la inversión, en medio de la opacidad habitual que caracteriza a la administración pública.
Contexto: La dolarización de la supervivencia bajo el régimen
Para entender la magnitud de la ironía que supone vender motos en divisas mientras el transporte público se desmorona, es necesario observar la política económica del régimen en las últimas décadas. El fracaso de la unificación monetaria y la llamada «Tarea Ordenamiento» han dejado a la población sumida en una hiperinflación galopante, donde el peso cubano ha perdido casi todo su valor frente al dólar. En este escenario, el gobierno cubano ha privilegiado la captación de divisas a través de monopolios estatales militares, creando una economía paralela a la que solo pueden acceder quienes reciben remesas del extranjero.
El sector del transporte es un reflejo exacto de este modelo extractivo. La falta de inversión en infraestructura, el desmantelamiento de las capacidades estatales de mantenimiento y la negativa a permitir la importación libre de piezas y vehículos por parte del ciudadano común han sido herramientas de control y de presión económica. Al anunciar la expansión de tiendas en divisas, el régimen no está resolviendo un problema de movilidad; está administrando la escasez para maximizar el lucro en moneda fuerte, externalizando el costo de la crisis hacia la diáspora y hacia aquellos pocos que logran acumular moneda extranjera dentro de la isla.
La represión y la falta de libertades económicas impiden el desarrollo de un mercado nacional de transporte robusto y autónomo. Los permisos burocráticos, las trabas aduaneras y la persecución a los cuentapropistas limitan cualquier iniciativa que no esté alineada con los intereses del aparato estatal. La movilidad, un derecho fundamental para el desarrollo humano y económico, ha sido secuestrada por la dictadura, transformada en un privilegio de pocos y en una herramienta de chantaje para mantener a la población en una constante lucha por la supervivencia básica, imposibilitada de organizarse para exigir sus derechos.
La ampliación de la red de tiendas de motocicletas en divisas no es más que una cortina de humo frente al fracaso absoluto del modelo de gestión estatal. Mientras el régimen de La Habana celebra la apertura de nuevos puntos de venta en moneda extranjera, la inmensa mayoría de los cubanos continúa padeciendo el calvario diario de las paradas de ómnibus vacías, los trenes descarrilados y los barcos averiados. La verdadera solución al colapso del transporte en Cuba no pasará por exhortar a la población a comprar en divisas, sino por el desmontaje de un sistema totalitario que ha convertido el derecho a la movilidad en un lujo inalcanzable.
