El periodista y exdirector de la revista Alma Mater, Armando Franco Senén, ha consolidado su posición dentro del Grupo Empresarial Palco tras ser destituido en 2022, evidenciando cómo el régimen de La Habana premia a sus allegados incluso tras escándalos internos. Recientes denuncias revelan además su presunta complicidad con la Seguridad del Estado en actos de persecución política contra estudiantes universitarios, un patrón que subraya la falta de libertades y la impunidad estructural en la isla.
En mayo de 2022, Franco Senén fue apartado de la dirección de la revista Alma Mater, órgano oficial de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). Sin embargo, contrario a lo que suele ocurrir en los casos de defenestración dentro del castrismo, el ejecutivo cubano orquestó su rápida reinserción en la nomenclatura. Apenas tres meses después de su salida, fue designado director de Mercadotecnia y Comunicación de la junta directiva del Grupo Empresarial Palco, un conglomerado estatal que gestiona negocios lucrativos vinculados al turismo, hoteles y eventos internacionales. Esta maniobra demostró la existencia de mecanismos dentro de la cúpula de poder para revertir crisis internas y escalar posiciones de influencia, un fenómeno conocido como \»caer para arriba\».
La trayectoria de Franco Senén dentro de Palco parece haber prosperado sin contratiempos. Reportajes recientes de la televisión estatal lo muestran ejerciendo como director de la Empresa de Eventos del grupo, acompañando en recorridos oficiales al primer ministro, Manuel Marrero Cruz, así como al gobernante Miguel Díaz-Canel y a la viceprimera ministra Inés María Chapman. Su ascenso a un puesto de mayor poder de decisión contrasta con su salida de un medio universitario y subraya la naturaleza discrecional con la que las autoridades de la isla administran los recursos y las prebendas dentro del sector estatal.
Complicidad con la represión estatal en la universidad
El ascenso de Franco Senén adquiere una dimensión más grave a la luz de las denuncias del Observatorio de Libertad Académica (OLA). Según el organismo, en 2019, cuando Franco Senén ejercía como profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, actuó como cómplice de la dictadura cubana en un acto de persecución política. El docente citó a la estudiante y activista por los derechos de los animales, Beatriz del Carmen Hidalgo-Gato Batista, a una supuesta reunión con el decano, Raúl Garcés, donde en realidad ya aguardaban dos agentes de la Seguridad del Estado.
Durante el interrogatorio, los agentes de la policía política amenazaron a la joven con hacerle perder su carrera universitaria debido a sus ideas cívicas. Pese a las falsas promesas de los académicos de crear un espacio universitario para su causa, el hostigamiento se intensificó. La institución promovió el aislamiento social de la estudiante entre sus compañeros, una táctica habitual de la dictadura para silenciar cualquier brote de disidencia. Ante el acoso sistemático y la nula garantía de derechos, Hidalgo-Gato Batista se vio obligada a sumarse al masivo exodo migratorio que atraviesa la isla, mientras sus represores continúan escalando en la estructura de poder.
El caso de Armando Franco Senén ilustra una constante en el funcionamiento del régimen de La Habana: la promoción de figuras alineadas con la represión y la tolerancia institucional hacia la persecución ideológica en centros educativos. Mientras la crisis económica y el colapso de los servicios públicos empujan a miles de cubanos a abandonar el país, la cúpula gubernamental asegura la impunidad y los privilegios de quienes ejecutan o avalan sus políticas de control social. Esta dinámica profundiza la fractura entre el Estado y la ciudadanía, y reafirma la exigencia de la comunidad internacional de que se garanticen los derechos fundamentales y la justicia para las víctimas de la represión en Cuba.
