La imputación de Nicolás Maduro por narcotráfico en Estados Unidos evoca un episodio oscuro de la historia reciente de Cuba, cuando el régimen de La Habana sacrificó a sus propios militares para evitar una intervención extranjera. El paralelismo entre el caso Ochoa y la crisis venezolana revela la mecánica de supervivencia de las dictaduras, donde la traición a los aliados se convierte en la última carta de salvación.
En las noches de incertidumbre que acechan a Nicolás Maduro, asediado por requerimientos internacionales y una creciente presión de Washington, la sombra de la historia latinoamericana parece alargarse sobre su despacho. Es probable que el líder venezolano observe con recelo el pasado de quienes hoy son sus mentores ideológicos. La imagen de Manuel Antonio Noriega, extraditado y encarcelado tras una invasión estadounidense, debe alternarse en su mente con los recuerdos transmitidos por la cúpula cubana sobre cómo el régimen de La Habana logró esquivar un destino similar mediante un sacrificio humano calculado.
A finales de la década de los ochenta, el panorama para el gobierno cubano era de una tensión extrema. Las operaciones de narcotráfico que partían desde la Isla con destino a territorio estadounidense, y en las que participaban figuras de alto rango militar, amenazaban con desencadenar una respuesta armada de magnitud considerable. El temor a un bloqueo naval y aéreo riguroso, seguido de una invasión masiva similar a la planificada durante la Crisis de los Misiles, era palpable en los pasillos del poder. La dictadura se encontraba en una encrucijada donde la supervivencia del Estado exigía una purga ejemplar.
Es en este contexto de peligro inminente donde se inscribe la conocida como Causa Número 1. Cuatro militares, incluido el general de división Arnaldo Ochoa Sánchez, héroe de campañas internacionalistas, fueron conducidos al paredón. Sin embargo, el delito por el cual fueron ejecutados no fue el narcotráfico, una figura que en el código penal vigente no conllevaba la pena capital. El régimen de La Habana, en un alarde de manipulación jurídica, los condenó por «actos hostiles contra un Estado extranjero», convirtiéndolos en chivos expiatorios para calmar la furia de Washington y salvar a los verdaderos responsables de la cúpula, entre quienes se rumoraba estaba el propio general Raúl Castro.
El artículo 110 del Código Penal de la época establecía penas severas para quienes, sin autorización del gobierno, ejecutaran actos que pusieran en peligro la paz internacional o expusieran al país a represalias. La aplicación de la pena de muerte en este caso fue una aberración jurídica, un instrumento político disfrazado de justicia. Mientras que en la Cuba republicana, previa a la llegada del castrismo al poder, la pena capital estaba restringida a casos de alta traición militar, la dictadura la utilizó de forma indiscriminada para consolidar su control interno y enviar un mensaje disuasorio al exterior.
La sentencia dictada por los tribunales militares subordinados al régimen estableció que el tráfico de drogas había constituido un *casus belli*, un motivo de guerra que ponía en riesgo la seguridad nacional frente a una potencial intervención de Estados Unidos. El general de brigada Juan Escalona, actuando como fiscal en aquel juicio escenificado para la televisión nacional, articuló una narrativa que justificaba el derramamiento de sangre de los acusados como un acto de defensa patria. Una farsa macabra que garantizó la impunidad de la cúpula dirigente.
Las paradojas del destino han traído este precedente jurídico e histórico al centro de la crisis venezolana. Los militares venezolanos que conforman el Cartel de los Soles, bajo el presunto liderazgo de Nicolás Maduro, se enfrentan hoy a acusaciones similares de narcotráfico desde Washington. La imputación directa al mandatario caraqueño lo coloca en una posición análoga a la que amenazaba a la dirigencia cubana hace décadas. La pregunta que flota en el ambiente geopolítico es si el régimen venezolano, asesorado por La Habana, optará por repetir la jugada maestra de Fidel Castro.
El análisis cínico, pero políticamente realista, sugiere que la única salida para la cúpula chavista, si desea evitar una intervención militar de Estados Unidos o un colapso institucional por presiones externas, sería inmolando a sus propias figuras más comprometidas. Si la Asamblea Nacional o el aparato judicial venezolano, bajo control oficialista, decidieran aplicar el mismo razonamiento que la dictadura cubana, deberían juzgar a Maduro y sus generales no por narcotráfico, sino por «actos hostiles contra un Estado extranjero». Un sacrificio simbólico que limpie la imagen del régimen y aplaque las exigencias de Washington.
El contexto histórico de la represión como moneda de cambio
Para comprender la magnitud de la Causa Número 1 en Cuba, es necesario remitirse a la atmósfera de paranoia y crisis económica que atravesaba la Isla en el ocaso de la Guerra Fría. El régimen de La Habana enfrentaba el inminente colapso de su principal patrocinador, la Unión Soviética, lo que se traduciría en una severa escasez de recursos y un aislamiento agravado. En este escenario, el narcotráfico se había convertido en una fuente de ingresos ilícitos tolerada, e incluso promovida, por sectores del aparato militar para mantener a flote la economía paralela del Estado. Cuando esta actividad amenazó con desatar la furia de la superpotencia del norte, la dictadura no dudó en decapitar a los operadores que ella misma había armado.
La ejecución de Ochoa y sus acompañantes no solo fue un mensaje para Washington, sino también para el interior de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El general Ochoa gozaba de una popularidad inusitada entre las tropas y la población civil, lo que lo convertía en una figura potencialmente peligrosa para el monopolio del poder ejercido por la familia Castro. La purga sirvió para neutralizar cualquier veleidad de disidencia dentro de la cúpula militar y reafirmar la verticalidad absoluta del mando. La historia demuestra que en los sistemas totalitarios o autoritarios, la lealtad es un bien perecedero, y los héroes de hoy pueden convertirse en los traidores de mañana si los intereses de la cúpula lo exigen.
En el caso venezolano, la estructura del Cartel de los Soles opera bajo una lógica similar de complicidad entre el poder político y el aparato represivo. El narcotráfico ha sido el combustible financiero que ha permitido al chavismo mantener su red de corrupción y lealtades en medio de la peor crisis económica de la historia del país. Sin embargo, la imputación de Maduro por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos rompe el equilibrio de impunidad. La presión internacional sobre el régimen caraqueño se incrementa, y la viabilidad de mantener el estatus quo se reduce. La historia de Cuba sugiere que, ante una amenaza existencial, los regímenes autoritarios están dispuestos a sacrificar a sus líderes si esto garantiza la supervivencia del sistema en su conjunto.
El futuro de Maduro permanece envuelto en la bruma de la incertidumbre, pero las lecciones de la historia cubana son claras y despiadadas. Las dictaduras no conocen de lealtades perpetuas, sino de cálculos de poder. Si el precio de la permanencia del régimen venezolano exige la cabeza de su líder, los engranajes del sistema no dudarán en ponerlos en movimiento. El fantasma de Arnaldo Ochoa, fusilado al amanecer para salvar a sus verdugos, es un recordatorio escalofriante de que, en el oscuro mundo de la supervivencia política de los regímenes autoritarios, los amigos de hoy son los sacrificios del mañana.
