El régimen sandinista anunció este domingo la eliminación de futuros comicios electorales y la promoción de leyes para bloquear definitivamente a la oposición, en un giro que confirma la consolidación de una dictadura sin contrapesos y que resuena con preocupante familiaridad en el contexto cubano.
Daniel Ortega, quien se autoproclama «copresidente» de Nicaragua junto a su esposa Rosario Murillo, anunció durante el acto central del aniversario 47 del triunfo de la Revolución Sandinista, celebrado en la Plaza de la Fe Juan Pablo II de Managua, que el país no volverá a celebrar elecciones. La declaración, pronunciada ante una multitud convocada por el aparato estatal, representa el cierre definitivo de cualquier fachada democrática que el régimen aún conservaba.
El gobernante justificó la supresión de los comicios argumentando que los grupos opositores son organizaciones creadas y financiadas por Estados Unidos para desalojar al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) del poder. En su discurso, Ortega anunció que trabajará junto a la Asamblea Nacional y otras instituciones controladas por el oficialismo para aprobar normas que «les pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias». El anuncio da por cancelados, en términos políticos, los comicios generales previstos para noviembre de 2027.
Ortega no detalló cómo pretende eliminar formalmente las votaciones, dado que la Constitución vigente reconoce en su artículo 51 el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos en elecciones periódicas, establece que los «copresidentes» deben ser escogidos mediante sufragio universal, directo, libre y secreto, y ordena celebrar elecciones generales cada seis años. Sin embargo, la irrelevancia del marco constitucional frente al poder real del régimen quedó evidenciada con la misma facilidad con que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó en enero de 2025 una reforma constitucional que extendió de cinco a seis años los mandatos y elevó a Murillo a la condición de «copresidenta».
La fachada electoral que se desmorona
La competencia electoral en Nicaragua ya había sido prácticamente anulada antes de este anuncio. Las elecciones presidenciales de 2021 fueron ampliamente cuestionadas a nivel internacional después de que las autoridades encarcelaran a los principales aspirantes opositores con posibilidades de enfrentar a Ortega, detuvieran a dirigentes empresariales y criminalizaran la disidencia de manera sistemática. Ortega, que regresó a la Presidencia en 2007 y cumple su cuarto mandato consecutivo, fue proclamado vencedor de aquella votación, cuya legitimidad fue rechazada por numerosos gobiernos y organismos internacionales.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, condenó este martes el anuncio y sostuvo que Ortega y Murillo habían abandonado incluso la apariencia de consentimiento popular. «El pueblo nicaragüense tiene derecho a elegir a sus propios líderes mediante elecciones democráticas», afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense. Por su parte, Tiziano Breda, analista de la organización Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), consideró que el anuncio evidencia el temor de Ortega y Murillo a que cualquier apertura política facilite la aparición de un movimiento opositor capaz de amenazar su permanencia en el poder. «En lugar de escenificar una elección amañada, han optado por eliminar por completo la competencia electoral», declaró a Reuters.
El excandidato presidencial Félix Maradiaga, encarcelado entre 2021 y 2023 y posteriormente expulsado a Estados Unidos, interpretó las palabras de Ortega como una admisión de que su proyecto no está dispuesto a someterse a ninguna forma de competencia democrática. La anunciada eliminación de los comicios se produce en medio de una prolongada campaña represiva: al menos 46 personas permanecen encarceladas por motivos políticos, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, aunque el régimen niega que existan presos de esa naturaleza. Desde las protestas de 2018, las autoridades han cerrado más de 5.000 organizaciones religiosas, civiles y educativas, despojado de la nacionalidad y los bienes a opositores y obligado a miles de nicaragüenses a abandonar el país.
El espejo cubano: cuando la ausencia de elecciones es la norma
Lo que en Nicaragua se presenta como un giro drástico —la eliminación explícita de las elecciones— en el contexto cubano ha sido durante décadas la norma estructural. La dictadura cubana ha operado bajo un modelo de «elecciones» sin competencia, donde el Partido Comunista de Cuba se reconoce constitucionalmente como la fuerza rectora superior de la sociedad y del Estado, lo que de antemano invalida cualquier posibilidad de alternancia política. Las llamadas elecciones en la isla, tanto municipales como nacionales, se reducen a la ratificación de candidatos únicos previamente filtrados por comisiones de candidaturas controladas por el aparato estatal, en un proceso carente de campañas electorales, observadores internacionales y pluralismo real.
El régimen de La Habana, aliado histórico de Ortega, observa con atención la evolución del modelo sandinista. Ambos gobiernos comparten no solo una ideología afín y una alianza geopolítica con potencias como Rusia y China, sino también un mismo método de perpetuación en el poder: la eliminación sistemática de la disidencia, el control absoluto de los medios de comunicación, la criminalización de la protesta social y la utilización del aparato judicial para legitimar decisiones arbitrarias. La diferencia radica en que Cuba lleva más de seis décadas perfeccionando este modelo, mientras que Nicaragua ha acelerado su deriva autoritaria en menos de una década.
Las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba —el mayor estallido social en décadas— y la represión desproporcionada que siguió, con más de mil detenidos y centenares de condenas que superan los 20 años de prisión, demostraron que el gobierno cubano comparte el mismo temor que ahora expresan Ortega y Murillo: el miedo a que cualquier apertura, por mínima que sea, facilite la emergencia de un movimiento opositor capaz de erosionar el monopolio del poder. La respuesta de las autoridades de la isla fue idéntica en su lógica a la sandinista: cierre total, represión selectiva, leyes penales diseñadas para silenciar y un discurso oficial que presenta a la oposición como agente extranjero.
Una región ante el avance autoritario
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas concluyó que el Gobierno nicaragüense ha cometido violaciones generalizadas y sistemáticas que constituyen crímenes de lesa humanidad, una conclusión reiterada en su informe de marzo de 2026. Sin embargo, la respuesta de la comunidad internacional ha sido limitada en su capacidad de revertir la deriva autoritaria. Las sanciones individuales, las resoluciones condenatorias y las suspensiones de foros regionales como la Organización de Estados Americanos no han logrado modificar la conducta del régimen, que ha consolidado su control interno mientras diversifica sus alianzas con potencias no occidentales.
El anuncio de Ortega plantea un desafío directo al orden interamericano y envía un mensaje a otros regímenes de la región sobre la posibilidad de eliminar cualquier contrapeso democrático sin enfrentar consecuencias decisivas. Para la dictadura cubana, el endurecimiento de Nicaragua representa una validación de su propio modelo y un recordatorio de que la ausencia de elecciones competitivas no genera necesariamente un costo insostenible cuando se combina con control represivo, alianzas estratégicas y agotamiento de la sociedad civil. La pregunta que queda abierta es cuánto tiempo pueden sostenerse estos modelos en el contexto de crisis económicas profundas, migración masiva y creciente aislamiento internacional.
Consecuencias y proyección
La eliminación de las elecciones en Nicaragua cierra un ciclo que comenzó con la represión de 2018 y consolida un régimen de poder familiar sin precedentes en América Latina desde las dictaduras militares del siglo XX. Las consecuencias para la región son múltiples: el éxodo de nicaragüenses se intensificará, sumándose a las ya dramáticas crisis migratorias cubana y venezolana; la capacidad de la diplomacia regional para articular respuestas efectivas se verá nuevamente puesta a prueba; y los regímenes aliados encontrarán en el caso sandinista un precedente para profundizar sus propios mecanismos de control sin necesidad de mantener siquiera la apariencia de legitimidad electoral.
Para Cuba, donde la crisis económica continúa profundizándose con apagones prolongados, inflación descontrolada, colapso de los servicios de salud y una emigración que ha vaciado a generaciones enteras de profesionales, el espejo nicaragüense refuerza una certeza: la ausencia de mecanismos democráticos no es una anomalía temporal, sino una decisión estratégica del poder para impedir cualquier forma de cambio desde dentro del sistema. Mientras tanto, la comunidad internacional continúa buscando fórmulas que equilibren presión y diálogo, pero los hechos demuestran que los regímenes autoritarios de la región avanzan en coordinación y sin contrapesos efectivos.
