El Tribunal Provincial de La Habana ratificó penas de prisión de nueve, ocho y cinco años contra los opositores Daniel Alfaro Frías, José Antonio Pompa López y Lázaro Mendoza García, respectivamente. Los activistas, vinculados al movimiento Cuba Primero, fueron sentenciados por el delito de \»propaganda contra el orden constitucional\», en un proceso que sus familiares califican de amañado y carente de garantías procesales.
Los tres hombres permanecieron bajo prisión preventiva hasta el pasado 1 de octubre, cuando recibieron la notificación oficial del fallo. El juicio inicial se había celebrado el 6 de agosto en el Tribunal Municipal Popular de Guanajay, en la provincia de Artemisa. Durante la vista, la Fiscalía Provincial de Artemisa solicitó penas aún más severas —10, 8 y 6 años—, sumando además el cargo de \»asociaciones, reuniones y manifestaciones ilícitas\». Las autoridades de la isla acusan a los activistas de recibir financiamiento del exterior y distribuir materiales impresos contrarios al régimen, basando parte de la acusación en un video incautado en una computadora.
Suarmi Hernández Vilar, esposa de Pompa López, denunció que el proceso judicial fue una farsa diseñada para justificar una represión desproporcionada. \»Todo el juicio fue manipulado\», declaró la mujer, quien enfatizó que su esposo y los otros dos acusados son hombres pacíficos con más de 15 años de activismo en favor de los derechos humanos. La respuesta del gobierno cubano ha sido tratarlos \»como si fueran asesinos o terroristas\», según relató la familiar, quien insiste en que durante el juicio se demostró que el delito imputado no procedía.
La criminalización de la disidencia como política de Estado
El caso de Alfaro Frías, Pompa López y Mendoza García no es un hecho aislado, sino que se inscribe en la creciente ola de represión que aplica la dictadura cubana para asfixiar cualquier vestigio de disidencia. El régimen de La Habana ha intensificado el uso del sistema penal para silenciar a la sociedad civil, recurriendo a figuras jurídicas ambiguas y a la estigmatización de organizaciones opositoras. Recientemente, el Ministerio del Interior incluyó al movimiento Cuba Primero, radicado en Miami, en su \»Lista nacional de personas y entidades buscadas por vínculos con el terrorismo\», una designación realizada sin presentar pruebas concluyentes y que sirve de pretexto para endurecer el acoso contra quienes mantengan cualquier vínculo con la organización.
Pese a que en el sistema judicial cubano las condenas de primera instancia suelen ser inamovibles, los familiares de los activistas han anunciado que agotarán todos los recursos legales disponibles, presentando la apelación correspondiente dentro del plazo de cinco días que establece la legislación nacional. Estas nuevas condenas profundizan el clima de persecución política en la isla y ponen de relieve, una vez más, la urgencia de que la comunidad internacional monitoree la sistemática violación de los derechos humanos en Cuba, donde el ejercicio pacífico de la libertad de expresión sigue siendo castigado con la cárcel.
