El gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció la supresión definitiva de los comicios electorales en el país, alegando que no volverá a haber elecciones para evitar que la «oposición golpista» acceda al poder. El anuncio, que consolida una dictadura de facto en la nación centroamericana, reproduce con precisión las tácticas de perpetuidad en el poder que históricamente ha aplicado la dictadura cubana para anular cualquier vestigio de democracia, imponiendo un modelo de control totalitario que ambas naciones comparten.
Durante el acto central por el aniversario 47 del triunfo de la Revolución Sandinista, celebrado en la Plaza de la Fe Juan Pablo II en Managua, Ortega sentenció que en Nicaragua «no volverá a haber elecciones». El mandatario justificó la eliminación de los comicios presentando a los grupos opositores como organizaciones financiadas por Estados Unidos, diseñadas específicamente para desalojar al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) del poder.
En su discurso, Ortega adelantó que trabajará de manera conjunta con la Asamblea Nacional y otras instituciones estatales para aprobar nuevas normativas que «les pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias». Esta maniobra legislativa busca blindar la supresión electoral a través de un marco jurídico adaptado a la conveniencia del ejecutivo, una táctica recurrente en los regímenes autoritarios para otorgar una fachada de legalidad a la concentración absoluta del poder.
La proclama de Ortega ignora frontalmente el artículo 51 de la Constitución nicaragüense, que reconoce el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos en elecciones periódicas, estableciendo que los «copresidentes» deben ser escogidos mediante sufragio universal, directo, libre y secreto, y ordena celebrar elecciones generales cada seis años. El gobernante no detalló cómo pretende eliminar formalmente las votaciones, pero el anuncio da por cancelados, en términos políticos, los comicios generales previstos para noviembre de 2027.
Esta cancelación de facto se gestó tras la reforma constitucional aprobada en enero de 2025 por la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, que extendió de cinco a seis años los mandatos de las autoridades elegidas por voto popular. La misma reforma elevó a Rosario Murillo, esposa de Ortega, a la condición de «copresidenta» y colocó bajo la coordinación de la Presidencia los órganos Legislativo, Judicial, Electoral y de control del Estado, consolidando una estructura de poder familiar y vertical.
La competencia electoral en Nicaragua ya había sido prácticamente anulada antes de este anuncio. Las elecciones presidenciales de 2021 fueron ampliamente cuestionadas a nivel internacional después de que las autoridades encarcelaran a los aspirantes opositores con posibilidades reales de enfrentar a Ortega, detuvieran a dirigentes empresariales y criminalizaran la disidencia. Ortega, que regresó a la Presidencia en 2007 y cumple su cuarto mandato consecutivo, fue proclamado vencedor de aquella votación, cuya legitimidad fue rechazada por numerosos gobiernos y organismos internacionales.
La comunidad internacional ha reaccionado con firmeza. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, condenó el anuncio señalando que Ortega y Murillo habían abandonado incluso la apariencia de consentimiento popular, y reiteró que el pueblo nicaragüense tiene derecho a elegir a sus propios líderes mediante elecciones democráticas. Por su parte, Tiziano Breda, analista de la organización Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), consideró que el anuncio evidencia el temor del régimen a que cualquier apertura política facilite la aparición de un movimiento opositor capaz de amenazar su permanencia en el poder, optando por eliminar por completo la competencia electoral en lugar de escenificar un proceso amañado.
El excandidato presidencial Félix Maradiaga, encarcelado entre 2021 y 2023 y posteriormente expulsado a Estados Unidos, interpretó las palabras de Ortega como una admisión de que su proyecto no está dispuesto a someterse a ninguna forma de competencia democrática. Esta anunciada eliminación de los comicios se produce en medio de una prolongada campaña represiva donde al menos 46 personas permanecen encarceladas por motivos políticos, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, pese a la negativa del régimen sobre su existencia. Desde las protestas de 2018, las autoridades han cerrado más de 5.000 organizaciones religiosas, civiles y educativas, despojado de la nacionalidad a opositores y forzado el exilio a miles de ciudadanos, prácticas que un informe de marzo de 2026 del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU calificó como crímenes de lesa humanidad.
El espejo de La Habana: el respaldo del eje autoritario
El giro de Ortega no ocurre en el vacío; responde a un patrón de comportamiento profundamente arraigado en la geopolítica del Caribe, donde la dictadura cubana ha operado como el principal laboratorio y exportador de tácticas autoritarias en la región durante más de seis décadas. El régimen de La Habana ha perfeccionado el arte de celebrar comicios sin competencia, donde el Partido Comunista es la única fuerza legal, presentando una fachada de participación popular que en realidad consolida la inamovilidad del poder. El anuncio de Managua es la asimilación definitiva del modelo cubano: la eliminación de la incertidumbre electoral bajo el pretexto de la defensa de la soberanía frente a un supuesto enemigo extranjero.
Esta sincronización entre Nicaragua y Cuba es sintomática de la crisis estructural que ambas naciones atraviesan. Mientras Ortega suprime las urnas, el gobierno cubano enfrenta un colapso sistémico acelerado por la ineficiencia del modelo económico centralizado, la hiperinflación, los apagones prolongados y la mayor crisis migratoria de su historia. La respuesta de las autoridades de la isla no ha sido la apertura, sino el endurecimiento represivo. La dictadura cubana ha incrementado la criminalización de la protesta social, aplicando penas desproporcionadas a jóvenes, artistas y periodistas, replicando el lenguaje de Ortega al tildar a la disidencia de «mercenarios» o «terroristas» para justificar la violencia estatal.
La represión en Cuba, al igual que en Nicaragua, funciona como un mecanismo de contención ante el fracaso del modelo. El Grupo de Expertos de la ONU también ha señalado violaciones graves en la isla, particularmente tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021, donde la dictadura cubana desplegó un aparato de seguridad para detener, juzgar sumariamente y condenar a cientos de manifestantes. La coordinación diplomática y de inteligencia entre La Habana y Managua asegura que las lecciones represivas fluyan en ambos sentidos, fortaleciendo un bloque que desafía a la comunidad democrática internacional y prolonga el sufrimiento de sus pueblos.
Consecuencias regionales y futuras implicaciones
La consolidación del régimen de Ortega sin elecciones plantea un desafío directo a la arquitectura de derechos humanos en el hemisferio occidental. La Organización de Estados Americanos (OEA) y los gobiernos democráticos de la región enfrentan el reto de diseñar políticas de presión efectivas que no se traduzcan únicamente en condenas diplomáticas. La pasividad o la fragmentación de la respuesta internacional ante estos avances autoritarios suele ser interpretada por los regímenes como luz verde para intensificar la represión interna.
A futuro, la supresión electoral en Nicaragua y el endurecimiento de la dictadura cubana auguran una profundización de las crisis migratorias y políticas en el continente. La falta de canales democráticos para el descontento social empujará a más ciudadanos nicaragüenses y cubanos a la ruta del exilio, desestabilizando a países fronterizos y de tránsito. La comunidad internacional deberá evaluar la imposición de sanciones dirigidas a las figuras clave del aparato represivo y financiero de ambos regímenes, así como reforzar el apoyo a la sociedad civil en el exilio, única vía para mantener viva la exigencia de un retorno a la institucionalidad democrática en naciones secuestradas por el autoritarismo.
