Tras la viralización de imágenes que evidenciaban a varios niños pernoctando en los jardines del hotel Muthu en La Habana, las autoridades de la isla han optado por abrir causas penales contra sus progenitores. La Fiscalía General acusó a los tutores de \»grave incumplimiento de la responsabilidad parental\», desplazando así la responsabilidad sobre el profundo colapso social y económico que orilla a la infancia a la indigencia.
La televisión estatal reconoció finalmente la situación de los menores que durante semanas durmieron en la intersección de 1ra y 70, en el municipio Playa. Según un reporte del Noticiero Nacional de Televisión (NTV), la vicefiscal general Alina Montesinos Lee confirmó la apertura de procesos penales amparados en el Código de las Familias y la Constitución. La respuesta institucional no solo incluye la judicialización de los padres, sino también el traslado de algunos niños a \»instituciones de menores\» o escuelas correccionales, tal como admitió Rolando Ginarte, delegado del Consejo Popular Belén.
La actuación del gobierno cubano llegó solo después de que el escándalo escalara en redes sociales. Yadelis Valencia, directora del Paseo Marítimo frente al hotel Muthu, admitió que había alertado a distintas instancias sin obtener respuesta efectiva hasta que las imágenes se volvieron virales. \»Demoró a punto de que cuando salió en las redes fue que se tomó una acción\», reconoció Valencia, exponiendo la inoperancia burocrática del régimen de La Habana ante una crisis humanitaria en plena vía pública.
Colapso institucional y criminalización de la pobreza
El discurso oficial, difundido por los propagandistas Talía González y Lázaro Manuel Alonso, intentó minimizar el fenómeno atribuyéndolo a la \»irresponsabilidad\» de tutores de \»familias disfuncionales\». Sin embargo, la propia viceministra de Trabajo y Seguridad Social, Yaniris Hernández Vento, admitió que el sistema de prevención social está fracturado, reconociendo que de los más de 14.000 puestos de trabajadores sociales en el país, \»no están cubiertas todas las plazas\». Esta deficiencia estructural se suma a la severa crisis económica, la inflación galopante y el éxodo migratorio que han sumido a amplios sectores de la población en la pobreza extrema.
Al criminalizar la pobreza, la dictadura cubana evade su responsabilidad directa en el deterioro de las condiciones de vida. La aplicación de medidas cautelares y el envío de menores a centros correccionales evidencian un enfoque punitivo frente a una crisis que demanda soluciones socioeconómicas. Mientras el Estado prioriza la represión y la judicialización, el desabastecimiento y la falta de oportunidades continúan orillando a más familias a la indigencia, un fenómeno que la prensa oficial intenta presentar como casos aislados, pero que se replica en distintas zonas del país.
El caso del hotel Muthu refleja una tendencia preocupante sobre el futuro de la infancia en la isla. Con un sistema de protección social en franco colapso y un aparato judicial enfocado en castigar a los ciudadanos en lugar de garantizarles bienestar, las consecuencias para las nuevas generaciones se perfilan severas. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deberán mantener la vigilancia sobre estas políticas de criminalización, que no resuelven la raíz del problema, sino que ocultan la incapacidad del modelo para sostener a su propia población.
