La imputación de Nicolás Maduro por el Departamento de Justicia de Estados Unidos traza una línea histórica directa con los fusilamientos ordenados por Fidel Castro hace más de tres décadas. Entonces, la dictadura cubana sacrificó a sus propios generales bajo el eufemismo legal de «actos hostiles contra un Estado extranjero» para evitar una intervención militar estadounidense derivada del narcotráfico. Hoy, el régimen de Caracas enfrenta un dilema similar, donde la supervivencia del líder chavista podría depender de replicar la macabra lógica de inmolación impuesta por La Habana.
En las noches de insomnio que acompañan a los autócratas requeridos por la justicia internacional, la mente de Nicolás Maduro debe oscilar entre la admiración por la impunidad histórica de Fidel Castro y el terror paralizante al recordar el destino de Manuel Antonio Noriega. El exdictador panameño, capturado tras una invasión militar estadounidense, terminó sus días esposado y con ficha de recluso, una imagen que recurrentemente debe asaltar al mandatario venezolano en su actual condición de requisitoriado itinerante. Sin embargo, más allá de Panamá, el verdadero precedente geopolítico y penal para la crisis de Maduro se gestó en Cuba, con el sacrificio de cuatro militares de alta graduación en un amanecer trágico que marcó un antes y un después en la historia represiva del régimen.
Aquellos fusilamientos, transmitidos en directo por la radio y la televisión nacional como una macabra operación de apaciguamiento, no fueron un acto de justicia, sino una jugada de supervivencia del régimen de La Habana. La dictadura enfrentaba el riesgo inminente de un bloqueo naval y aéreo total, preludio de una invasión masiva por tierra, mar y aire, similar a la planificada durante la Crisis de los Misiles. El motivo de esta amenaza no era la retórica ideológica, sino las operaciones reales de narcotráfico que, con la participación directa de jefes militares cubanos de alta graduación, se ejecutaban desde la Isla hacia territorio estadounidense. El gobierno cubano necesitaba con urgencia un chivo expiatorio para calmar la furia de Washington.
Los elegidos para el patíbulo fueron el general de división Arnaldo Ochoa Sánchez, el coronel Antonio de la Guardia Font, el mayor Amado Padrón Trujillo y el capitán Jorge Martínez Valdés. Paradójicamente, no fueron condenados a muerte por el delito de narcotráfico, un cargo que en el código penal de la época no implicaba la pena capital. Fueron llevados ante el pelotón de fusilamiento bajo una figura jurídica mucho más amplia y políticamente conveniente: «actos hostiles contra un Estado extranjero». Esta orquestación judicial, dirigida personalmente por el líder de la revolución, tenía como objetivo principal salvar al general Raúl Castro, quien se decía era el verdadero jefe de aquellas operaciones ilícitas y quien, según sus propias palabras, lloró al recordar a los hijos de uno de los ejecutados, aunque aquellas lágrimas no le impidieron dar la orden de fuego.
El artículo 110 del Código Penal vigente en aquel momento establecía sanciones severas para quien, sin autorización del gobierno, efectuara actos hostiles a un Estado extranjero que dieran motivo al peligro de una guerra o a medidas de represalias contra Cuba. El apartado correspondiente estipulaba que, si como consecuencia de estos hechos resultaban medidas de represalias o la guerra, la sanción podía ser de privación de libertad de diez a veinte años o la muerte. La dictadura utilizó este precepto, que no es un ardid leguleyo del castrocomunismo sino un concepto de derecho universal presente incluso en el Código de Defensa Social promulgado a mediados del siglo pasado, pero le otorgó la pena de muerte, aplicable en la isla solo desde la llegada del castrismo a convictos de alta traición o a quienes el régimen decidiera eliminar por conveniencia política.
La historia, marcada por la ironía, ahora se repite en Venezuela. La Causa No. 1, juzgada por el régimen cubano contra sus propios militares, constituye un precedente jurídico ineludible para sus principales aliados: los militares venezolanos que integran el Cartel de los Soles. Estos uniformados, asesorados concienzudamente por la inteligencia castrense cubana, se encuentran hoy bajo la lupa de la justicia estadounidense por tráfico de drogas. Nicolás Maduro, imputado directamente por las autoridades de Estados Unidos, se halla en una encrucijada de la que no puede escapar fácilmente, a menos que decida emular a su mentor y sacrificar a sus subordinados para salvar su propio pellejo.
Parafraseando las conclusiones fiscales de aquel juicio histórico, pronunciadas entonces por el general de brigada Juan Escalona, habría que concluir que son los militares venezolanos y su líder quienes han cometido «actos hostiles contra un Estado extranjero». El tráfico de drogas desde Venezuela hacia suelo estadounidense se ha convertido en un *casus belli*, un motivo de guerra que pone en riesgo la seguridad del Estado venezolano frente a una potencial intervención militar o una severa represalia por parte de Washington. La lógica cínica del régimen de La Habana dicta que, si los aliados venezolanos desean evitar una intervención por una causa justa, deberían aplicar el mismo contraveneno que usó Cuba.
El razonamiento, aunque cínico, es el único útil ante la desvergüenza de estos regímenes. Si la Asamblea Nacional de Venezuela y el aparato militar que aún sostiene a Maduro actúan por analogía criminal y precedente jurídico, deberían aprehender al mandatario y a quienes integran la cúpula del Cartel de los Soles. Deberían juzgarlos y sancionarlos, no por narcotráfico, sino por «actos hostiles contra un Estado extranjero», usando la misma argucia legal que Fidel Castro empleó para decapitar a la cúpula militar cubana y presentarse ante el mundo como un garante del orden internacional, lavando sus manos con la sangre de sus propios comandantes.
El trasfondo de la Causa No. 1 y la geopolítica del narcotráfico
Para comprender la magnitud de la crisis actual en Venezuela y su dependencia de los manuales de supervivencia cubanos, es imperativo analizar el contexto en el que se desarrolló la Causa No. 1 en la isla. A finales de los años ochenta, el mundo experimentaba cambios geopolíticos vertiginosos con el colapso del bloque socialista. El gobierno cubano, acostumbrado a depender económicamente de la Unión Soviética, buscaba desesperadamente fuentes de financiamiento alternativas. En este escenario de crisis y desesperación, sectores de la alta military cubana se involucraron en operaciones de narcotráfico a gran escala, utilizando las rutas del Caribe para introducir toneladas de cocaína en Estados Unidos.
El descubrimiento de estas operaciones por parte de agencias estadounidenses puso a la dictadura contra las cuerdas. La administración de Washington no solo amenazaba con recrudecer el embargo comercial, sino que planteaba acciones militares directas contra una isla que se había convertido en una amenaza directa a la seguridad nacional estadounidense por su rol como puente narco. La vista de barcos de guerra al borde del mar territorial cubano era un recordatorio constante de que un bloqueo real, y no el embargo que la propaganda castrocomunista denomina «bloqueo», podía escalar hacia una invasión militar masiva, superior incluso al despliegue posterior contra Noriega en Panamá.
Fue en este tenso ambiente que el régimen decidió purgar a sus figuras más populares y comprometidas. El general Ochoa, héroe de las campañas militaristas en África y con un prestigio que incomodaba a la cúpula, se convirtió en el blanco perfecto. El juicio fue un espectáculo televisivo sin precedentes en la historia de la dictadura, diseñado para demostrar a Washington que La Habana estaba dispuesta a castigar el narcotráfico con la máxima severidad. Sin embargo, la verdadera intención era proteger a la cúpula intocable, encabezada por el entonces ministro de las Fuerzas Armadas, quien según múltiples testimonios históricos y exiliados, tenía conocimiento y control sobre las operaciones ilícitas.
La manipulación del marco jurídico fue fundamental para el éxito de esta operación de salvataje. Al tipificar los delitos como «actos hostiles contra un Estado extranjero», el régimen desviaba el foco del narcotráfico institucional hacia una supuesta traición individual de los acusados. Se presentaba a Ochoa y sus compañeros como renegados que actuaban por cuenta propia, poniendo en peligro la soberanía nacional y las relaciones diplomáticas. Esta narrativa permitió a la dictadura ejecutar a los implicados, apaciguar la indignación internacional y consolidar el poder interno, todo bajo el manto de un legalismo fraudulento.
El precio de la impunidad y el destino de los dictadores
El caso venezolano guarda similitudes escalofriantes con este oscuro capítulo de la historia cubana. El Cartel de los Soles, una estructura mafiosa integrada por altos mandos militares que controlan las rutas del narcotráfico desde Venezuela, ha operado durante años bajo la protección del régimen de Caracas y con el respaldo logístico e ideológico de La Habana. Las imputaciones del Departamento de Justicia estadounidense contra Maduro y su círculo íntimo no son meras acusaciones diplomáticas; son cargos penales graves que los señalan como líderes de una organización criminal transnacional, lo que históricamente ha sido un precursor de acciones unilaterales por parte de Washington.
La pregunta que flota en los pasillos de Miraflores y en los cuarteles venezolanos es si la cúpula militar está dispuesta a sacrificar a su líder para salvarse a sí misma. La lógica de supervivencia del autoritarismo sugiere que, ante la inminencia de una intervención o un colapso institucional, los subordinados buscarán un chivo expiatorio. Maduro, al igual que Ochoa en su momento, podría convertirse en un obstáculo para la supervivencia del sistema. Si los militares venezolanos deciden aplicar el manual cubano, el desenlace podría ser un juicio interno donde el presidente sea acusado de poner en peligro la paz internacional, repitiendo el guion que permitió a Raúl Castro lavar su imagen y perpetuarse en el poder tras el baño de sangre de aquel mes de julio.
Desde una perspectiva analítica, queda claro que la impunidad de estos regímenes se sostiene sobre la capacidad de sacrificar a sus propios aliados cuando la presión externa amenaza la supervivencia del núcleo. El destino de los dictadores y sus secuaces rara vez termina en la gloria; a menudo, termina frente a un pelotón de fusilamiento dictado por sus propios cómplices o en una celda en territorio extranjero. El fantasma de los fusilados en Cuba sigue siendo un recordatorio sombrío de hasta dónde puede llegar una dictadura para preservar su poder, y una advertencia inequívoca para quienes, como Maduro, creen que la lealtad de sus generales es eterna mientras el riesgo de una intervención extranjera acecha en el horizonte.
