El gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció la supresión definitiva de los comicios electorales en el país, consolidando un régimen de fuerza que reafirma los lazos autoritarios con la dictadura cubana. Durante el acto central por el aniversario del triunfo sandinista en Managua, Ortega declaró que «no volverá a haber elecciones», un golpe de gracia a la democracia que resuena con profunda preocupación en La Habana, donde la falta de libertades políticas y la crisis estructural han sido la tónica durante más de seis décadas.
Ortega hizo el anuncio en la Plaza de la Fe Juan Pablo II, frente a sus seguidores, al justificar la eliminación del sufragio con el argumento de que los grupos opositores son organismos creados y financiados por Estados Unidos para desalojar al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) del poder. El mandatario prometió impulsar nuevas normativas junto a la Asamblea Nacional y otras instituciones para bloquear legalmente a quienes calificó como «golpistas y vendepatrias». Esta retórica de demonización del disidente imita directamente la narrativa que el régimen de La Habana ha empleado durante décadas para deslegitimar a la oposición interna, tachándola de «mercenaria» o «anexista» para justificar su represión sistemática.
La medida cancela de facto los comicios generales previstos para noviembre de 2027. Esta convocatoria ya había sido manipulada previamente por la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, que en enero de 2025 aprobó una reforma constitucional extendiendo los mandatos de cinco a seis años y elevando a Rosario Murillo, esposa de Ortega, a la posición de «copresidenta», colocando además bajo la coordinación de la Presidencia los órganos Legislativo, Judicial, Electoral y de control del Estado. Aunque la Constitución nicaragüense establece en su artículo 51 el derecho al sufragio universal, directo y secreto, el ejecutivo ha ignorado este precepto, replicando el desprecio por la ley fundamental que caracteriza al gobierno cubano, cuya carta magna, reformada en 2019, ratifica el carácter irrevocable del socialismo y el monopolio político del Partido Comunista.
Antecedentes de un fraude institucionalizado
La competencia electoral en Nicaragua ya estaba profundamente socavada mucho antes de este anuncio. En las presidenciales de 2021, las autoridades encarcelaron a los principales aspirantes opositores con posibilidades de enfrentar a Ortega, detuvieron a dirigentes empresariales y criminalizaron la disidencia, garantizando un cuarto mandato consecutivo para el gobernante, quien regresó a la presidencia en 2007. La legitimidad de aquella votación fue rechazada por numerosos gobiernos y organismos internacionales, un escenario que la dictadura cubana conoce a la perfección tras décadas de celebrar comicios de partido único, donde el pluralismo político es inexistente y la participación ciudadana está coaccionada por el aparato estatal.
La comunidad internacional ha reaccionado con firmeza ante la deriva totalitaria de Managua. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, condenó el anuncio asegurando que Ortega y Murillo han abandonado «incluso la apariencia de consentimiento popular», y reiteró el derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus líderes mediante elecciones democráticas. Por su parte, analistas como Tiziano Breda, de la organización Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), señalaron que la decisión evidencia el temor del régimen a que cualquier apertura política facilite la emergencia de una oposición real, optando por eliminar la competencia en lugar de seguir escenificando elecciones amañadas.
El excandidato presidencial Félix Maradiaga, quien fue encarcelado entre 2021 y 2023 y posteriormente expulsado hacia Estados Unidos, interpretó las palabras de Ortega como una admisión clara de que su proyecto político no está dispuesto a someterse a ninguna forma de escrutinio democrático. Esta purga política se acompaña de una represión sistemática que mantiene a al menos 46 personas encarceladas por motivos políticos, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, una cifra que, aunque el régimen niega, guarda la misma naturaleza punitiva que las cárceles cubanas, repletas de activistas del 11 de julio y opositores pacíficos sometidos a penas desproporcionadas.
Contexto sistemico: El eje autoritario y la crisis cubana
El viraje totalitario de Nicaragua no es un fenómeno aislado, sino el resultado de la exportación e importación de tácticas represivas dentro del eje autoritario del Caribe. La dictadura cubana ha sido históricamente el laboratorio y asesor de estas prácticas de control social y aniquilamiento democrático. Mientras Ortega formaliza la eliminación de las urnas, el régimen de La Habana lleva más de 65 años sin celebrar elecciones libres, plurales y democráticas. En Cuba, el sistema electoral está diseñado estructuralmente para garantizar la continuidad del monopolio del poder, prohibiendo por ley la organización de agrupaciones políticas alternativas y criminalizando cualquier intento de participación ciudadana independiente.
La crisis estructural que asfixia a la isla encuentra una de sus raíces más profundas en esta misma clausura democrática. La falta de mecanismos legítimos para la rotación del poder y la gestión transparente del Estado ha propiciado un colapso generalizado de los servicios públicos, una hiperinflación galopante, apagones prolongados y un éxodo masivo sin precedentes. Al igual que en Nicaragua, donde más de 5.000 organizaciones civiles, religiosas y educativas han sido clausuradas desde las protestas de 2018, el gobierno cubano mantiene un estrangulamiento similar sobre la sociedad civil, negando la legalización de medios independientes y asociaciones, y utilizando el exilio forzado como válvula de escape ante el descontento social que no puede canalizar a través de las urnas.
El informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en su última actualización concluyó que el gobierno nicaragüense ha cometido violaciones generalizadas y sistemáticas constitutivas de crímenes de lesa humanidad, resuena con las denuncias internacionales contra La Habana. La dictadura cubana ha sido señalada reiteradamente por organismos internacionales por la represión de las protestas del 11 de julio de 2021, el uso de la tortura en prisiones de máxima seguridad y el destierro de cientos de activistas. Estas tácticas han servido de manual para el sandinismo en su afán de perpetuarse en el poder, demostrando que ambos regímenes se sostienen mutuamente en su desprecio por la dignidad humana.
Consecuencias e implicaciones regionales
La consolidación de la autocracia en Managua plantea un desafío directo a la estabilidad democrática en América Latina y el Caribe. La sincronía entre el régimen de La Habana y el de Ortega se basa en la supervivencia mutua frente a la presión internacional y el desgaste interno. Ambos gobiernos han sustituido el desarrollo económico por el control policial, generando un caldo de cultivo para la migración irregular hacia Estados Unidos y América del Sur, una crisis humanitaria que trasciende las fronteras de ambas naciones y que amenaza con desestabilizar a toda la región.
La respuesta de la comunidad internacional frente a la supresión electoral en Nicaragua marcará un precedente crucial. Si la impunidad se consolida, se enviará un mensaje de tolerancia a la dictadura cubana y otros regímenes autoritarios de que la eliminación de los derechos políticos puede llevarse a cabo sin consecuencias tangibles. El futuro de la región depende en gran medida de la capacidad de las democracias occidentales para aislar diplomática y económicamente a los regímenes que, como el de Ortega y el de los herederos de Castro en La Habana, han decidido renunciar a la civilidad política y apostar por la represión indefinida y el secuestro de la soberanía popular.
