La imputación de Nicolás Maduro en Estados Unidos por narcotráfico evoca el precedente histórico de la Causa No. 1 de 1989 en Cuba, cuando el régimen de La Habana fusiló al general Arnaldo Ochoa y otros tres militares para evitar una intervención militar estadounidense similar a la de Panamá. La situación actual del mandatario venezolano, asesorado por la cúpula militar cubana, reaviva el debate sobre la responsabilidad penal de las altas esferas en operaciones ilícitas transnacionales.
La sombra de Manuel Antonio Noriega, el dictador panameño capturado por el ejército estadounidense en 1989 tras ser imputado por crimen organizado, planea sobre el presente de Nicolás Maduro. El líder venezolano enfrenta cargos similares en tribunales de Estados Unidos, un escenario que hace tres décadas llevó a la dictadura cubana a tomar medidas extremas para evitar una invasión militar en la isla. En aquel entonces, las operaciones de narcotráfico dirigidas desde Cuba por altos mandos militares amenazaban con desencadenar una respuesta armada de Washington, muy superior a la desplegada en Panamá.
Para conjurar esa amenaza, el gobierno cubano orquestó un juicio sin precedentes que culminó con el fusilamiento del general de división Arnaldo Ochoa Sánchez, el coronel Antonio de la Guardia Font, el mayor Amado Padrón Trujillo y el capitán Jorge Martínez Valdés. Aunque el tráfico de drogas no contemplaba la pena capital, las autoridades de la isla condenaron a los militares bajo el artículo 110 del Código Penal, por \»actos hostiles contra un Estado extranjero\». Este precepto, existente en el derecho universal, sanciona aquellas acciones que expongan al país a represalias o conflictos bélicos, un delito que en la legislación cubana de 1936 no incluía la pena de muerte, pero que el régimen aplicó para ejecutar a los acusados como chivos expiatorios.
El precedente jurídico y sus consecuencias regionales
La paradoja de la historia radica en que la Causa No. 1 de 1989, diseñada por Fidel Castro para salvar al sistema —y presumiblemente a Raúl Castro, señalado en su momento como el verdadero jefe de las operaciones—, hoy se erige como un referente incómodo para los aliados de La Habana. Los militares venezolanos, estrechamente asesorados por la cúpula castrense cubana, se encuentran en el ojo del huracán por las mismas acusaciones de narcotráfico hacia territorio estadounidense que motivaron la purga interna en la isla hace más de tres décadas.
Esta dinámica refleja una constante en el accionar del ejecutivo cubano: la utilización de la justicia para fines políticos y la disposición a sacrificar a sus propios colaboradores para garantizar la supervivencia del poder. Mientras la crisis estructural de Cuba se agrava con un éxodo migratorio histórico y un colapso económico sin precedentes, el régimen de La Habana continúa exportando sus prácticas de control y asesoramiento militar a naciones como Venezuela, ignorando el riesgo de que la justicia internacional actúe de la misma manera que lo hizo contra Noriega.
El futuro de Maduro y de los altos mandos venezolanos imputados pende de la voluntad de Washington de ejecutar las órdenes de captura. Lo que quedó demostrado con el fusilamiento de Ochoa y sus subordinados es que, ante el peligro de una intervención extranjera, la dictadura cubana prioriza su permanencia por encima de la lealtad a sus generales. La comunidad internacional observa cómo este histórico precedente podría marcar el destino de una cúpula chavista que, atrapada entre las acusaciones de narcotráfico y el declive de sus aliados en el Caribe, enfrenta un aislamiento cada vez más insostenible.
