Un informe del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) revela que 60 personas privadas de libertad perdieron la vida bajo custodia estatal entre marzo de 2024 y marzo de 2025. El reporte expone un patrón sistemático de tortura, negligencia médica y represión política dentro del sistema penitenciario de la isla, evidenciando la responsabilidad directa del régimen de La Habana en la degradación institucional y el silencio ante estos hechos.
El documento, titulado \»Lo que cuentan los números\», detalla que de los 60 fallecimientos registrados, 47 se vinculan a problemas de salud física o mental agravados por la falta de atención oportuna, mientras que siete fueron producto de violencia física directa. La organización registró un total de 1.858 eventos relacionados con personas encarceladas, de los cuales 1.330 fueron catalogados como violaciones a los derechos humanos. Camila Rodríguez, directora del CDPC, afirmó que la magnitud y gravedad de los hallazgos confirman una brecha crítica entre los compromisos internacionales que el gobierno cubano asume formalmente y la cruda realidad que enfrentan los reclusos en el país.
Condiciones infrahumanas y tortura como práctica sistemática
El reporte identifica 44 tipologías de abusos, encabezadas por el hostigamiento y la represión con 1.045 casos, seguidas por la negación de atención médica (402), condiciones de vida inadecuadas (297) y deficiencias alimentarias (224). La dictadura cubana emplea métodos de tortura como \»la cama turca\», \»la bicicleta\» y el uso de grilletes conocidos como \»shakiras\» para inmovilizar por completo a los reclusos. Además, las prisiones presentan niveles de infrahumanidad con desnutrición extendida, agua contaminada y hacinamiento severo. En varios de los decesos documentados, las autoridades de la isla impidieron a los familiares acceder a los cuerpos o a los informes forenses, vulnerando protocolos internacionales aplicables a muertes potencialmente ilícitas.
La represión carcelaria no es ajena a la persecución política que ejerce el ejecutivo cubano contra la disidencia. De las 545 personas identificadas como víctimas directas, 329 estaban encarceladas por motivos políticos. El informe también subraya una discriminación estructural que afecta gravemente a 41 mujeres, 175 personas afrodescendientes o mestizas, y a grupos en situación de vulnerabilidad como enfermos crónicos, personas con problemas de salud mental y con discapacidades. Esta crisis penitenciaria se inserta en el colapso sistémico de la isla, donde la falta de libertades, el desabastecimiento y la inflación galopante son contrarrestados con un endurecimiento punitivo y la ausencia total de rendición de cuentas.
Impunidad institucional y demanda de acción internacional
Ante la falta de pesquisas o sanciones por parte del Estado frente a estos abusos, el CDPC ha instado a la comunidad internacional a mantener una vigilancia sostenida sobre el sistema penal de la isla. La organización exige la ratificación por parte de Cuba del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT) y la creación de mecanismos independientes de supervisión. Como concluyó la directora del CDPC, el sistema penitenciario se ha convertido en un espacio de degradación humana que responde a una política estructural de castigo, lo que requiere una respuesta internacional firme para frenar la impunidad del régimen y proteger la vida de quienes permanecen tras las rejas.
