Un total de 32 incendios de motocicletas eléctricas fueron registrados en la provincia de Villa Clara durante los primeros diez meses del año, dejando pérdidas materiales calculadas en 95 millones de pesos. El fenómeno, que refleja la desesperación de los ciudadanos por suplir el colapso del transporte público, ha sido atribuido por las autoridades a la falta de mantenimiento adecuado y a reparaciones informales en un contexto de aguda escasez económica.
El teniente coronel Ernesto Lima Guevara, jefe de Operaciones del Cuerpo de Bomberos, detalló a la prensa oficial que el sector residencial fue el más afectado, con 20 siniestros, seguido de 10 en la vía pública y dos en instalaciones estatales. La cifra confirma una tendencia alarmante vinculada al uso masivo de estos vehículos, que se han convertido en el principal medio de movilidad para miles de cubanos ante la inoperatividad del sistema estatal de transporte.
Según Jorge García Arbelo, jefe de la unidad técnica de prevención de incendios en Villa Clara, la principal causa de estos accidentes radica en la combinación de la negligencia del usuario y las reparaciones inadecuadas de las baterías. El funcionario explicó que las baterías requieren un periodo de enfriamiento de 30 minutos tras su uso antes de ser conectadas a la corriente, así como el respeto de los tiempos de carga recomendados, que suelen oscilar entre siete y ocho horas. Otros factores de riesgo frecuentes incluyen la exposición solar prolongada, el uso de extensiones en mal estado y el contacto con agua durante el lavado de los vehículos.
El colapso del transporte público detrás de la ola de incendios
El auge de las motos eléctricas no es una tendencia de consumo, sino una necesidad impuesta por el fracaso del régimen de La Habana para garantizar un servicio de transporte básico y funcional. En julio pasado, el ejecutivo cubano admitió ante la Asamblea Nacional del Poder Popular que apenas se cumplió el 68 % del plan de transportación de pasajeros en lo que va de año. Esto se traduce en más de 400 millones de viajes que no se realizaron, evidenciando un colapso operativo que obliga a la población a buscar alternativas de movilidad, a menudo recurriendo a equipos de dudosa procedencia y piezas de mala calidad importadas informalmente.
La situación pone de manifiesto la doble penalidad que sufre la ciudadanía: por un lado, la ineficiencia estatal que paraliza la vida cotidiana y, por otro, los riesgos físicos y económicos derivados de improvisar soluciones ante la falta de opciones seguras. Con pérdidas valoradas en casi 100 millones de pesos en una sola provincia, el gobierno cubano enfrenta un problema de seguridad ciudadana que es consecuencia directa de su propia incapacidad para gestionar la infraestructura y el parque vehicular del país, mientras los cubanos continúan asumiendo con su patrimonio y su integridad física los costos de una crisis sistémica que no vislumbra solución a corto plazo.
